Por unanimidad, con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para castigar con hasta 20 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para incorporarlos al crimen organizado.
Durante la sesión de esta tarde, el pleno avaló modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas en materia de reclutamiento criminal. La reforma establece que las penas podrán aumentar hasta 10 años más cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean migrantes o cuando quienes cometan el delito sean funcionarios o exintegrantes de alguna corporación de seguridad pública o de la Fuerza Armada permanente.
Buscan cerrar vacío jurídico
Al explicar el alcance de la reforma desde la tribuna, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) señaló que la ausencia de un tipo penal específico no significa que el reclutamiento forzado no exista.
Esto implica, dijo, “que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”.
La legisladora destacó que, cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos terminan investigándose bajo otras figuras delictivas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
“Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos”, señaló.
Añadió que el reclutamiento forzado puede llevarse a cabo mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades con altos niveles de pobreza y marginación.
Asimismo, indicó que, cuando el delito se comete contra niñas, niños o adolescentes, también debe investigarse quién los captó, cómo los incorporó, si hubo amenazas o violencia y de qué manera se aprovecharon sus condiciones de vulnerabilidad.
Alertan sobre reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo
Por su parte, el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas destacó que los cambios legales reconocen la realidad del reclutamiento de jóvenes mediante redes sociales o anuncios impresos que ofrecen empleos falsos, así como a través de amenazas o incluso coacción.
“Detrás de cada joven reclutado por la delincuencia hay una familia que vive una auténtica pesadilla: una madre que no sabe dónde está su hijo, un padre que recorre hospitales y fiscalías buscando respuestas, hermanos que esperan escuchar una llave en la puerta, y familias que todos los días se preguntan si volverán a abrazar a quien aman”, señaló.
Expuso que no hay dolor más profundo que buscar a un hijo sin saber si está vivo, dónde se encuentra o si algún día regresará a casa. Por ello, sostuvo que se necesita una ley que permita perseguir eficazmente a quienes reclutan y, al mismo tiempo, garantizar una protección integral a las víctimas, particularmente a niñas, niños y adolescentes.
Denuncian reclutamiento de niños de siete años
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que la reforma busca combatir una realidad presente en estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde el reclutamiento forzado alcanza incluso a niños de siete años.
“En Chihuahua, mi estado, los niños de esa edad pueden correr por la sierra baja, conocen perfectamente las montañas y son ágiles, y por ello los meten al tema del negocio de la siembra de amapola”, refirió.
Sin embargo, puntualizó que estos menores “no son delincuentes, están ahí porque es eso o los matan. Y esos niños son víctimas no solamente de trata, sino de un secuestro abierto”.
La legisladora lamentó que este fenómeno haya permanecido invisible durante años y afirmó que, con la reforma, la Cámara lanza “un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, niños y adolescentes no se tocan y que, además del delito que comete el crimen organizado o delitos en contra de la salud, hoy también enfrentarán otro delito que tiene que ver con este reclutamiento forzado”.