Redacción / El Tiempo
DOS PERFILES, AL MOMENTO, PARA LA CEDH
El arranque del proceso para elegir la nueva titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora comienza con los registros de Jeanette Arrizón y Cervando Flores Castelo, pero más allá de los nombres, lo relevante será el perfil que finalmente se imponga. La CEDH no es un cargo político más, sino un organismo que debe actuar como contrapeso frente al poder, lo que exige independencia real y no solo discurso. Las posturas iniciales de ambos aspirantes apuntan a experiencia y cercanía con la ciudadanía, pero también dejan ver un tema delicado: la relación con el gobierno. Mantener colaboración institucional es necesario, pero sin perder la capacidad crítica. En un contexto donde los derechos humanos siguen siendo un tema sensible, la elección no debería centrarse en afinidades, sino en trayectoria, autonomía y firmeza. El proceso apenas inicia, pero desde ahora queda claro que lo que está en juego no es solo una designación, sino la credibilidad de un organismo clave para la defensa de la ciudadanía.
UNISON: HUELGAS RECURRENTES, PROBLEMA ESTRUCTURAL
La recurrencia de huelgas en la Universidad de Sonora —12 desde 2006— no puede explicarse como hechos aislados, sino como un síntoma de fallas estructurales en la relación entre autoridades y sindicatos. Que ninguna administración, desde Pedro Ortega Romero hasta Dena Camarena Gómez, haya logrado evitar estos paros habla de un modelo de negociación desgastado. Los 249 días acumulados sin clases representan no solo interrupciones académicas, sino afectaciones directas a generaciones completas de estudiantes. El peso de sindicatos como el Steus y el Staus en estas paralizaciones evidencia que el conflicto es recurrente y predecible. Por ello, insistir en soluciones de corto plazo resulta insuficiente. Se requiere replantear de fondo los mecanismos de diálogo, los esquemas laborales y la forma en que se gestionan los conflictos antes de que escalen. Normalizar las huelgas como parte del calendario universitario solo perpetúa el problema. Si no se corrige el método, la historia seguirá repitiéndose, con los estudiantes como principales afectados.
SEÑALAMIENTOS CAEN SOBRE MARCELO EBRARD
La denuncia contra Marcelo Ebrard Casaubón, impulsada por Marcelo Torres Cofiño, coloca nuevamente en el centro del debate el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y sus entornos cercanos. El señalamiento sobre la presunta utilización de la residencia oficial en Reino Unido por parte de un familiar, de confirmarse, no sería un asunto menor: implicaría posibles faltas administrativas e incluso delitos. Sin embargo, también es cierto que, en el contexto político actual, este tipo de acusaciones suelen moverse entre la exigencia legítima de rendición de cuentas y la confrontación partidista. Por ello, el papel de las autoridades será clave. Más allá de discursos, corresponde a instancias como la Fiscalía esclarecer los hechos con base en pruebas, no en percepciones. La transparencia en estos casos no solo define responsabilidades individuales, sino que impacta en la confianza ciudadana hacia las instituciones. En un país donde la exigencia de combatir la corrupción es constante, cada caso se convierte en una prueba de credibilidad para el sistema.
SE LANZA LILLY TÉLLEZ CONTRA BERTHA ALCALDE
El reclamo de Lilly Téllez contra Bertha Alcalde Luján por el caso de Edith Guadalupe Valdez Zaldívar expone una realidad incómoda: la justicia, cuando falla o se percibe lenta, termina trasladándose al terreno político. El uso de la tribuna —y de un megáfono— refleja la desesperación que generan casos de violencia extrema, pero también evidencia cómo estos hechos se convierten en bandera de confrontación. Las acusaciones sobre negligencia y posibles actos de corrupción son graves y deben investigarse a fondo, pero el ruido político no puede sustituir el trabajo institucional. El fondo del asunto es más profundo que el choque entre legisladora y fiscal: se trata de la confianza en las autoridades encargadas de procurar justicia. Cuando esa confianza se rompe, la indignación encuentra salida en espacios como el Senado. Sin embargo, más allá del impacto mediático, lo que realmente importa es que haya resultados, claridad en las investigaciones y justicia para la víctima. Porque ningún discurso, por fuerte que sea, reemplaza la ausencia de respuestas efectivas.
ENTRE HERENCIAS Y RESPONSABILIDADES
El cruce de acusaciones tras la balacera en Teotihuacán vuelve a evidenciar una constante en la política mexicana: el debate sobre seguridad se mueve más en la disputa de culpas que en la construcción de soluciones. La postura de Gabriela Valdepeñas, al señalar a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto como origen del problema, responde a una narrativa conocida, pero no resuelve la exigencia inmediata de resultados. Es cierto que la violencia en México tiene raíces profundas, pero también lo es que cada administración enfrenta la responsabilidad de atender la crisis en su momento. La discusión no debería centrarse en quién inició el problema, sino en quién logra contenerlo. Cuando los hechos violentos se convierten en argumento político, el riesgo es que se diluya la urgencia de soluciones efectivas. La ciudadanía no busca explicaciones históricas, sino condiciones de seguridad en el presente. Mientras el debate siga atrapado entre pasado y presente, la percepción de inseguridad difícilmente cambiará.