Martín Alberto Mendoza / MO
EN NUESTRO municipio hay un derecho que poco a poco se está diluyendo, el derecho a la información. Desde hace meses, la constante ha sido el silencio institucional frente a hechos violentos. Las autoridades acuden a los lugares, aseguran zonas, levantan indicio, pero no informan y si ventilan algún acontecimiento es solo por conveniencia. Lo hemos expuesto en reiteradas ocasiones. Todo apunta a una lógica preocupante, ocultar la realidad para no evidenciar el nivel de violencia que se vive en la localidad. El caso más reciente lo confirma. El pasado domingo, en el poblado de Quetchehueca, un hombre fue privado de la vida de manera violenta. Ese hecho no llegó por canales oficiales, no fue comunicado, no se informó. Y sin embargo ocurrió. Lo mismo sucede con otros eventos, se habló de tres homicidios ese mismo día. Hoy queda claro que fueron cuatro. Entonces la pregunta es directa: ¿por qué ese afán de que se oculte la información? Porque el silencio no es casual, es una instrucción. Y aquí es donde el golpe debe ser claro. Ocultar la violencia no genera confianza, genera desinformación. Y la desinformación pone en riesgo a la propia sociedad. Informar desde el lugar de los hechos no es exhibir, es prevenir. Es permitir que la ciudadanía tome decisiones, que evite zonas de riesgo, que entienda lo que realmente está pasando. Callar no protege, expone. Y lo que hoy se está haciendo, lejos de ayudar, está dejando a la gente a ciegas. Ahora bien, otra de las realidades es que las agresiones armadas no cesan. La noche del lunes, una mujer identificada como María José, de 30 años fue baleada gravemente en la colonia Nueva Galicia y otra de 26 ayer en la tarde en Villa Bonita. Evidentemente que los agresores pretendían darles muerte, pero de momento sobrevivieron como ha ocurrido con otras personas que han quedado lesionadas en eventos de similar naturaleza… EN CAJEME existe algo que ya no se puede seguir maquillando, la seguridad pública se está operando con reacción, no con prevención, y mucho menos con investigación. Por cualquier parte se observa presencia, unidades de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina en conjunto con la Policía Municipal, elementos del Ejército Mexicano. Hay despliegue, hay movimiento, hay imagen de control. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde están los resultados? Porque salir a patrullar después de que ya ocurrió el hecho no es estrategia, es reacción y esto deben saberlo por igual el comisario de la Policía Preventiva, Alfonso Tenango Vázquez, como el de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, el coordinador estatal de la GN, Anastasio Santos Álvarez y el Almirante y comandante de la 2da Región Naval, Juan Martín Aguilar Morales. Y esa es la constante. Operativos que llegan cuando todo ya pasó. Presencia que contiene por momentos, pero que no resuelve de fondo. Se atiende la consecuencia, pero no se trabaja la causa. Y aquí es donde el señalamiento debe ser puntual. Llama la atención la poca presencia visible de la Policía Ministerial. Se entiende que su función no es patrullar, sino investigar. Pero precisamente ahí es donde más se está quedando a deber. Porque la verdadera diferencia no la hace la cantidad de unidades en la calle, la hace la calidad de las investigaciones. ¿Dónde están las líneas sólidas de investigación? ¿Dónde están las detenciones producto de inteligencia? ¿Dónde están las estructuras delictivas desarticuladas? Hace días comentando con un abogado me dijo hay un punto aún más sensible que nadie toca, y es donde realmente les podría doler a los grupos delictivos es el dinero. Y me viene a la mente una pregunta obligada ¿se está atacando la estructura económica del crimen? No es un tema menor. Es golpear donde realmente impacta. Para ello existen áreas especializadas dentro de las fiscalías, así como la participación de autoridades como el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y los jueces especializados en la materia, quienes, mediante procedimientos jurisdiccionales, pueden decretar el aseguramiento y posterior pérdida de bienes a favor del Estado. Entonces ¿dónde están esas acciones en Sonora? Porque si no se sigue la ruta del dinero, si no se afectan las estructuras económicas, el problema se recicla. Se detiene a uno, pero la operación continúa. No se trata sólo de patrullar. No se trata sólo de reaccionar. Se trata de investigar, de integrar carpetas sólidas y de utilizar todas las herramientas legales disponibles para debilitar realmente a los grupos delictivos como la planteó la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 a través del Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Insistimos hoy lo que se percibe es presencia, pero no profundidad. Mientras no se ataque la raíz la operación y la economía del crimen la violencia seguirá teniendo capacidad de regenerarse. Y eso, simplemente, no puede seguir así…POR RUMBOS de Bácum hay un asunto que no se puede seguir ignorando, los constantes señalamientos contra Seguridad Pública por abusos en operativos. Se acercan los días de vacaciones y estas rutas serán paso obligado hacia las playas. La presencia aumentará, y con ello, también el riesgo de excesos. La seguridad no puede convertirse en molestia ni en abuso para la ciudadanía por lo que se está demorando en la toma de medidas el nuevo alcalde Juan de Dios Jocobi Cuevas, quien tendrá que expulsar de su aparato de gobierno al depuesto jefe de Policía y Tránsito, Oscar Verdugo Amparano que sigue aferrado al cargo sin tener nombramiento de Cabildo, pero de esto les estaremos hablando con profundidad en los días que están por venir…EN OTRA VERTIENTE, la noche del miércoles, sujetos desconocidos dispararon contra un domicilio en la colonia Urbi Villa del Rey, propiedad de una integrante de un colectivo de búsqueda. No fue un hecho fortuito: las detonaciones fueron dirigidas, lo que enciende una alerta seria. El contexto obliga a no minimizar lo ocurrido. En distintas regiones del país, personas buscadoras no solo han sido agredidas, sino privadas de la vida, por lo que este hecho debe analizarse con total responsabilidad y sin evasivas. Las integrantes del colectivo “Guerreras Buscadoras de Cajeme” ya valoran reforzar su seguridad. La preocupación es legítima y el mensaje es claro: no se puede normalizar ningún acto de violencia, mucho menos cuando involucra a quienes realizan una labor social sensible. Corresponde a las autoridades en Cajeme investigar a fondo, con prontitud y firmeza. No hay espacio para la indiferencia. Cada hecho debe esclarecer para garantizar seguridad y certeza. Se cruzó una línea que no se debió cruzar en un hecho sin precedentes. No es un incidente más, no es un evento aislado. Es un acto de intimidación directa, cobarde y profundamente grave. Porque hay que decirlo sin rodeos: estas mujeres no son delincuentes, no son adversarias del Estado. Son madres, hermanas, hijas que buscan a sus desaparecidos. La gran mayoría está ahí porque tiene a un ser querido que no ha regresado. Esa es su única causa. Y, aun así, las están atacando. Pero lo verdaderamente alarmante no es sólo el hecho, es la reacción institucional…CON ESTO, queda en evidencia una falta de empatía que lastima, que indigna y que no puede seguir tolerándose. Bajo la conducción del Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez, la percepción es clara y cada vez más extendida: la autoridad no está entendiendo la gravedad del problema, ni el dolor de las víctimas. Y no es sólo un tema de sensibilidad. Es un tema de capacidad. Porque mientras las madres buscadoras hacen trabajo de campo, recaban información, organizan búsquedas y exponen riesgos, hay investigadores que parecen más cómodos dejando que otros hagan su trabajo. Eso no es omisión, eso es abandono de funciones. Un ataque armado contra el domicilio de una madre buscadora exige reacción inmediata, investigación real, resultados tangibles. No carpetas que se enfrían. No actuaciones de escritorio. No simulación. Y, sin embargo, lo que se percibe es exactamente eso. Por eso no es casualidad que estas mujeres estén volteando a instancias federales, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos. Cuando lo local falla, lo buscan afuera…Luego seguimos, Dios mediante.