La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) buscará llevar al Congreso de la Unión las conclusiones de un foro sobre el derecho a una muerte digna, con el propósito de contribuir al análisis legislativo de las iniciativas que buscan regular este tema en México.
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, afirmó que la dignidad humana, la libertad y la autonomía de las personas que enfrentan enfermedades y condiciones de vulnerabilidad deben respetarse hasta el final de la vida.
Durante el encuentro, explicó que existen diversas propuestas legislativas en la materia, entre ellas la denominada ley Trasciende, que han contribuido a colocar la discusión en la agenda pública. Señaló que corresponde al Poder Legislativo analizar sus alcances y determinar su viabilidad, mientras que la CNDH tiene la responsabilidad de procurar que los derechos y la dignidad de las personas permanezcan en el centro del debate.
Piedra Ibarra anunció que las conclusiones del foro serán enviadas a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, como material de apoyo para sus deliberaciones. También aseguró que el organismo acompañará a las organizaciones civiles que impulsan estas propuestas “en el cabildeo necesario para lograr su discusión y aprobación”.
La titular de la CNDH sostuvo que la protección de la vida y la salud “debe comprender también las condiciones en que las personas atraviesan sus momentos más complicados, el acceso a cuidados adecuados, el alivio del sufrimiento y el respeto a su voluntad en condiciones límite”.
Impulsan la autonomía de los pacientes
Samara Martínez, activista de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! e impulsora de la ley Trasciende, señaló que la iniciativa no busca restarle valor a la vida, sino reconocer la dignidad de las personas y garantizar que se escuche la voluntad de los pacientes.
Por su parte, Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica Laboratorio para la Democracia y de la Coalición Muerte Digna, destacó que la defensa de este derecho ha sumado respaldo social.
De acuerdo con Guilabert, la propuesta cuenta con cerca de 200 mil firmas y el apoyo de más de 4 mil profesionales de la salud.