Redacción / El Tiempo
REGLAS CLARAS PARA COMPETIR
El respaldo de Javier Lamarque Cano a la medida impulsada por Claudia Sheinbaum sobre la obligación de renunciar a cargos públicos antes de contender en procesos internos apunta a una demanda histórica: equidad en la competencia política. La propuesta busca evitar ventajas indebidas derivadas del uso de recursos públicos o de la exposición institucional, un problema que ha sido recurrente en distintos niveles de gobierno. Sin embargo, más allá del discurso, el verdadero reto será garantizar que esta regla se aplique sin excepciones ni simulaciones. En la práctica, la política mexicana ha encontrado formas de sortear este tipo de disposiciones mediante figuras ambiguas o tiempos estratégicos. La intención es correcta y necesaria, pero su eficacia dependerá de la voluntad real de quienes aspiran a cargos y de la capacidad de las autoridades para vigilar su cumplimiento. Si se implementa de manera estricta, podría contribuir a fortalecer la confianza en los procesos internos; de lo contrario, quedará como una norma más que se respeta en el papel, pero se evade en los hechos.
AL RESCATE DE VIVIENDAS ABANDONADAS
El programa anunciado por Antonio Astiazarán Gutiérrez para recuperar 320 viviendas abandonadas en Hermosillo representa una alternativa inteligente ante el déficit habitacional, pero también evidencia una problemática estructural que ha sido ignorada por años. La coexistencia de casas deshabitadas y familias sin acceso a vivienda revela fallas en la planeación urbana y en las políticas de desarrollo habitacional. Si bien la rehabilitación de estos inmuebles puede mejorar el entorno y ampliar la oferta, el verdadero reto está en garantizar que no se repita el ciclo de abandono. Factores como la ubicación, la calidad de los servicios, la seguridad y el acceso a empleo serán determinantes para que estas viviendas realmente cumplan una función social. Además, la transparencia en la asignación y los esquemas de venta o renta será clave para evitar discrecionalidad. Esta estrategia puede marcar un precedente positivo si se ejecuta con visión integral; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una solución temporal que no atiende las causas de fondo del problema habitacional en la ciudad.
ORDEN TERRITORIAL CON RETOS POLÍTICOS Y SOCIALES
La socialización de la Ley de Delimitación Territorial en Sonora abre una discusión necesaria sobre la organización municipal, pero también revela problemáticas históricas que no se resuelven únicamente con ajustes legales. La propuesta impulsada desde el Congreso, con figuras como Julio César Contreras Navarro, busca incorporar herramientas como el ‘enclave municipal’ para atender casos donde comunidades quedan aisladas de sus cabeceras, como ocurre en el Ejido 21 de Marzo. Sin embargo, el reto va más allá del trazo de líneas en un mapa. La delimitación territorial implica acceso a servicios, identidad comunitaria y distribución de recursos públicos. Si no se implementa con sensibilidad social, podría generar conflictos entre municipios o dejar en segundo plano las verdaderas necesidades de la población. El parlamento abierto es un avance, pero su efectividad dependerá de que las decisiones no se tomen únicamente desde lo técnico o político, sino considerando la realidad cotidiana de las comunidades. Ordenar el territorio es importante, pero hacerlo sin atender el bienestar de quienes lo habitan sería un error de fondo.
ALIANZA BAJO PRESIÓN RUMBO A 2027
El posicionamiento de Manuel Velasco Coello deja claro que la relación entre Morena y el Partido Verde atraviesa un momento de tensión que podría redefinir el mapa político rumbo a 2027. Aunque se insiste en que no hay ruptura, las exigencias de reconocimiento y las advertencias de competir en solitario evidencian una disputa por espacios de poder, particularmente en San Luis Potosí. La política de alianzas en México ha funcionado bajo una lógica de conveniencia mutua, pero cuando uno de los actores considera que aporta más que el otro, el equilibrio se rompe. En este caso, el Verde busca capitalizar su peso electoral local, mientras Morena intenta imponer reglas internas como el rechazo al nepotismo. El conflicto no es menor: pone a prueba la cohesión de la 4T en un estado clave y anticipa posibles fracturas en otras entidades. Más allá del discurso de unidad, lo que está en juego es el control político y la definición de candidaturas. Si no logran acuerdos claros, la alianza podría debilitarse, abriendo espacios a la oposición en un escenario electoral cada vez más competitivo.
PANISTAS CON UNIDAD EN DISCURSO, DIVISIÓN EN LOS HECHOS
La postura del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de descartar alianzas rumbo a 2027 exhibe una tensión interna que difícilmente puede minimizarse como simple “diferencia de opiniones”. Mientras la dirigencia apuesta por competir en solitario bajo una narrativa de cercanía con la ciudadanía, voces relevantes dentro del partido, como Marko Cortés y liderazgos locales, advierten que la realidad electoral en los estados exige estrategias más flexibles. El debate no es menor: se trata de definir si el PAN prioriza identidad partidista o competitividad electoral frente a un bloque oficialista consolidado. La insistencia en una sola ruta podría interpretarse como firmeza, pero también como rigidez ante un escenario político diverso. En los hechos, esta discusión refleja un partido que aún no logra reconciliar sus visiones internas sobre cómo enfrentar a Morena. Si no se construyen acuerdos, el riesgo no es solo una división discursiva, sino una fragmentación operativa que debilite su desempeño en 2027. La unidad no se decreta; se construye, y hoy parece estar en disputa dentro del blanquiazul.