Con 314 votos a favor, 117 en contra y ninguna abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley de Inversión Extranjera, con las que se amplía la participación de autoridades de seguridad y defensa en la revisión de operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
Los cambios incorporan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), con derecho a voz y voto.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que, por motivos de seguridad nacional, las inversiones extranjeras que busquen adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital social de una empresa mexicana deberán contar con una resolución favorable de la CNIE cuando el valor total de sus activos supere el límite establecido por la propia Comisión mediante una resolución general.
La disposición contempla sectores estratégicos como energía, minería, transporte, telecomunicaciones, inteligencia artificial, semiconductores, datos personales y seguridad alimentaria.
Además, el dictamen establece que los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participen como invitados permanentes en las sesiones relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Estas autoridades tendrán voz, pero no voto.
La CNIE también deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre sus actividades en materia de seguridad nacional y comparecer ante las comisiones legislativas correspondientes cuando sea requerida.
En los casos en que el valor de los activos de una empresa no supere el límite establecido, pero la inversión extranjera pretendida rebase el 49% del capital social, el trámite ante la Comisión será voluntario.
Señalan inconsistencias en el dictamen
Durante la fundamentación del proyecto, Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, afirmó que la reforma busca conciliar la atracción de capital productivo con la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, advirtió sobre inconsistencias de técnica legislativa que, señaló, fueron avaladas por la bancada de Morena y provenían del Senado de la República.
“La minuta se refiere en el artículo 30 Ter a una secretaría técnica de la Comisión de Inversión Extranjera que no existe en la ley. En la ley existe el secretario ejecutivo de esta comisión. Cambiaron el término y aun así lo aprobaron en la comisión. Considero que debemos ser responsables, compañeras y compañeros, responsables ante la ciudadanía y responsables ante el desempeño de nuestro cargo. Y en ese sentido de responsabilidad deberíamos entregar al pueblo de México una legislación que no contenga vicios formales, que posteriormente puedan ser materia de litigios”, apuntó el legislador al pedir a la Mesa Directiva subsanar los términos antes del envío al Ejecutivo Federal.
En defensa de la reforma, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sostuvo que México necesita inversiones y tecnología sin descuidar los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
“Las amenazas a la seguridad nacional no se limitan al ámbito militar o territorial, también pueden derivar de factores económicos, financieros, tecnológicos, cibernéticos y transnacionales y pueden afectar la estabilidad y las capacidades estratégicas del Estado. Las amenazas pueden valerse de estructuras empresariales y operaciones de inversión para introducir recursos ilícitos en la economía formal, o para tomar el control de nuestros activos críticos. En esta Ley se establecen reglas a la altura del éxito económico de México que vive un momento histórico de atracción de capital”, argumentó.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Alejandro Aguilar López, señaló que durante el primer semestre de 2026 México captó 34 mil 965 millones de inversión extranjera directa. Con ese argumento, respaldó otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades para prevenir el ingreso de recursos irregulares.
“Porque detrás de una compra puede haber lavado de dinero, evasión fiscal o intereses que nada tienen que ver con el desarrollo de México. Da reglas claras, 45 días hábiles para resolver y tres caminos posibles: autorizar, autorizar con condiciones o impedir, y quien desobedezca enfrentará multas millonarias y podrá ser obligado a deshacerse de lo que adquirió”, remarcó.
En contraste, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, advirtió que la incorporación de autoridades militares y de seguridad podría generar presiones contra la iniciativa privada mediante la negativa ficta.
“Ustedes no están protegiendo la seguridad nacional, no, ¡por favor! Están creando un botín militar para la extorsión burocrática y el control mayoritario, y miren la monstruosidad legal que están aprobando, porque seguro que ninguno de ustedes ha leído el dictamen: le están entregando un cheque en blanco a la arbitrariedad. Están facultando a una comisión militarizada para inventar sectores de riesgo, sin pasar por este Congreso; hoy es la energía, mañana cualquier industria que se les cuadre a sus caprichos”, concluyó.