La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció este viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso indebido de recursos públicos, después de que se divulgaran señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo.
Esto se dio a conocer apenas un día después de que Guadalupe Taddei, presidenta del INE, respondiera públicamente a las acusaciones y las calificara de infundadas.
La acusación apuntan a un esquema de contrataciones multimillonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua, así como a presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y esos proveedores que plantearían posibles conflictos de interés.
Entre los exfuncionarios se señaló a una persona identificada como presunto chofer personal de Taddei, lo cual ella negó. Así mismo, se cuestiona si exfuncionarios declararon con veracidad en sus declaraciones patrimoniales, en las que negaron tener participación en empresas relacionadas con los contratos.
El caso había llegado a la mañanera de Claudia Sheinbaum Pardo tres días antes del anuncio de la ASF, el pasado martes 20 de octubre. La presidenta afirmó que pediría a la Auditoría Superior de la Federación realizar una inspección a la institución para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.
La ASF informó que la revisión no solo se limitó al INE, sino que también abarcó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.