Por Lorenza Sigala

Hermosillo. A casi un año del incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en una tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene procesos judiciales contra 25 personas físicas y una persona moral, informó el fiscal general Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Durante sus declaraciones sobre el avance de las investigaciones, el fiscal señaló que entre los delitos investigados se encuentran los relacionados con el incendio, daños en propiedad ajena y presuntos delitos cometidos por servidores públicos, entre ellos obstrucción e incumplimiento de medidas de seguridad.

Salas Chávez explicó que entre las personas judicializadas hay particulares, profesionales que presuntamente participaron en la alteración de requisitos para obtener permisos y servidores públicos tanto municipales como estatales.

“En este gran grupo de personas, no solamente están involucrados y judicializados, también algunos particulares y profesionales que se prestan para alterar los requisitos para obtener permisos y, por supuesto, hay servidores públicos del municipio y también servidores públicos del Estado”, expresó.

El titular de la Fiscalía aseguró que las actuaciones se han realizado con transparencia e imparcialidad y que las personas señaladas han sido llevadas ante la justicia.

Asimismo, indicó que se mantiene la atención en la reparación del daño para las víctimas del siniestro, además del seguimiento de los procedimientos penales correspondientes.

Respecto a la continuidad de los procesos judiciales, Salas Chávez señaló que están a la espera de que el tribunal establezca la fecha para las siguientes audiencias, en las que se prevé desahogar diversas actuaciones.

El incendio en la tienda Waldo’s, ubicada en el primer cuadro de Hermosillo, ocurrió el 1 de noviembre de 2024 y dejó 24 personas fallecidas, además de personas lesionadas. El caso derivó en investigaciones sobre las condiciones de seguridad del establecimiento, los permisos correspondientes y las posibles responsabilidades de particulares y funcionarios públicos.

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