Martín alberto Mendoza Salazar

NUESTRO MUNICIPIO ESTÁ POR ALCANZAR UNA CIFRA QUE, AUNQUE DEBERÍA CONSIDERARSE NORMAL EN CUALQUIER SOCIEDAD, HOY SE CONVIERTE EN UNA NOTICIA POSITIVA: 20 DÍAS CON APENAS CINCO HOMICIDIOS REGISTRADOS DURANTE EL MES; DE MANTENERSE ESTA TENDENCIA, MAÑANA SE ESTARÍA LLEGANDO A ESE PERIODO CON UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LOS HECHOS VIOLENTOS, ALGO QUE NO SE OBSERVABA DESDE HACE VARIOS AÑOS EN EL MUNICIPIO: LOS ANTECEDENTES RECUERDAN ALGUNOS MESES DE 2017 Y 2018 EN LOS QUE SE REGISTRARON CIFRAS SIMILARES, CON PERIODOS DE SIETE, NUEVE Y HASTA ONCE HOMICIDIOS MENSUALES; ESTO, CUANDO DISTINTAS CORPORACIONES Y AGRUPACIONES DE SEGURIDAD REFORZARON SU PRESENCIA EN CIUDAD OBREGÓN; DESPUÉS DE QUE SE ESTABLECIÓ EL DESTACAMENTO DE LA PESP AQUÍ, AL MENOS EN LOS TRES MESES SIGUIENTES SE MANTUVIERON ÍNDICES MUY BAJOS; INCLUSO INICIÓ EL 2018 CON ONCE HOMICIDIOS; PERO EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE YA OBREGÓN ARDÍA EN LLAMAS CON CASI CUARENTA CRÍMENES O MÁS EN PERIODOS DE TREINTA Y UN DÍA; AHÍ COMENZÓ LA PEOR PESADILLA EN CUANTO A MUERTES VIOLENTAS EN LA HISTORIA DE ESTE MUNICIPIO; SE COMETIERON DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 2021 ALREDEDOR DE MIL 680 HOMICIDIOS DOLOSOS; ACTUALMENTE HAN OCURRIDO CINCO HOMICIDIOS; SIGUEN SIENDO CINCO VIDAS PERDIDAS Y CINCO FAMILIAS LASTIMADAS; NO SE TRATA DE CELEBRAR LA VIOLENCIA NI DE MINIMIZAR CADA CASO, SINO DE RECONOCER QUE EXISTE UNA DISMINUCIÓN QUE MERECE DESTACARSE Y, SOBRE TODO, MANTENERSE; LA VERDADERA META DEBE SER LLEGAR A CERO; SIN EMBARGO, DESPUÉS DE TANTOS AÑOS EN LOS QUE LA VIOLENCIA SE CONVIRTIÓ EN PARTE DE LA VIDA COTIDIANA, HOY LO QUE DEBIERA SER NORMAL VIVIR SIN HOMICIDIOS TERMINA CONVIRTIÉNDOSE EN UNA NOTICIA DIGNA DE RESALTARSE

PARA LOS ESCÉPTICOS esto era algo irrealizable, pero Cajeme está por alcanzar una cifra que, aunque debería considerarse normal en cualquier sociedad, hoy se convierte en una noticia positiva: 20 días con apenas cinco homicidios registrados durante el mes. De mantenerse esta tendencia, mañana se estaría llegando a ese periodo con una reducción importante en los hechos violentos, algo que no se observaba desde hace varios años en el municipio. Los antecedentes recuerdan algunos meses de 2017 y 2018 en los que se registraron cifras similares, con períodos de siete, nueve y hasta once homicidios mensuales, cuando distintas corporaciones y agrupaciones de seguridad reforzaron su presencia en Ciudad Obregón. Una de estas fue la Gendarmería Nacional apoyada con fuerzas especiales de la Policía Federal. Su llegada inicial se dio a principios de julio y más tarde se reforzó en noviembre. Pero déjeme contarle que tan solo en ese séptimo período de 2017 el municipio vio una reducción de 25 a treinta homicidios por mes a tan solo siete. Fue la primera ocasión en que se registró una reducción drástica. En noviembre con los comandantes Jesús Cruz Facio y Rafael Luna Córdova al frente de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Antonio Gutiérrez Lugo como secretario de Seguridad Pública Municipal, disminuyó a nueve. Después se inauguró la base operativa local de la PESP en un acto celebrado el miércoles primero de noviembre por la carretera internacional a tres kilómetros al norte de la localidad…EL ANFITRIÓN fue el licenciado Adolfo García Morales que despachaba como secretario de Seguridad Pública del Estado y como alcalde Faustino Félix Chávez. Mientras que Abel Murrieta Gutiérrez fungía como diputado federal. En tanto que el delegado estatal de la Fiscalía General de la República era Darío Figueroa Navarro. Esto, cuando realmente la FGR estaba sumada a los esfuerzos en el combate a la delincuencia. Hoy lamentablemente es otra la historia de la que más adelante les comento. Después de que se estableció el destacamento de la PESP en la localidad, al menos en los tres meses siguientes se mantuvieron índices muy bajos. Incluso inició el 2018 con once homicidios registrados en enero. Pero para septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya Obregón ardía en llamas con casi cuarenta crímenes o más en periodos de treinta y un día. Ahí comenzó la peor pesadilla en cuanto a muertes violentas en la historia de este municipio al cometerse de septiembre de 2018 al 2021 alrededor de mil 680 homicidios dolosos… DESDE ENERO de 2018, Cajeme no había logrado acercarse nuevamente a un registro de esta naturaleza. Por supuesto, cinco homicidios siguen siendo cinco vidas perdidas y cinco familias lastimadas. No se trata de celebrar la violencia ni de minimizar cada caso, sino de reconocer que existe una disminución que merece destacarse y, sobre todo, mantenerse. La verdadera meta debe ser llegar a cero. Sin embargo, después de tantos años en los que la violencia se convirtió en parte de la vida cotidiana, hoy lo que debiera ser normal vivir sin homicidios termina convirtiéndose en una noticia digna de resaltarse. Que esta reducción no sea solamente una buena racha, sino el comienzo de una etapa distinta para Cajeme…EN OTROS ASUNTOS, las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recientemente colocan a Sonora en una posición que, lejos de ser motivo de celebración, debería obligarnos a una profunda reflexión. Durante 2025 ingresaron 15 mil 617 personas a los centros penitenciarios del estado, ubicando a Sonora en el tercer lugar nacional, únicamente por debajo de Baja California y el Estado de México. Pero el dato más preocupante es otro: al cierre del año, Sonora registró 15 mil 796 personas privadas de la libertad, alcanzando una tasa de 502.9 internos por cada 100 mil habitantes, la más alta de todo el país y muy por encima de la media nacional. La pregunta es inevitable: ¿estas cifras representan un logro o una advertencia? Sin duda, combatir la delincuencia es una obligación del Estado y quien comete un delito debe enfrentar las consecuencias legales. Eso nadie lo discute. El Sistema Penal Acusatorio nació con una filosofía completamente distinta. Su objetivo nunca fue que todo terminara en una carpeta judicializada, en una audiencia o en un centro penitenciario. Fue diseñado para que el Ministerio Público investigara con objetividad, distinguiera cuándo realmente existe un delito, utilizara los mecanismos que la propia ley contempla y reservara el proceso penal para los casos que verdaderamente lo ameriten. Hoy, la percepción entre muchos abogados litigantes es diferente…ES NECESARIO decirlo que no son pocos quienes consideran que el sistema se ha inclinado hacia una política donde la judicialización parece convertirse en la regla y no en la excepción. Esa es una crítica que se escucha con frecuencia en los pasillos de los juzgados y que merece ser analizada con seriedad, porque un sistema de justicia no puede evaluarse únicamente por la cantidad de personas que ingresan a un penal. La consecuencia de esa dinámica termina reflejándose en todos los niveles. Fiscalías con mayor carga de trabajo. Juzgados saturados. Audiencias diferidas. Centros penitenciarios con más población y mayores exigencias de seguridad, precisamente en un momento en que el propio sistema penitenciario ha enfrentado fugas, agresiones contra custodios y una creciente presión operativa. Un sistema eficiente no es el que llena más cárceles, sino el que investiga mejor, procesa con objetividad, protege a las víctimas, respeta la ley y utiliza de manera inteligente todas las herramientas que el propio sistema penal ofrece. Las cifras del INEGI no deberían servir únicamente para presumir resultados. También deben utilizarse para preguntarnos si la política criminal que hoy se aplica en Sonora está fortaleciendo al Sistema Penal Acusatorio o si, poco a poco, lo está llevando a un punto de saturación del que después será mucho más difícil salir. La justicia se mide por la capacidad del Estado para resolver los conflictos con legalidad, eficacia y equilibrio. Y ese es un debate que Sonora ya no puede seguir posponiendo…A RAÍZ DE QUE en los últimos días se ha observado la participación de adolescentes en hechos con apariencia de delito de alto impacto en nuestro municipio, algunos de ellos con exceso de violencia. Una vez más recurrí al buen amigo y experto en la materia desde su experiencia como abogado penalista y ex fiscal especializado en procuración de justicia para adolescentes en el estado, José Luis Sígala Servín, y le cuestioné ¿qué opinión le merece esta situación y cómo debe responder el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Y el jurista respondió que considera que es un tema que debe analizarse con mucha responsabilidad y sin caer en la criminalización automática de los adolescentes. Dijo que lo primero que se debe entender es que existe un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que establece un tratamiento distinto al de los adultos, porque reconoce que se trata de personas que todavía se encuentran en una etapa de desarrollo. Su finalidad no es únicamente sancionar, sino procurar su reinserción social, educación y recuperación. Eso, desde luego, no significa que las conductas graves deban minimizarse ni quedar impunes…ENFATIZÓ QUE cuando un adolescente participa en un homicidio, una privación de la libertad, una agresión con armas o cualquier otro hecho de alto impacto, las autoridades tienen la obligación de investigar seriamente, esclarecer lo ocurrido y aplicar las medidas previstas en la legislación especializada. Sin embargo, también debemos formular una pregunta importante: ¿quién está utilizando a esos adolescentes? En muchos casos existe una persona adulta detrás, alguien que los recluta, les proporciona armas, los introduce a grupos delictivos o se aprovecha de su vulnerabilidad y de las consecuencias jurídicas distintas que contempla la ley para ellos. Por eso, la respuesta institucional no debe limitarse a detener al adolescente. También debe investigarse y procesarse a quienes lo reclutaron, financiaron, instruyeron o utilizaron para cometer el delito. Ante lo interesante e ilustrativo del tema, mañana daremos seguimiento, Dios mediante.

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