Redacción / El Tiempo
FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER AL CAMPO
El anuncio del gobernador Alfonso Durazo de duplicar los recursos destinados al programa Agroson representa una señal de respaldo para uno de los sectores que mayor impacto tiene en la economía sonorense. La dispersión de más de 144 millones de pesos mediante mil créditos ha permitido beneficiar a miles de pequeños productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y apícolas, quienes encuentran en el financiamiento una herramienta para modernizar sus actividades, mejorar su productividad y generar mayor valor agregado a sus productos. En un contexto marcado por los desafíos climáticos, la escasez de agua y el incremento en los costos de producción, facilitar el acceso al crédito puede convertirse en un factor determinante para mantener la actividad en el campo. No obstante, el éxito de estos programas también dependerá de que los recursos lleguen con oportunidad, se acompañen de asistencia técnica y se traduzcan en proyectos viables y sostenibles. Fortalecer al sector primario no solo beneficia a quienes viven de la producción rural, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria, al empleo y al desarrollo económico de Sonora.
LLEGA JUAN GONZÁLEZ A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATAL
El nombramiento de Juan González como encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura representa una decisión orientada a mantener la continuidad institucional mientras Célida López Cárdenas participa en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de 2027. Más allá de los movimientos políticos propios de la coyuntura electoral, el principal desafío será evitar que los programas y proyectos dirigidos al sector agropecuario pierdan ritmo en un momento en que los productores enfrentan retos relacionados con la disponibilidad de agua, los costos de producción y la incertidumbre de los mercados. La confianza depositada por el gobernador Alfonso Durazo en Juan González implica también la responsabilidad de mantener un diálogo permanente con el sector productivo y fortalecer la coordinación con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México, encabezada por Columba López Gutiérrez. La estabilidad administrativa resulta fundamental para que las políticas públicas en favor del campo continúen desarrollándose sin interrupciones y con resultados para los productores sonorenses.
UNA DECISIÓN QUE PODRÍA MARCAR EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes), encabezado por Carlos Sosa Castañeda, enfrenta una decisión que podría sentar un precedente para el transporte público en Sonora. La solicitud de un grupo de más de 180 taxistas de Cajeme para obtener concesiones y operar como una ruta tipo colectivo pone sobre la mesa una realidad que durante años ha quedado al margen de la legislación: existen servicios que han surgido para cubrir necesidades que el transporte urbano tradicional no ha logrado atender. La autoridad deberá valorar no solo el cumplimiento de la normatividad vigente, sino también el beneficio que este esquema representa para cientos de usuarios. Si bien cualquier autorización debe sustentarse en reglas claras que garanticen seguridad, competencia y orden, también es cierto que la movilidad requiere adaptarse a las nuevas demandas de la población. Una eventual aprobación no sólo resolvería una situación particular en Cajeme, sino que podría abrir la puerta para revisar y modernizar el marco legal que regula el transporte en otras regiones del estado.
LA IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA EN EL DEBATE PÚBLICO
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reportaje publicado por The New York Times reabren un tema recurrente en la vida pública: el equilibrio entre la libertad de prensa, el derecho a informar y la necesidad de sustentar las afirmaciones con evidencia verificable. La mandataria cuestionó que la información se base en fuentes anónimas y señaló que su gobierno no cuenta con elementos que confirmen la supuesta colaboración de funcionarios con autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, el reportaje coloca nuevamente bajo el escrutinio público a figuras políticas como Américo Villarreal y Alfonso Durazo, quienes han rechazado los señalamientos. En asuntos de alta sensibilidad, como las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada o corrupción, resulta indispensable distinguir entre versiones periodísticas, filtraciones y hechos acreditados por las autoridades competentes. La credibilidad de las instituciones y de los medios de comunicación se fortalece cuando la información puede ser contrastada y respaldada con pruebas. En una democracia, tanto el ejercicio periodístico como la respuesta de los gobiernos deben contribuir a un debate informado, responsable y sustentado en hechos verificables, evitando juicios anticipados.
LA POLARIZACIÓN NO SUSTITUYE A LAS PRUEBAS
Las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reflejan el alto nivel de confrontación política que caracteriza el escenario rumbo a las elecciones de 2027. A partir de un reportaje de The New York Times, el líder priista lanzó fuertes señalamientos contra Morena, utilizando expresiones que elevan el tono del debate público. Sin embargo, en un Estado de derecho, las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado deben sustentarse en investigaciones formales y pruebas suficientes, no únicamente en declaraciones políticas o versiones periodísticas. El intercambio de descalificaciones puede alimentar la polarización, pero difícilmente contribuye al esclarecimiento de los hechos o al fortalecimiento de las instituciones. Corresponde a las autoridades competentes investigar cualquier indicio de conducta ilícita, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Los partidos políticos tienen el derecho de cuestionar a sus adversarios, pero también la responsabilidad de privilegiar un debate basado en evidencias y propuestas. La ciudadanía demanda claridad, transparencia y rendición de cuentas, no una confrontación permanente que sustituya el trabajo institucional por el discurso político.