Hasta con ocho años de cárcel y multas de más de 200 mil pesos, se sancionarán a quienes presten servicios educativos sin la autorización oficial o reconocimiento de validez oficial de estudios, luego de que el pleno del Congreso de Tamaulipas aprobar reformas al Código Penal.
Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, diputados de Morena, crearon una iniciativa de reforma al Código Penal tras encontrarse con escuelas particulares que funcionan de manera irregular al no contar con autorización y el reconocimiento de validez de estudios.
Además de prisión de hasta ocho años de condena, a los responsables se le impondrán multas de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes entre 117 mil 310 y 234 mil 620 pesos.
La multa será aplicada por cada institución que opere de manera ilegal cuando una misma persona sea responsable de dos o más escuelas. Tener en trámite la autorización o reconocimiento oficial no evitará la responsabilidad penal si el servicio educativo ya se encuentra funcionando, según advierte la reforma.
También, se estableció que será delito de fraude expedir, entregar u ofrecer títulos profesionales, diplomas o grados académicos sin la autenticación de la autoridad o institución pública correspondiente. En el dictamen presentado ante el Pleno Legislativo, se indica que las modificaciones buscarán proteger a los estudiantes y familias de pérdidas económicas y profesionales provocadas por instituciones que operen de manera ilegal.