Martín alberto Mendoza Salazar
LA CAPACITACIÓN QUEDÓ DE MANIFIESTO EN PERSONAL DE SUPERMERCADO AURRERÁ DE LA 400 Y JALISCO AL SOFOCAR INCENDIO; ACTUARON CONFORME A PROTOCOLOS DE EMERGENCIA; DE ESTA FORMA CONTUVIERON LAS LLAMAS QUE SURGIERON DE CORTOCIRCUITO EN SISTEMA DE ALAMBRADO; EVITARON QUE LAS LLAMAS TOMARAN IMPREDECIBLE MAGNITUD; SIN EMBARGO, TRATÁNDOSE DE UN LUGAR ABIERTO AL PÚBLICO, ESTE HECHO NO DEBE QUEDARSE ÚNICAMENTE EN QUE ‘SE CONTROLÓ A TIEMPO’; ES NECESARIO QUE BOMBEROS EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SOBRE EL ORIGEN DEL INCENDIO: Y, QUE POR SU PARTE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL REVISE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES; COMENZÓ A CIRCULAR EN REDES SOCIALES UN VIDEO EN EL QUE SE OBSERVA UN ENFRENTAMIENTO VERBAL ENTRE EL LICENCIADO JESÚS ADRIÁN GAMBINO RODRÍGUEZ, DEFENSOR PÚBLICO DEL FUERO COMÚN EN CAJEME, Y UNA ACTIVISTA SOCIAL; LA MUJER CUESTIONÓ DE MANERA DIRECTA AL ABOGADO POR SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL DENTRO DE UNA AUDIENCIA RELACIONADA CON LA REVISIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR; EN LA GRABACIÓN SE ADVIERTE QUE LOS RECLAMOS SE ENFOCAN EN EL RESULTADO DE DICHA AUDIENCIA, ATRIBUYENDO AL DEFENSOR PÚBLICO UNA RESPONSABILIDAD QUE, JURÍDICAMENTE, CORRESPONDE ANALIZAR DENTRO DEL PROPIO PROCESO PENAL Y, EN TODO CASO, MEDIANTE LOS RECURSOS LEGALES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES; SIN ENTRAR AL FONDO DEL ASUNTO NI A DATOS SENSIBLES DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EL CASO GENERÓ REACCIÓN ENTRE INTEGRANTES DEL GREMIO JURÍDICO; CONSIDERARON DELICADO QUE SE EXHIBA PÚBLICAMENTE A UN DEFENSOR POR EL RESULTADO DE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL; CUANDO SU FUNCIÓN SE LIMITA A PLANTEAR ARGUMENTOS, EJERCER LA DEFENSA TÉCNICA Y SOLICITAR LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA
POCO FALTÓ la mañana de ayer para que se registrara un incendio de impredecibles dimensiones en uno de los supermercados de Bodega Aurrerá. Fue poco antes de las 9:26 horas, cuando se detectó fuego en el área del techo del establecimiento ubicado por la calle 400 y Jalisco, en el sur de Ciudad Obregón, presuntamente derivado de un cortocircuito en el sistema de alambrado. Gracias a la rápida intervención del personal del negocio, quienes actuaron conforme a los protocolos de emergencia, las llamas pudieron ser contenidas antes de que el fuego tomara mayor magnitud. Al lugar acudieron unidades de Bomberos y se realizó el desalojo preventivo de aproximadamente 70 a 80 empleados, esto, de acuerdo a la versión del jefe de los ‘apagafuegos’, Víctor Ricardo Manosalvas Mena. Sin embargo, tratándose de un lugar abierto al público, este hecho no debe quedarse únicamente en que ‘se controló a tiempo’. Es necesario que Bomberos emita el dictamen correspondiente sobre el origen del incendio y que la Unidad Municipal de Protección Civil a cargo de Francisco Mendoza Calderón revise las condiciones de las instalaciones, quienes también se concentraron de inmediato, para evitar que una situación similar pueda convertirse en una tragedia… HACE UNOS DÍAS comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa un enfrentamiento verbal entre el Licenciado Jesús Adrián Gambino Rodríguez, defensor público del fuero común en Cajeme, y una activista social, quien cuestionó de manera directa al abogado por su intervención profesional dentro de una audiencia relacionada con la revisión de una medida cautelar. En la grabación se advierte que los reclamos se enfocan en el resultado de dicha audiencia, atribuyendo al defensor público una responsabilidad que, jurídicamente, corresponde analizar dentro del propio proceso penal y, en todo caso, mediante los recursos legales e instancias correspondientes. Sin entrar al fondo del asunto ni a datos sensibles de la carpeta de investigación, el caso generó reacción entre integrantes del gremio jurídico, quienes consideraron delicado que se exhiba públicamente a un defensor por el resultado de una determinación judicial, cuando su función se limita a plantear argumentos, ejercer la defensa técnica y solicitar lo que en derecho corresponda…DE ACUERDO CON abogados que se pronunciaron en respaldo del Licenciado Gambino Rodríguez, entre estos, el experto en materia penal y juicios orales, Gabriel Cuauhtémoc García, este, tipo de señalamientos pueden generar una percepción equivocada sobre el funcionamiento del sistema penal, ya que una cosa es la actuación de la defensa y otra muy distinta la decisión que adopta un juez de control dentro de una audiencia. El tema abrió nuevamente el debate sobre los señalamientos mediáticos contra servidores públicos y operadores del sistema de justicia, particularmente cuando se les atribuyen decisiones que no dependen directamente de ellos. Abogados consultados señalaron que, cuando existe inconformidad con una resolución judicial o ministerial, la vía correcta son los recursos legales, los medios de impugnación y los procedimientos institucionales, no la exposición pública, la presión social ni la descalificación personal. Más allá del caso en particular, el asunto pone sobre la mesa la importancia de respetar la función de la defensa pública, una pieza necesaria dentro del sistema penal, ya que garantiza que toda persona cuente con representación legal, aun en asuntos complejos o socialmente sensibles. La crítica hacia cualquier servidor público puede ser válida cuando se realiza con responsabilidad y por las vías adecuadas; sin embargo, ninguna inconformidad debe convertirse en humillación pública, intimidación o presión indebida contra quien cumple una función legal dentro de un procedimiento penal…COMENTAN que, en una sala de reuniones del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se escuchó esta frase: ¿Quién quiere ser Ministerio Público? Hay quienes coinciden en señalar que algo inusual está ocurriendo al interior de la FGJE y vale la pena que la sociedad lo conozca. Informes que nos hicieron llegar a nuestra mesa de trabajo, en fechas recientes el Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez, sostuvo reuniones con personal en distintas regiones del estado con el propósito de identificar servidores públicos interesados en asumir funciones como Agentes del Ministerio Público del Fuero Común. La situación llama la atención porque históricamente esos cargos eran considerados una meta profesional dentro de la institución. Ser Ministerio Público implicaba años de preparación, experiencia, concursos, capacitación constante y una trayectoria construida a base de esfuerzo. No cualquiera llegaba a ocupar una agencia del Ministerio Público. Era una responsabilidad que se ganaba y que, además, representaba prestigio profesional dentro del sistema de procuración de justicia. Hoy pareciera que la realidad es distinta. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué existe tan poco interés en ocupar una de las funciones más importantes dentro de la procuración de justicia? ¿Qué ha cambiado para que un cargo que antes era aspiracional ahora tenga dificultades para atraer personal? No se trata de cuestionar la buena intención de buscar soluciones ante una necesidad institucional. Lo preocupante sería que la urgencia termine sustituyendo a la planeación. La investigación de los delitos, la integración de carpetas y la representación social ante los tribunales son tareas demasiado delicadas para quedar sujetas a improvisaciones o designaciones apresuradas. La ciudadanía merece Ministerios Públicos debidamente preparados, capacitados, evaluados y seleccionados bajo criterios objetivos de mérito y competencia. Sonora enfrenta retos importantes en materia de seguridad y procuración de justicia. Cajeme, por ejemplo, ha figurado en distintos momentos entre las ciudades con mayores índices de violencia del país. Por ello, más que preguntarnos quién quiere ser Ministerio Público, quizá la pregunta correcta sea qué está ocurriendo para que cada vez menos personas quieran ocupar una función tan relevante para el Estado. La respuesta podría revelar mucho sobre el presente y el futuro de la procuración de justicia en Sonora. Incluso mencionan que Salas Chávez igualmente estuvo aquí en Cajeme con ese mismo propósito y tal parece que tampoco hubo interesados en ocupar ese cargo que años atrás era muy codiciado…EN ESE MISMO contexto en días pasados comentaba la función que desempeñan las vicefiscalías y planteamos como en otros tiempos eran operadores de campo y asumían personalmente las investigaciones y dejaban de lado las tareas administrativas. Es decir, se olvidaban del trabajo de escritorio y eso es lo que realmente se necesita en la actualidad. Que se instalen bases de operación improvisadas para coordinar a grupo de policías investigadores y revisar expedientes y ante todo supervisar íntegramente el quehacer ministerial. Hay quienes recuerdan que no esperaban los resultados desde una oficina; salían a buscarlos. Evocamos algunos nombres como Héctor Contreras Pérez, Víctor Bonillas Murrieta, Francisco Javier Dueñas Mercado, Carlos Castillo Ortega cuando ocupó la Vicefiscalía General, y el recordado Juan de Dios Godoy Rentería (Q.E.P.D.), cuando fungió como Director General de Investigaciones, dejaron constancia de una forma distinta de ejercer la función…POR CIERTO, que es momento que se le brinde la oportunidad a Castillo Ortega tomando en cuenta su vasta capacidad en esos menesteres. Es necesario insistir en que la procuración de justicia requiere liderazgo visible, presencia en el terreno y resultados medibles. Son precisamente esos elementos los que hicieron destacar a generaciones anteriores de investigadores y mandos ministeriales, y que hoy muchos consideran necesario recuperar para devolverle confianza y eficacia a la institución. Lo mismo sucede con el maestro y gran jurista, José Luis Sígala Servín, quien es experto en el tema de la procuración de justicia para los adolescentes. Quizá ha llegado el momento de rescatar parte de esa memoria institucional. Porque las mejores investigaciones de Sonora no nacieron detrás de un escritorio; nacieron en la calle, en el trabajo encubierto, en la inteligencia operativa y en la coordinación efectiva entre quienes tenían la responsabilidad de procurar justicia. Y, es que la percepción que prevalece es que las vicefiscalías han adquirido un perfil predominantemente administrativo y protocolario, visible principalmente en reuniones institucionales, conferencias de prensa o eventos públicos encabezados por el Fiscal General, mientras continúan acumulándose los reclamos por rezago, lentitud en las investigaciones y deficiencias operativas que la propia Barra Sonorense de Abogados acaba de exponer públicamente…Luego seguimos, Dios mediante.