Después de una discusión que se prolongó durante más de 12 horas, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla recursos por aproximadamente 10.6 billones de pesos para financiar el gasto público del próximo año.
El dictamen fue avalado con 340 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 109 legisladores votaron en contra. Tras su aprobación, el documento fue enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La propuesta, presentada por el Ejecutivo federal como parte del Paquete Económico 2027, establece una estimación de ingresos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, provenientes de distintas fuentes de financiamiento, principalmente la recaudación de impuestos.
De acuerdo con las previsiones aprobadas, aproximadamente 6.2 billones de pesos corresponderían a ingresos tributarios, mientras que se contempla un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos.
Estas cantidades forman parte de las proyecciones financieras del Gobierno federal para el próximo año y servirán como referencia para determinar los recursos disponibles para programas sociales, servicios públicos, infraestructura y demás compromisos presupuestarios.
La aprobación ocurrió después de una extensa jornada legislativa que comenzó el miércoles 14 de octubre, cuando el pleno avaló el proyecto en lo general con 331 votos a favor y 118 en contra.
Posteriormente, los diputados iniciaron el análisis de las modificaciones propuestas por los distintos grupos parlamentarios, proceso que se extendió hasta las primeras horas del jueves.
Durante la discusión en lo particular se presentaron 426 reservas, las cuales fueron abordadas mediante la participación de aproximadamente 90 legisladores que subieron a tribuna para defender sus propuestas o expresar sus posicionamientos.
Sin embargo, de todas las modificaciones planteadas, solamente una fue aceptada por la mayoría parlamentaria.
Se trató de una reserva presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, relacionada con los estímulos fiscales para contribuyentes que mantienen adeudos con las autoridades hacendarias.
La modificación establece que las personas físicas y morales, incluidos los grandes contribuyentes, podrán acceder a un beneficio equivalente al 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución asociados con determinados adeudos fiscales.
Para obtener este beneficio, los interesados deberán presentar las declaraciones correspondientes y pagar el monto principal de sus contribuciones pendientes en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
El esquema contempla adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y años anteriores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la disposición.
Además, podrá aplicarse a obligaciones pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Entre las condiciones para acceder al estímulo se encuentra la obligación de corregir las irregularidades fiscales detectadas por las autoridades y regularizar la situación tributaria dentro de los plazos establecidos.
Los contribuyentes tampoco deberán mantener litigios relacionados con los créditos fiscales correspondientes o, en su caso, tendrán que desistirse de los procedimientos que hayan promovido.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la eliminación del límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales que actualmente restringe el acceso a este tipo de beneficios.
Con esta modificación, el programa podrá incluir a empresas y contribuyentes de mayor capacidad económica, siempre que cumplan con los requisitos previstos.
Ricardo Monreal explicó que la propuesta representa una ampliación del esquema de regularización fiscal implementado anteriormente y que su propósito es facilitar la recuperación de recursos que permanecen pendientes de pago.
El legislador sostuvo que el beneficio no implica cancelar los impuestos que originalmente debían cubrirse, ya que la obligación de pagar el monto principal se mantiene.
En ese sentido, señaló que el estímulo únicamente se aplicará a las sanciones y cargos adicionales, mientras que el adeudo tributario deberá liquidarse para acceder al programa.
Monreal también afirmó que la modificación responde a compromisos relacionados con el sector empresarial y mencionó al Consejo Coordinador Empresarial como parte de las conversaciones que motivaron la propuesta.
De acuerdo con el coordinador parlamentario, el programa de regularización fiscal vigente permitió recuperar aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos mediante la participación de alrededor de 38 mil contribuyentes.
Con la eliminación del límite de ingresos, consideró que podría ampliarse el número de personas y empresas que decidan ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.
No obstante, la reserva provocó cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes señalaron que la medida podría representar un trato favorable para grandes contribuyentes con adeudos elevados.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentaron que la modificación genera dudas sobre su constitucionalidad y criticaron la posibilidad de otorgar beneficios a empresas que no cumplieron oportunamente con sus obligaciones tributarias.
El legislador panista Federico Döring cuestionó que el estímulo se amplíe a contribuyentes de gran capacidad económica, mientras que representantes del PRI consideraron que la propuesta podría constituir una forma de condonación fiscal.
Por su parte, Morena defendió la modificación al señalar que la medida no elimina el pago de impuestos, sino que establece incentivos para recuperar recursos que de otra manera podrían permanecer sin cobrarse.
Las diferencias también se extendieron al nivel de endeudamiento previsto para el próximo año.
Legisladores de oposición criticaron que la Ley de Ingresos contemple un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y advirtieron sobre el incremento del costo financiero de la deuda pública.
Durante sus intervenciones, señalaron que una parte importante de los recursos presupuestarios se destina al pago de intereses y otros compromisos financieros adquiridos en ejercicios anteriores.
En contraste, los representantes de Morena y sus aliados defendieron las proyecciones de ingresos y financiamiento, al considerar que permitirán mantener la operación de los programas gubernamentales y atender las prioridades de la administración federal.
El debate también estuvo marcado por enfrentamientos verbales entre legisladores de diferentes partidos, particularmente entre integrantes del PT y del PAN.
Las diputadas Margarita García y Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, protagonizaron intercambios con legisladoras panistas, entre ellas Kenia López Rabadán, a propósito de los posicionamientos expresados durante la sesión.
Los desacuerdos derivaron en señalamientos sobre la actuación de las bancadas y el manejo de las discusiones parlamentarias, aunque no modificaron el resultado final de la votación.
Después de revisar las reservas, el pleno procedió a la votación definitiva del dictamen, que fue aprobado con el respaldo de la mayoría oficialista y el voto en contra de los principales partidos de oposición.
Con esta decisión, la Cámara de Diputados concluyó su participación en la aprobación de la Ley de Ingresos 2027 y remitió el proyecto al Senado de la República.
La Cámara alta deberá analizar el documento, discutir su contenido y determinar si ratifica las disposiciones aprobadas o realiza modificaciones.
El Senado tiene como plazo el 31 de octubre para concluir el análisis de la Ley de Ingresos, de acuerdo con el calendario legislativo aplicable al paquete económico.
En caso de que los senadores introduzcan cambios, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión antes de continuar con el procedimiento correspondiente.
La Ley de Ingresos es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica federal, ya que establece las fuentes de recursos con las que el Gobierno prevé financiar sus actividades durante el ejercicio fiscal.
A diferencia del Presupuesto de Egresos, que determina cómo se distribuirá el gasto público, la Ley de Ingresos define las cantidades que se espera obtener mediante impuestos, derechos, aprovechamientos, ingresos de organismos públicos y financiamiento.
Por ello, su aprobación constituye una etapa necesaria para integrar el marco financiero que regirá la operación de la administración pública federal durante 2027.
Entre los principales aspectos del proyecto destacan la estimación de recursos superiores a 10.6 billones de pesos, la previsión de 6.2 billones en ingresos tributarios y la autorización de endeudamiento interno por hasta 1.7 billones.
A estos elementos se suma la modificación al programa de regularización fiscal, que permitirá a contribuyentes con adeudos de ejercicios anteriores acceder a estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución, sin el límite de ingresos que anteriormente restringía su aplicación.
Aunque la Cámara de Diputados ya concluyó la aprobación del dictamen, la Ley de Ingresos todavía deberá superar la revisión del Senado antes de completar su proceso legislativo.
De esta manera, el Congreso de la Unión avanza en la discusión del Paquete Económico 2027, mientras permanecen abiertas las diferencias entre las fuerzas políticas sobre el endeudamiento público, la recaudación y los beneficios fiscales contemplados para el próximo año.