Por Rafael Rentería
Hermosillo. Sonora se mantiene entre las entidades del país con mayor número de llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres, situación que, de acuerdo con la activista de Observatoria Todas MX, Lizette Sandoval Meneses, refleja un problema sistémico que requiere modificar la forma en que se atiende este fenómeno.
La activista manifestó que, durante los últimos cinco años, el estado ha ocupado de manera recurrente posiciones entre los primeros lugares nacionales en este indicador, por lo que consideró necesario analizar la violencia contra las mujeres como un problema epidemiológico y de salud pública, y no únicamente como casos individuales.
“Las llamadas al 911 no representan necesariamente el mismo número de víctimas, debido a que una persona puede solicitar ayuda en varias ocasiones. Además, existe una brecha importante entre las llamadas de emergencia y las denuncias formales, pues estimo que solamente entre 20 y 30 por ciento de estos reportes llega a convertirse en una denuncia”, informó.
Identificó diversos factores relacionados con esta problemática, entre ellos la impunidad, la falta de atención integral, la escasez de policías especializados en violencia de género, la insuficiencia de personal y capacitación, así como la falta de programas sólidos para la reeducación de agresores.
Sandoval Meneses, recordó que la alerta de violencia de género comprende a Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales, Empalme, Guaymas y Cajeme; sin embargo, señaló que no existen indicadores suficientes para determinar con precisión qué tanto han funcionado las medidas implementadas.
“Se requieren políticas territoriales enfocadas en las zonas con mayor incidencia, acompañadas de programas comunitarios de prevención, atención diferenciada para las víctimas y acciones dirigidas a los agresores”, planteó.
También destacó la necesidad de contar con información sobre tiempos de respuesta, reincidencia, cumplimiento de medidas de protección y resultados de las investigaciones. Añadió que factores como el consumo de alcohol y drogas pueden incrementar el riesgo de violencia, por lo que deben incorporarse a las estrategias de prevención. Finalmente, consideró importante fortalecer la participación comunitaria, ya que, al tratarse de un delito que puede perseguirse de oficio, terceros como familiares y vecinos pueden contribuir mediante la denuncia cuando detecten situaciones de violencia.