Lorenza Sigala / MO
Integrantes de Covafam y Sisein clausuraron el Congreso de Sonora al denunciar el incumplimiento de una resolución judicial que ordena el pago de dos millones de pesos, y acusaron actos de represión por parte de Protección Civil estatal, así como a la diputada Alejandra López Noriega de promover el uso de la fuerza pública contra maestras.
Integrantes de la asociación Conservando los Valores Familiares (Covafam) y del Sistema Estatal de Educación Inicial (Sisein) denunciaron desacato judicial por parte del Poder Legislativo ante el incumplimiento del pago de dos millones de pesos ordenado por un tribunal desde 2019 a favor de ambas organizaciones.
Asimismo, alzaron la voz por presuntos actos de represión en su contra, los cuales atribuyen a Protección Civil estatal, y señalaron directamente a la diputada Alejandra López Noriega.
Guadalupe Lizeth Villalobos López, vocera del movimiento, afirmó que existe una resolución judicial emitida el día 24, la cual causó ejecutoria en 2025; sin embargo —aseguró— no ha sido cumplida, pese a que desde noviembre de ese año han solicitado su ejecución.
Indicó que son 53 centros los afectados, de los cuales únicamente 35 continúan en operación, lo que impacta a un gran número de niñas y niños, por lo que exigió la reparación del daño.
La manifestación inició desde las 05:30 de la mañana, cuando presentaron un pliego de demandas. Señalaron que el conflicto persiste desde 2019, sin solución, a pesar de múltiples solicitudes de diálogo con las autoridades.
La vocera acusó que, lejos de atender sus demandas, han sido objeto de represalias. Señaló que personal de Protección Civil estatal acudió a sus centros educativos mientras se realizaba la protesta, lo que calificó como un acto de presión y una “campaña negra”.
Asimismo, responsabilizó a la diputada Alejandra López Noriega de presuntas acciones de represión, al asegurar que se habría solicitado el uso de la fuerza pública para consignar a maestras que participan en la manifestación en la que cerraron todos los accesos al recinto.
En cuanto a los recursos, denunciaron irregularidades en la asignación del presupuesto, ya que en 2022 se otorgaron dos millones de pesos que —según expusieron— no fueron ejercidos conforme a lo establecido y solo beneficiaron a 10 guarderías privadas, dejando fuera a sus centros.
Advirtieron que mantendrán la clausura del Congreso hasta que se dé cumplimiento a la resolución judicial y se establezcan acuerdos concretos.
Finalmente, exigieron una reforma en materia de Protección Civil, así como la creación de un marco legal que regule de manera adecuada a los centros educativos, diferenciándolos de las guarderías.