Redacción / El Tiempo

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: EL RETO ES PASAR DEL DISCURSO A LOS RESULTADOS

La puesta en marcha del diplomado impulsado por el gobierno de Alfonso Durazo Montaño refleja una realidad que desde hace años exige atención urgente: las instituciones de justicia todavía enfrentan enormes desafíos para atender adecuadamente los casos relacionados con violencia y derechos de las mujeres. Capacitar a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y a ciudadanos en temas de perspectiva de género y acceso a la justicia es un paso positivo, particularmente en un estado donde persisten reclamos por lentitud institucional, revictimización y falta de sensibilidad en algunos procesos. Sin embargo, el verdadero desafío no está únicamente en impartir diplomados o acumular horas de capacitación, sino en traducir ese aprendizaje en cambios reales dentro de ministerios públicos, investigaciones y sentencias. Las mujeres no solo demandan discursos institucionales; exigen resultados concretos, atención digna y procesos eficaces. La participación de alrededor de 200 personas muestra interés en fortalecer capacidades, pero la credibilidad de estas acciones dependerá de si efectivamente logran modificar prácticas arraigadas dentro del sistema de justicia. Porque la perspectiva de género no puede quedarse como requisito administrativo o bandera política; debe convertirse en una herramienta efectiva para garantizar derechos y combatir la impunidad.

CONFLICTO EN UNISON YA GOLPEA A TODOS

El conflicto laboral en la Universidad de Sonora comienza a entrar en una etapa preocupante no solo por la duración de la huelga, sino porque cada día parece más lejana una solución entre las partes. A tres semanas de las banderas rojinegras, la falta de acuerdos mínimos, incluso sobre aspectos logísticos como la sede de las negociaciones, refleja un desgaste evidente en el diálogo entre rectoría y sindicatos. Mientras con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora las posiciones parecen endurecerse, con el Sindicato de Trabajadores Empleados de la Universidad de Sonora prácticamente ya no existe comunicación efectiva. Lo más delicado es que el impacto dejó de ser exclusivamente universitario. Las advertencias del sector productivo, como la expresada por Roberto Sitten, evidencian que la imagen de Sonora también se deteriora frente a inversionistas que observan estabilidad laboral, formación profesional y capacidad institucional antes de decidir instalarse en una región. La prolongación del conflicto afecta a miles de estudiantes, debilita la competitividad académica y envía señales negativas en un momento donde la competencia global por inversiones es cada vez más agresiva.

ELEGIRÁN HOY A TITULAR DE LA CEDH

La designación de la nueva presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos representa mucho más que un simple relevo institucional. En un contexto marcado por conflictos sociales, inseguridad, crisis laborales y constantes señalamientos sobre abusos de autoridad, el perfil que elija el Congreso del Estado de Sonora enviará un mensaje político importante sobre la autonomía y fortaleza que realmente tendrá el organismo durante los próximos años. La convocatoria a sesión extraordinaria impulsada por Alejandra López Noriega ocurre además en medio de una creciente exigencia ciudadana de instituciones más activas y menos burocráticas. El desafío para quien resulte electo no será menor: deberá demostrar independencia frente al poder político y capacidad para actuar en temas sensibles donde frecuentemente existen presiones partidistas o gubernamentales. Los perfiles registrados llegan con trayectorias distintas, pero el verdadero debate no debería centrarse únicamente en nombres, sino en la visión que tendrá la Comisión en una etapa donde los derechos humanos enfrentan retos complejos relacionados con seguridad, acceso a la justicia, libertad de expresión y conflictos sociales. Porque un ombudsman sin autonomía termina siendo decorativo; uno con firmeza institucional puede convertirse en un verdadero contrapeso democrático.

AMPLIARÁ MORENA PROPAGANDA TERRITORIAL

La decisión de Ariadna Montiel de fortalecer la distribución del periódico ‘Regeneración’ y ampliar la estrategia de propaganda territorial deja claro que Morena entró en una etapa de defensa política permanente rumbo a 2027. La meta de visitar 30 millones de viviendas antes de concluir 2026 no es un movimiento menor; representa una operación nacional de posicionamiento político y control narrativo en medio de un contexto donde el partido enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos de algunos de sus cuadros con el crimen organizado. El mensaje también confirma que la nueva dirigencia apostará por reforzar la comunicación directa con la ciudadanía y reducir el impacto de los señalamientos mediáticos y de oposición. Sin embargo, el reto para Morena será demostrar que no basta con distribuir propaganda o hablar de ‘verdades’ si las acusaciones que rodean a ciertos personajes continúan creciendo. En política, la narrativa ayuda, pero difícilmente sustituye la necesidad de transparencia y resultados. Además, la estrategia evidencia que el partido oficial ya comenzó la movilización anticipada hacia los próximos procesos electorales, utilizando su estructura territorial como una de sus principales fortalezas para mantener presencia y cohesión en todo el país.

PRIVILEGIOS LEGISLATIVOS DE ENRIQUE INZUNZA

El caso de Enrique Inzunza Cázarez vuelve a colocar bajo cuestionamiento uno de los temas que más indignación generan entre la ciudadanía: los privilegios y vacíos legales que permiten a legisladores seguir cobrando salarios completos aun cuando no participan activamente en sus funciones. Más allá de las acusaciones que enfrenta por presuntos vínculos con el crimen organizado, el debate se centra ahora en la percepción pública de un sistema que parece proteger a la clase política incluso en momentos de crisis. Que un senador pueda ausentarse de la Comisión Permanente y conservar una dieta mensual superior a los 130 mil pesos, además de prestaciones adicionales, alimenta el descontento social hacia el Poder Legislativo. Legalmente puede estar permitido por la normativa interna del Congreso, pero políticamente resulta difícil de justificar en un país donde millones de ciudadanos enfrentan exigencias laborales mucho más estrictas. La explicación de Ignacio Mier Velazco sobre que Inzunza no fue convocado tampoco reduce el impacto político del tema. Al contrario, fortalece la percepción de protección interna dentro de Morena frente a un contexto donde las acusaciones y señalamientos internacionales continúan escalando alrededor de varios actores del partido oficialista.

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