Redacción / El Tiempo
AFECTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES POR LOS APAGONES
Los apagones que se han registrado en distintos municipios de Sonora han dejado de ser un problema estacional para convertirse en un asunto que requiere una respuesta coordinada. Los pronunciamientos de organismos empresariales, cámaras y diversos sectores reflejan una preocupación legítima por las afectaciones económicas y sociales que generan las interrupciones del servicio eléctrico. Si, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum y coinciden especialistas, la capacidad de generación no representa el principal obstáculo, entonces resulta indispensable acelerar las inversiones en transmisión, distribución y mantenimiento de la infraestructura. Más que expresiones aisladas, hace falta construir una agenda común en la que participen la Comisión Federal de Electricidad, autoridades de los tres niveles de gobierno, universidades, organismos empresariales y sociedad civil para analizar soluciones de mediano y largo plazo. Los foros técnicos y el diálogo permanente pueden convertirse en herramientas útiles para identificar prioridades y gestionar recursos. Atender este desafío no solo permitirá enfrentar lo que resta del verano, sino también fortalecer un sistema eléctrico capaz de responder al crecimiento y desarrollo que demanda Sonora.
EL PVEM ANTE UNA NUEVA RESPONSABILIDAD
La posibilidad de que Raúl Bolaños-Cacho Cué presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados refleja el peso que ha adquirido el Partido Verde Ecologista de México dentro de la actual conformación legislativa. De concretarse la designación, el PVEM encabezaría por primera vez este órgano de conducción parlamentaria, una responsabilidad que exige imparcialidad, capacidad de diálogo y apego al marco legal, más allá de los intereses partidistas. La Mesa Directiva tiene la tarea de garantizar el correcto desarrollo de las sesiones y preservar el equilibrio institucional entre las distintas fuerzas políticas representadas en San Lázaro. En un periodo legislativo que se anticipa intenso por las reformas y discusiones pendientes, la conducción del órgano será determinante para mantener un ambiente de respeto y orden en el debate parlamentario. La definición que el grupo parlamentario encabezado por Carlos Puente tome en agosto marcará el inicio de una nueva etapa para el PVEM, que tendrá la oportunidad de demostrar que el crecimiento político también puede traducirse en una conducción institucional responsable y plural.
SOBERANÍA Y COOPERACIÓN BAJO ESCRUTINIO
El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre la presentación de un informe relacionado con la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada reabre el debate sobre los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La presidenta ha planteado que, además del combate al crimen organizado, es indispensable esclarecer cómo se desarrolló la operación y cuál fue el nivel de información que las autoridades estadounidenses compartieron con el Gobierno mexicano. También cuestionó la presunta protección que Estados Unidos otorgaría a determinados grupos criminales, un señalamiento que inevitablemente incrementa la tensión en la relación bilateral. Más allá de las declaraciones políticas, el contenido del informe será determinante para conocer la postura oficial del Gobierno de México y los elementos con los que sustenta sus afirmaciones. La coordinación entre ambos países sigue siendo indispensable para enfrentar a las organizaciones delictivas, pero también debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la transparencia y la confianza mutua. La claridad sobre estos hechos contribuirá a fortalecer la cooperación y evitar interpretaciones que profundicen las diferencias entre ambos gobiernos.
EL DEBATE SOBRE HERENCIAS E IMPUESTOS
La postura de Lenia Batres respecto a gravar las herencias y respaldar el cobro del ISR sobre recursos de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos ha reactivado una discusión que trasciende el ámbito jurídico y se instala en el terreno de la política fiscal. Mientras la ministra sostiene que las herencias representan riqueza obtenida sin esfuerzo directo y que los impuestos son un mecanismo de redistribución, la mayoría de la Suprema Corte determinó que los recursos de las Afores conservan su naturaleza de seguridad social y no deben considerarse ingresos gravables para los beneficiarios. Se trata de un debate legítimo que enfrenta dos visiones: una orientada a fortalecer la recaudación mediante una mayor carga sobre las transmisiones patrimoniales y otra enfocada en proteger el patrimonio construido por los trabajadores durante su vida laboral. Cualquier modificación en esta materia requeriría un amplio consenso legislativo y social, debido a sus implicaciones económicas y familiares. La resolución de la Corte mantiene vigente el criterio actual, pero la discusión sobre el modelo tributario mexicano y el alcance de la redistribución de la riqueza difícilmente quedará cerrada.
TRANSPARENCIA ANTE LOS SEÑALAMIENTOS
La investigación publicada por Reforma sobre presuntos vínculos entre Héctor José Contreras Mercader, empresas relacionadas con su entorno y contratos otorgados durante el gobierno de Mara Lezama pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Los documentos y registros citados plantean interrogantes que únicamente pueden ser resueltas mediante investigaciones formales de las autoridades competentes. En un Estado de Derecho, los señalamientos periodísticos representan un punto de partida para la fiscalización, pero no sustituyen los procedimientos legales ni constituyen una resolución sobre posibles responsabilidades. También es indispensable garantizar el derecho de las personas involucradas a presentar su versión y ejercer su defensa. Cuando existen dudas sobre adjudicaciones públicas, operaciones patrimoniales o posibles conflictos de interés, la mejor respuesta institucional es una investigación objetiva, imparcial y transparente. Solo mediante el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas será posible fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que el manejo de los recursos públicos se realice con apego a la legalidad.