La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ofrecerá recompensas económicas de entre 100 mil y 60 millones de pesos a las personas que proporcionen información que contribuya a la localización y detención de presuntos delincuentes, como parte de un mecanismo destinado a fortalecer las investigaciones federales.
La medida fue dada a conocer este martes 13 de octubre mediante la publicación de las reglas de operación y funcionamiento del Comité de Recompensas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establecen los procedimientos para analizar, autorizar y entregar los incentivos económicos.
De acuerdo con las disposiciones, las recompensas podrán otorgarse cuando la información proporcionada resulte relevante para las investigaciones y contribuya de manera directa y efectiva a los objetivos de las autoridades ministeriales.
El monto de cada incentivo no será uniforme, ya que dependerá de las características del caso, la importancia de la persona investigada y el impacto de las actividades delictivas que se le atribuyan.
Para determinar las cantidades, los integrantes del Comité de Recompensas deberán evaluar conjuntamente distintos criterios relacionados con la gravedad y trascendencia de los hechos investigados.
Entre los factores considerados se encuentra la jerarquía que ocupa la persona buscada dentro de una organización delictiva, así como su nivel de participación y la importancia de las actividades que presuntamente realiza.
También se tomará en cuenta la repercusión social de los delitos, particularmente cuando se trate de hechos que representen afectaciones excepcionales a la seguridad, la convivencia y otros intereses protegidos por el Estado mexicano.
Las autoridades deberán valorar las circunstancias particulares de cada investigación antes de autorizar el ofrecimiento de una recompensa.
Con este procedimiento, la FGR busca establecer criterios para determinar qué casos ameritan incentivos económicos y qué cantidad corresponde ofrecer según su relevancia.
El nuevo comité estará integrado por representantes de distintas fiscalías especializadas de la institución, entre ellas las áreas de Control Competencial, Control Regional y Delincuencia Organizada.
También participarán las fiscalías especializadas en Delitos Electorales, Combate a la Corrupción, Derechos Humanos, Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, así como Asuntos Internos.
La participación de estas áreas permitirá revisar propuestas relacionadas con diferentes modalidades delictivas y determinar si cumplen con los requisitos establecidos.
Además, las personas titulares de la Oficialía Mayor, la Agencia de Investigación Criminal y el Órgano Interno de Control tendrán la calidad de invitados permanentes en el comité.
Entre sus principales atribuciones se encuentra analizar las solicitudes para ofrecer recompensas y aprobar aquellas que cumplan con las condiciones previstas en la normativa.
El organismo también tendrá la responsabilidad de revisar los informes presentados por las fiscalías especializadas para determinar si procede entregar el dinero a quienes proporcionaron información.
Cuando varias personas hayan contribuido con datos relevantes para una misma investigación, el comité podrá determinar la distribución del monto autorizado entre los participantes.
La decisión deberá sustentarse en la información disponible y en los elementos que permitan establecer la utilidad de las aportaciones realizadas.
Uno de los aspectos centrales de las nuevas reglas es la protección de la identidad de los ciudadanos que colaboren con las autoridades.
La FGR estableció que los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán mantener comunicación con las personas que proporcionen información, sin revelar sus datos personales durante el procedimiento.
La confidencialidad deberá garantizarse desde la recepción de los datos hasta la eventual entrega de la recompensa.
El acuerdo precisa que la identidad de los informantes permanecerá bajo estricta reserva, por lo que sus nombres y datos de identificación no podrán divulgarse públicamente.
Esta disposición busca ofrecer condiciones de seguridad a quienes decidan colaborar con investigaciones relacionadas con personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.
Sin embargo, proporcionar información no significa que el pago de una recompensa sea automático.
Las autoridades deberán corroborar los datos recibidos y comprobar que hayan contribuido de manera directa y efectiva al desarrollo de la investigación correspondiente.
Solamente después de verificar su utilidad podrá determinarse la procedencia del incentivo económico.
El procedimiento también contempla la intervención de las áreas responsables de cada investigación, que deberán presentar los informes y elementos necesarios para respaldar la solicitud de pago.
La FGR busca que las decisiones sobre las recompensas se encuentren sujetas a mecanismos de revisión institucional y a criterios previamente establecidos.
Este tipo de incentivos económicos ha sido utilizado anteriormente por las autoridades mexicanas como una herramienta para obtener información relacionada con personas buscadas por delitos de alto impacto.
Las recompensas pueden contribuir a obtener datos sobre la ubicación de presuntos responsables, sus actividades o sus vínculos con organizaciones delictivas, aunque su efectividad depende de la verificación de la información y de las investigaciones posteriores.
La publicación de las nuevas reglas establece un marco para que las fiscalías especializadas soliciten y evalúen este mecanismo cuando consideren que puede contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos.
Los montos contemplados, que van desde 100 mil hasta 60 millones de pesos, permitirán establecer diferentes niveles de recompensa según las circunstancias y relevancia de cada caso.
No obstante, la cantidad máxima no se ofrecerá de manera generalizada, sino que deberá justificarse mediante los criterios establecidos y la aprobación del comité correspondiente.
La institución tampoco anunció en esta publicación una lista específica de personas buscadas ni precisó cuántas recompensas serán autorizadas inicialmente.
Con estas disposiciones, la Fiscalía General de la República pretende fortalecer la colaboración ciudadana en las investigaciones federales, al tiempo que establece procedimientos para verificar la información recibida, determinar los pagos y proteger la identidad de quienes contribuyan a la localización de personas investigadas por la comisión de delitos.