Por Lorenza Sigala
Hermosillo. La regidora de San Javier, Adilene Quijada Amavizca, denunció presuntas amenazas relacionadas con un conflicto por la administración del rancho El Ranchito, ubicado rumbo a la carretera a Yécora, y señaló que recibió una llamada telefónica en la que una persona que se identificó como agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le habría exigido retirar una denuncia, bajo advertencias de consecuencias más graves.
La funcionaria municipal, representante de Movimiento Ciudadano, explicó que el conflicto comenzó hace aproximadamente seis meses, cuando ella y su esposo se desempeñaban como administradores del rancho. Según su testimonio, un hombre identificado únicamente como Romeo habría aprovechado la situación para quitarles documentación y asumir el control de la administración del inmueble.
Quijada Amavizca relató que inicialmente recibió comentarios de habitantes de la comunidad sobre presuntas amenazas en su contra, hasta que la semana anterior recibió una llamada de un número que aparecía como desconocido. Durante la comunicación, el interlocutor le habría advertido que enfrentaría consecuencias si no desistía de la denuncia.
“Pues he vivido amenazas. Todo empezó con habladurías primero. Ya me decía gente del mismo pueblo, oye, dice Romeo que no sabe cómo estás viva, oye, dice Romeo que te va a ir peor, oye, dice Romeo… Así empezó, ¿no? Ya en la semana pasada recibí una llamada de un número desconocido y me dicen que si no retiro la denuncia que después me va a salir peor a mí. No lo sé, la verdad, pero sí me llamó un AMIC a mí y bueno, eso me dijo que era AMIC, ¿no? Y el número decía desconocido. O sea, no pude ver el número realmente. Me dijo, soy agente de la AMIC nada más. Me pidió que retirara la denuncia, si no después iba a tener consecuencias más graves, que porque Romeo tenía dinero y él podía quitarse un garrotazo, pero que yo no. Eso fue lo que me dijo”, expresó.
La regidora precisó que el presunto agente no le proporcionó mayores datos de identificación y que no pudo verificar el número telefónico desde el que recibió la llamada. Por ello, no confirmó si la persona que se comunicó con ella pertenece realmente a la corporación ministerial.
Ante estos hechos, informó que interpuso una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE), así como otra ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que resulte de los hechos denunciados.
La funcionaria también señaló que, desde su perspectiva, habitantes de San Javier evitan pronunciarse públicamente por temor al hombre al que señala, debido a su capacidad económica y a presuntos antecedentes de conflictos similares con otras personas de la localidad.
De acuerdo con su versión, el señalado habría apoyado económicamente a personas que iniciaban trabajos de exploración minera y posteriormente habría buscado quedarse con los recursos o el control de las actividades. Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones de la regidora y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
Quijada Amavizca manifestó que esperará a que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y actúen conforme a sus atribuciones.