Un juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia dictó prisión preventiva a dos agentes de la Policía Municipal, tras escapar un reo que se encontraba bajo su custodia en el Hospital IMSS-Bienestar.
La medida cautelar fue impuesta a petición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación derivada de estos hechos.
Los ahora imputados son Adolfo E. y Jesús Manuel L. R., quienes al momento de ocurrir la huida del evadido se desempeñaban como agentes de la Policía Municipal.
Ambos tenían la responsabilidad de custodiar a Luis Felipe N. V., de 25 años, quien era atendido por una herida producida por proyectil de arma de fuego, sufrida durante una persecución y enfrentamiento, tras presuntamente participar en el homicidio de una persona.
El sujeto escapó del área de hospitalización del IMSS-Bienestar poco antes de las 4:00 de la mañana del viernes anterior, pese a que se encontraba esposado a una cama.
Huyó vestido con una bata de color verde, propiedad del mismo nosocomio, lo que motivó un amplio despliegue policiaco y militar en los alrededores de la referida unidad hospitalaria.
Más tarde, alrededor de las 8:50 de la mañana, fue recapturado por agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, cuando abordaba un autobús suburbano de la ruta Obregón-Mayojusalit.
Se dirigía al municipio de Etchojoa, pero fue interceptado en la carretera Internacional y calle Fresno. Viajaba en el último asiento de la unidad, donde intentó esconderse.
De inmediato fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia del Estado, a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
Después de rendir su declaración ante la autoridad correspondiente, fue reingresado al Centro de Reinserción Social de esta localidad.
El juez fijó un plazo de investigación complementaria que no podrá exceder de seis meses, periodo durante el cual la Fiscalía deberá reunir los datos de prueba necesarios para continuar con el proceso. Esto no significa que dentro de ese mismo plazo necesariamente deba dictarse sentencia.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, el delito de evasión de presos, en su modalidad básica, contempla una pena de tres meses a seis años de prisión, además de una multa de diez a doscientos días.
Sin embargo, al tratarse de servidores públicos que tenían a su cargo la custodia o vigilancia del detenido, la ley prevé un incremento de una tercera parte de la pena.
En términos prácticos, la sanción podría ir aproximadamente de cuatro meses hasta ocho años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de ocho a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
Todo dependerá de la conducta específica que la Fiscalía les atribuya y de las pruebas que logre acreditar durante el proceso.
La prisión preventiva constituye únicamente una medida cautelar y no implica que los agentes sean culpables. Ambos deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.