Redacción / MO
La creciente visibilidad de Paulina Ocaña Encinas dentro del gobierno estatal no parece ser casualidad, sino resultado de una serie de encomiendas que ha sabido capitalizar con disciplina y eficacia, lo que se ha traducido en reconocimientos recientes por la organización de eventos relevantes como el aniversario del Bosque Urbano La Sauceda; su papel como jefa de la Oficina del Ejecutivo la ha colocado en una posición estratégica, donde la coordinación interinstitucional y la ejecución de proyectos se vuelven carta de presentación, especialmente en un contexto donde los perfiles con capacidad operativa comienzan a perfilarse rumbo a futuras contiendas; en ese sentido, su mención como posible aspirante en el proceso interno de Morena para la alcaldía de Hermosillo no sorprende, pues combina dos elementos clave en la política actual: resultados visibles y posicionamiento público; así, más allá de los tiempos formales, su nombre empieza a moverse con fuerza en el escenario local, en una antesala donde la percepción y el desempeño suelen marcar la diferencia.
DELIMITAR PARA ATENDER MEJOR
El ejercicio de socialización impulsado por el Congreso de Sonora sobre la reforma en materia de delimitación territorial municipal abre una discusión poco frecuente pero necesaria sobre cómo se organizan los territorios y, sobre todo, cómo se atienden; la participación de legisladores como Próspero Valenzuela Múñer y Claudia Bours Corral refleja un intento por acercar el debate a la ciudadanía, particularmente en casos como el del ejido 21 de Marzo, donde la distancia con la cabecera municipal se traduce en rezago y dificultades de acceso a servicios; la propuesta de permitir ajustes territoriales bajo esquemas de ‘común acuerdo’, incluso mediante figuras como enclaves municipales, plantea una alternativa flexible que prioriza la eficiencia administrativa sobre las fronteras tradicionales; sin embargo, el reto estará en lograr consensos entre municipios y garantizar que estos cambios realmente respondan al bienestar de las comunidades, evitando conflictos políticos o administrativos; en ese sentido, más que una simple modificación legal, la iniciativa apunta a replantear la manera en que el Estado se acerca a las zonas más alejadas y vulnerables.
REVOCACIÓN Y EL RIESGO DE DESBALANCE
Las advertencias de Luis Armando Melgar sobre la revocación de mandato ponen el foco en un tema sensible para la democracia: la equidad en la competencia política; si bien este mecanismo nació como una herramienta de evaluación ciudadana, el señalamiento de que podría derivar en promoción desde el poder abre un debate legítimo sobre sus alcances y límites, particularmente rumbo a 2027; en ese sentido, la preocupación del legislador no es menor, pues la participación activa de la titular del Ejecutivo, como Claudia Sheinbaum, podría generar percepciones de ventaja frente a otras fuerzas políticas, afectando el ‘piso parejo’ que sustenta la confianza en los procesos electorales; no obstante, también es cierto que el diseño y regulación de este instrumento será determinante para evitar distorsiones, por lo que el reto no está en desecharlo, sino en garantizar reglas claras que mantengan su esencia como ejercicio ciudadano, sin convertirlo en un factor de desequilibrio dentro del escenario político nacional.
MORENA Y LOS AJUSTES EN SU CÚPULA
El presunto desgaste tras el revés de la reforma electoral comienza a perfilarse como un punto de inflexión dentro de Morena, donde versiones sobre la posible salida de Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán reflejan más que un relevo natural, una reconfiguración interna del poder; si bien estos movimientos suelen justificarse en coyunturas específicas, como el fracaso de una iniciativa clave, también responden a tiempos políticos y proyectos personales, como la intención de competir electoralmente o la necesidad de tomar distancia del desgaste partidista; en ese contexto, la pregunta de fondo no es solo quiénes se van, sino quiénes llegan y bajo qué lógica se toman esas decisiones, especialmente ante el papel que podría jugar Claudia Sheinbaum en la definición de perfiles; así, más allá del pretexto coyuntural, el eventual relevo en la dirigencia apunta a una disputa silenciosa por el control político del partido, donde se pondrá a prueba el equilibrio entre continuidad, liderazgo y autonomía dentro del movimiento.
ANAYA Y EL RECHAZO AL PLAN B
Las críticas de Ricardo Anaya al denominado ‘Plan B’ de reforma electoral reflejan la creciente polarización en torno a los cambios propuestos al sistema político, donde más allá del tono confrontativo —‘ya se les hizo bolas el engrudo’— subyace una discusión de fondo sobre la viabilidad y coherencia de la iniciativa; al señalar inconsistencias en temas como la representación municipal y el supuesto ahorro presupuestal, el legislador del Partido Acción Nacional pone sobre la mesa argumentos que buscan evidenciar contradicciones técnicas, mientras que su postura sobre la revocación de mandato retoma el debate sobre la equidad en la competencia política, particularmente frente al papel de Claudia Sheinbaum; sin embargo, más allá del intercambio de acusaciones, el reto para todas las fuerzas políticas será construir una reforma que realmente fortalezca la confianza en las instituciones electorales, evitando que el debate se reduzca a descalificaciones y se convierta en una oportunidad para corregir deficiencias reales del sistema democrático.
TRAS LA PISTA
Martín Alberto Mendoza /MO
HAY TARDES QUE PESAN, QUE DEBIERAN SER PARA ESTAR EN FAMILIA, EN ARMONÍA PLENA, PERO NO; ESTE, DOMINGO LA VIOLENCIA VOLVIÓ A IRRUMPIR CON FUERZA EN CAJEME
ARRANCAMOS prácticamente la última semana de marzo, en virtud de que el tercer periodo de 2026 concluirá con el inicio de las festividades de Pascua que empiezan el día 29 con Domingo de Ramos. Antes déjeme comentarle que hay tardes que pesan, que debieran ser para estar en familia, en armonía plena, pero no. Este domingo la violencia volvió a irrumpir con fuerza en Cajeme. Entre las 16:30 y las 20:00 horas, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron privadas de la vida en distintos puntos del sur y sur-oriente de la ciudad, en las colonias Los Sauces, Villas de Cortés y Sóstenes Valenzuela Miller. Hay que decirlo sin tapujos, estos no son hechos aislados. Son señales claras de una paz que se ha venido lacerando poco a poco, hasta volverse frágil. Porque cuando la tranquilidad se rompe de esta manera, es inevitable preguntarse qué está pasando con los tres niveles de gobierno que tanto presumen coordinación y operatividad. Una coordinación que en el discurso suena sólida, pero en la realidad no logra contener la violencia que sigue cobrando vidas y que, en los hechos, se traduce en silencio institucional y desconfianza social. Y después de que sucede lo lamentable, es cuando debería entrar con firmeza la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). No en el discurso, no en declaraciones optimistas, sino en resultados concretos. Porque hoy son más las ‘echadas que las ponedoras’. Hace apenas unos días, el Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez, afirmaba que Sonora es un buen lugar para vivir, que hay tranquilidad. Lo decía con seguridad, incluso con un tono que parecía más cercano a la narrativa que a la realidad que viven miles de familias. Pero Ciudad Obregón no vive de discursos. Cajeme vive una realidad que se mide en homicidios, en carpetas mal integradas, en detenciones que no siempre se sostienen y en una ausencia evidente de resultados contundentes. No basta con anunciar capturas ni presumir operativos si estos no se traducen en procesos sólidos, judicializaciones firmes y sentencias que realmente impacten en la disminución de la violencia. La fiscalía no puede seguir operando bajo la lógica de la reacción mediática. Su responsabilidad es más profunda, construir casos, sostenerlos, darles seguimiento y, sobre todo, generar confianza. Porque cada carpeta mal integrada, cada denuncia sin seguimiento, cada caso que se cae, es un mensaje directo de debilidad institucional. Hoy, con estos tres homicidios, Cajeme alcanza ya 21 víctimas en lo que va del mes. Y mientras la cifra crece, también crece la percepción de que la Fiscalía ha quedado rebasada por la realidad. La pregunta ya no es menor ¿está la fiscalía a la altura del problema que enfrenta Cajeme? Porque hasta ahora, la respuesta que se percibe en la calle es clara, y no es favorable. Pero no sólo es responsabilidad de la FGJE, sino del trabajo que necesariamente tienen que hacer las Policías Municipal y Estatal de Seguridad Pública…HABLANDO de la PESP, si bien es cierto que ha mostrado destellos de que por momentos luce a la altura de las circunstancias, también resulta indispensable que sea más efectiva y contundente su labor, y esto debe saberlo el comisario, José Guadalupe Martínez Lavariega a quien ni de chiste debe ocurrírsele mantener más tiempo del debido al comandante Francisco Alan Tapia Medina quien permaneció más de un año al frente de la base operativa de Nogales, de donde llegó para asumir la jefatura local de la PESP junto con su homólogo de apoyo, Eduardo Osmar Cossío Noriega que es el encargado de la vigilancia nocturna. El mando en cuestión ya había estado aquí como titular del destacamento de los estatales en diciembre del 2021. Hay que decir que en sí la corporación es incuestionablemente una de las mayormente preparadas al momento de reaccionar en complicados y violentos episodios, pero eso no quiere decir que todos los jefes de grupo tengan la misma capacidad y talento para dirigir un equipo de trabajo como el que aquí se requiere ante los tiempos difíciles, En cambio hay otros que con su sola presencia generan confianza por sus aptitudes y sapiencia como es el caso muy particular del subinspector, Luis Carlos Villalobos Chávez que después de haber estado al frente de la PESP llegó a Obregón como titular de la base. Lo mismo ha sucedido con otros mandos de quienes les hablaré más adelante, porque vale la pena resaltar su desempeño y cumplimiento institucional…EL PASADO fin de semana circuló en redes sociales que Sergio Armando Noriega Magallanes, señalado como presunto autor material del homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez (QEPD), ex Procurador General de Justicia del Estado y entonces candidato a la alcaldía de Cajeme promovió un amparo en el que denuncia presunta incomunicación, retención indebida y violaciones a sus derechos dentro del Cefereso número 11. El dato no es menor. Porque más allá del trámite jurídico, este tipo de acciones obligan a voltear a ver no sólo el fondo del proceso, sino la forma en que se ha construido la investigación. Estamos ante uno de los hechos más delicados en la historia reciente de Sonora. Un crimen que no sólo arrebató una vida, sino que dejó una herida abierta en la sociedad, por la persona, por el momento, por el lugar y por lo que representaba. Y precisamente por eso, no admite margen de error. Aquí hay una línea que debe quedar clara, la sociedad quiere justicia, sí. Pero una justicia verdadera, no una aparente. Una que no deje espacio a dudas, a vacíos o a interpretaciones. No se trata de poner en duda el sistema. Se trata de exigir certeza. La FGJES, encabezada por Gustavo Rómulo Salas Chávez, tiene hoy una responsabilidad que va más allá del caso, sostener con pruebas firmes que la persona imputada es, sin margen de equivocación, quien debe responder por estos hechos. Porque sinceramente, a estas alturas de la investigación, nadie quiere escuchar un ‘usted disculpe’. Eso sería, no sólo jurídicamente grave, sino profundamente lamentable para una sociedad que ha esperado tanto. ‘Porque al paso del tiempo la verdad huye’, y cuando la verdad se diluye, lo que queda es incertidumbre, como se lee frecuentemente. Porque cuando un caso de esta magnitud presenta fisuras, aunque sean procesales el impacto no sólo es jurídico, también es humano, social y moral. El amparo promovido no determina culpabilidad ni inocencia, pero sí enciende un foco que no puede ignorarse, el de la consistencia institucional. Y en esto no debe haber confusión. Querer que se revise no es debilitar a la autoridad. Es fortalecerla. Exigir claridad no es confrontar, es construir confianza. Porque al final del día, lo que está en juego no es sólo un proceso, es la credibilidad de la justicia. Y esa, cuando es real, no se impone, se sostiene…HOY, MIENTRAS se exige certeza en este caso, también hay otras heridas que siguen abiertas. Como la de nuestro, extinto amigo y director general, Jorge Miguel Armenta Ávalos (QEPD). Son ya demasiados días sin justicia. Para ser precisos hasta este lunes suman dos mil 135. En menos de dos meses estaremos llegando a seis años, el próximo sábado 16 de mayo. El tiempo pasa, pero el reclamo permanece. Y no es sólo un número, es una ausencia que sigue doliendo. Porque cuando la justicia tarda, no sólo llega tarde, también lastima la memoria. Y una sociedad que no obtiene respuestas, no olvida, reflexiona. Porque en el caso de nuestro inolvidable líder y fundador de Grupo Medios Obson, Jorge Miguel Armenta Ávalos, el tiempo ya no es sólo un número, es una deuda abierta con la justicia. Son miles de días en los que la ausencia sigue pesando y la respuesta no llega. Y eso duele, porque cuando un crimen queda sin claridad, no sólo se lastima a una familia o a un gremio, se debilita la confianza de toda una sociedad. Hoy no pedimos privilegios, exigimos lo que por derecho corresponde: verdad, responsabilidad y justicia. Porque olvidar no es opción, y callar, tampoco, además hay que decir que en ese mismo acto criminal también murió su amigo, el comandante Orlando Antonio Ruvalcaba Flores. De tal forma que se trata de homicidios…Luego seguimos, Dios mediante.