La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que obligaría a los proveedores de servicios de internet a establecer una política para terminar el servicio a “usuarios infractores reincidentes”.
La propuesta, conocida como “Ley Antimemes”, fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificar el artículo 114 Octies, así como adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El término “Ley Antimemes” se relaciona con el hecho de que un meme puede incluir fotografías, ilustraciones, videos, personajes u otras obras protegidas por derechos de autor.
Sin embargo, el proyecto no contempla una prohibición general para crear o compartir memes. Las medidas planteadas están dirigidas a las infracciones de derechos de autor cometidas por usuarios de servicios de internet.
De acuerdo con el proyecto, la política para suspender el servicio a usuarios reincidentes deberá ser pública y formar parte de las condiciones que permitan a los proveedores conservar el régimen de “puerto seguro” frente a contenidos de terceros.
La propuesta también contempla responsabilidad secundaria para los proveedores que incumplan estas obligaciones y, al mismo tiempo, contribuyan, induzcan o provoquen una conducta infractora con conocimiento de ella, o tengan capacidad para controlarla y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado con la infracción.
La reforma no establece una responsabilidad automática para los proveedores por el contenido que generen o compartan sus usuarios.
El dictamen señala que proporcionar acceso a internet, transmitir información, alojar contenidos o poner herramientas a disposición de los usuarios no será, por sí mismo, motivo de responsabilidad.
Las infracciones contempladas en el proyecto podrían generar multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de sanciones adicionales en caso de que persista el incumplimiento.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sería la autoridad encargada de aplicar las sanciones.
El dictamen sostiene que la reforma no implica vigilancia generalizada, monitoreo permanente de los usuarios ni censura previa. También señala que su objetivo es establecer obligaciones para los proveedores sin eliminar el régimen de “puerto seguro” para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la ley.
La iniciativa plantea además armonizar estas disposiciones con las obligaciones asumidas por México en el T-MEC y con estándares internacionales relacionados con la protección de los derechos de autor en entornos digitales.
Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá continuar con el proceso legislativo y ser sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.