Redacción / El Tiempo
EDUCACIÓN INDÍGENA: EL DESAFÍO ES QUE LA JUSTICIA SOCIAL SEA PERMANENTE
La ampliación de comedores y casas escolares indígenas dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui representa uno de los esfuerzos sociales más relevantes impulsados por Alfonso Durazo Montaño y Claudia Sheinbaum Pardo en materia de atención a comunidades originarias. La inauguración del comedor en Bahía de Lobos no solo implica infraestructura o inversión pública; también refleja el reconocimiento de una deuda histórica con pueblos indígenas que durante décadas enfrentaron rezago educativo, marginación y falta de servicios básicos. Garantizar alimentación, hospedaje y espacios dignos para niñas, niños y jóvenes indígenas puede marcar una diferencia importante en la permanencia escolar y en las oportunidades futuras de cientos de familias. Además, incorporar actividades de fortalecimiento lingüístico ayuda a preservar identidad cultural y tradiciones que muchas veces han quedado desplazadas. Sin embargo, el verdadero reto será asegurar continuidad, mantenimiento y operación eficiente de estos espacios a largo plazo. Porque muchos programas sociales fracasan no por falta de anuncios, sino por abandono posterior, insuficiencia presupuestal o problemas de operación.
AUSTERIDAD EN LA CEDH
El anuncio de Cervando Flores Castelo sobre reducir su salario como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora busca enviar un mensaje político claro en tiempos donde los excesos salariales dentro de organismos públicos generan cada vez más cuestionamientos ciudadanos. Señalar que las percepciones de la administración anterior eran ‘una grosería y una incongruencia’ marca también una diferencia pública respecto al periodo encabezado por Luis Fernando Rentería Barragán, cuya gestión estuvo acompañada de críticas internas y conflictos laborales. Sin embargo, más allá del impacto mediático que pueda tener bajarse el sueldo, el verdadero desafío para la nueva presidencia de la CEDH será recuperar credibilidad institucional, fortalecer la defensa de los derechos humanos y mejorar las condiciones laborales del personal. Resulta positivo que el nuevo titular hable de apoyar a trabajadores con bajos ingresos, particularmente en un organismo cuya labor debería estar ligada precisamente a la dignidad laboral y la justicia social. Pero también existe el riesgo de que este tipo de anuncios queden solamente en el terreno simbólico si no vienen acompañados de cambios reales en operación, atención ciudadana y autonomía institucional. Porque al final, la ciudadanía no evalúa únicamente cuánto gana un funcionario, sino qué tan efectiva resulta la institución que encabeza y si realmente cumple con la función para la que fue creada.
MOVIMIENTOS EN EL PRI
La estrategia del Partido Revolucionario Institucional en Sonora de presentar a sus llamados ‘defensores de Sonora’ confirma que los partidos de oposición ya comenzaron a acelerar movimientos rumbo a 2027, aun cuando formalmente el proceso electoral todavía luce lejano. Bajo el liderazgo de Guadalupe Soto, el PRI intenta construir presencia territorial y posicionar perfiles antes de que Morena consolide aún más su ventaja política en el estado. Resulta evidente que el tricolor busca replicar modelos utilizados por el oficialismo, particularmente el concepto de ‘defensores’ o promotores, que en los hechos funcionan como precandidaturas adelantadas sin asumir todavía esa etiqueta formal. Sin embargo, el verdadero dilema para el PRI no está únicamente en presentar figuras, sino en definir si realmente competirá solo o terminará dependiendo nuevamente de una eventual alianza con el PAN. Ahí es donde muchos de estos perfiles podrían quedarse en el camino si las negociaciones políticas obligan a repartir posiciones. Además, cualquier aspirante opositor sabe que enfrentará un escenario complejo mientras Morena mantenga niveles importantes de competitividad en Sonora. Aun así, el movimiento del PRI refleja que la oposición entiende que no puede esperar hasta el último momento para reorganizarse. Porque aunque hoy Morena luce dominante, las elecciones también se construyen con tiempo, estructura y posicionamiento anticipado.
PIDEN CONTROLES DE CONFIANZA EN GABINETES ESTATALES
Las versiones sobre llamados federales a gobernadores para reforzar pruebas de confianza en sus gabinetes reflejan el nivel de preocupación que existe actualmente dentro de la clase política por las investigaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales. El caso de Rubén Rocha Moya terminó convirtiéndose en un punto de quiebre que encendió alertas no solo en Morena, sino en prácticamente todos los gobiernos estatales. La posibilidad de que existan funcionarios bajo sospecha o expuestos a investigaciones internacionales obliga ahora a revisar perfiles, trayectorias y entornos políticos que durante años quizá pasaron inadvertidos o simplemente fueron ignorados. También resulta significativo que Morena anuncie filtros adicionales para seleccionar candidatos rumbo a 2027, incluyendo revisiones sobre antecedentes cuestionables y consultas ante instancias judiciales. El problema es que muchos ciudadanos podrían preguntarse por qué este tipo de controles parecen fortalecerse solamente después de escándalos mediáticos o presiones externas. Porque si algo ha dejado claro esta crisis es que el tema de la infiltración criminal ya no se limita únicamente a corporaciones de seguridad, sino que alcanza directamente a estructuras políticas y de gobierno.
AUSENCIAS EN EL TEPJF
Las versiones sobre las ausencias consecutivas de Reyes Rodríguez Mondragón en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vuelven a exhibir el complicado momento institucional que atraviesan los órganos encargados de impartir justicia electoral en México. Más allá de las razones personales o administrativas que pudieran existir detrás de las inasistencias, el hecho de que magistrados decidan retirar asuntos de una ponencia por falta de presencia refleja un ambiente interno de tensión y desgaste dentro del tribunal. El problema es particularmente delicado porque el TEPJF juega un papel central en la estabilidad política y electoral del país, especialmente rumbo a los procesos de 2027. Cuando surgen versiones de descoordinación, conflictos internos o ausencias inexplicadas, inevitablemente se debilita la percepción de solidez institucional ante la ciudadanía. Además, el calificativo de ‘magistrado faltista’ termina convirtiéndose en un golpe político y mediático difícil de ignorar para cualquier integrante de un órgano jurisdiccional de ese nivel. En momentos donde las instituciones electorales enfrentan cuestionamientos constantes desde distintos frentes políticos, cualquier señal de desorden interno amplifica aún más la desconfianza pública.