La Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca que el Gobierno de México asuma la gestión de un programa de integración laboral que conecta a personas refugiadas con empleos en empresas privadas, iniciativa que hasta ahora ha permitido colocar a miles de trabajadores en sectores como el automotriz y electrónico.
Barham Salih, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que la intención es avanzar hacia un esquema administrado por las autoridades mexicanas, que además podría convertirse en referencia para otros países que enfrentan desafíos similares en materia de movilidad humana.
El funcionario explicó que empresas mexicanas y extranjeras han incorporado a personas refugiadas a sus plantillas laborales. De acuerdo con Salih, algunos empleadores las describen como trabajadores confiables y comprometidos, y consideran que su incorporación puede representar también un beneficio para las compañías y para la economía mexicana.
La propuesta ocurre mientras Naciones Unidas enfrenta restricciones financieras que han afectado las operaciones de sus diferentes organismos. Según Bloomberg, Estados Unidos mantiene aproximadamente 4 mil millones de dólares en pagos pendientes a la organización, mientras China también ha presentado retrasos. La agencia de la ONU para los refugiados redujo en un tercio su plantilla durante el último año.
Salih sostuvo recientemente reuniones con autoridades mexicanas para analizar la colaboración entre el organismo internacional y el Gobierno federal, así como la posibilidad de fortalecer los programas de integración para personas refugiadas.
Desde 2016, más de 50 mil personas han sido beneficiadas por el Programa de Integración Local mediante su traslado a regiones de México donde existen mayores oportunidades de empleo. Más de la mitad de las colocaciones laborales se han concentrado en la industria manufacturera, mientras que otras corresponden a sectores como servicios, hotelería y ventas.
El programa no se limita a conseguir un puesto de trabajo. También brinda acompañamiento para facilitar la integración de las personas refugiadas, incluido el acceso a documentación y servicios, además de mecanismos para abrir cuentas bancarias y recibir directamente el pago de sus empleadores.
Ciudades como San Luis Potosí, Monterrey, Aguascalientes y Saltillo han recibido a beneficiarios debido, entre otros factores, a la presencia de corredores industriales y oportunidades laborales.
La estrategia de integración cuenta además con la participación del sector privado. El ACNUR reporta que la Alianza por la Inclusión reúne a más de 650 empresas y que el Servicio Nacional de Empleo figura entre sus principales aliados para ampliar las oportunidades laborales de personas refugiadas y solicitantes de asilo.
De hecho, la transferencia gradual de componentes del Programa de Integración Local al Gobierno mexicano ya está contemplada dentro de la estrategia del ACNUR para el periodo 2025-2027. El organismo prevé acompañar a las autoridades en la construcción de una estrategia nacional y políticas públicas que permitan dar continuidad al modelo.
Paralelamente, durante 2026 la ONU y autoridades mexicanas han avanzado en otras iniciativas de integración socioeconómica. En febrero fue presentado INTEGRAMOS México, programa que contempla facilitar el acceso a empleo formal y servicios de salud, educación, vivienda y protección social para personas migrantes, refugiadas y retornadas.
Para Naciones Unidas, el objetivo de estos mecanismos es que las personas refugiadas puedan incorporarse de manera productiva a las comunidades donde se establecen y contribuir a la economía mediante empleos formales, en lugar de permanecer dependiendo de asistencia humanitaria.