Por Lorenza Sigala
Hermosillo. La reforma en materia de gestión integral de riesgos y Protección Civil aprobada por el Congreso de Sonora podría generar dificultades para que las víctimas de futuras tragedias reclamen responsabilidades patrimoniales al Estado. Así lo advirtió Ricardo Ballesteros, asesor jurídico de víctimas del incendio de Waldos, quien cuestionó que las atribuciones en esta materia se trasladen a un organismo ciudadano con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Aunque reconoció como positivo que se eleve a rango constitucional el derecho de los sonorenses a la protección civil y a la gestión integral de riesgos, el abogado manifestó su desacuerdo con el diseño de la reforma impulsada por el gobernador Alfonso Durazo, al considerar que podría modificar la forma en que se establecen las responsabilidades cuando ocurren tragedias relacionadas con omisiones en la prevención de riesgos.
“Por eso no comparto yo esta iniciativa de reforma que aprobó el Congreso. Porque difícilmente… Tenemos una ley en el Estado de Sonora que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que habla de que cuando hay una actividad administrativa irregular por parte de un funcionario podemos demandar al Estado. Pero en este caso, ¿cómo vamos a demandar al Estado si esa responsabilidad se la están mandando a un Consejo Ciudadano?”, expresó.
Ballesteros explicó que, de acuerdo con su interpretación, la reforma contempla un instituto de gestión de riesgos y Protección Civil encabezado por un representante ciudadano elegido por el Congreso del Estado, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios.
A su juicio, esta estructura podría generar un problema al momento de determinar quién debe responder jurídicamente y asumir las consecuencias económicas cuando una omisión en materia de prevención, supervisión o atención de riesgos ocasione daños a la población.
El asesor jurídico también cuestionó que los legisladores de las distintas fuerzas políticas hayan aprobado la iniciativa sin realizar modificaciones, pues consideró que una reforma de esta naturaleza requería mayor discusión sobre sus alcances y posibles consecuencias.
Advirtió además que quienes acepten encabezar el nuevo organismo podrían quedar expuestos a responsabilidades personales si no cumplen oportunamente con las medidas de prevención que les correspondan.
“Van a entrar a una rifa de un tigre porque si llega a suceder que en tiempo no hacen una prevención de un riesgo que podamos sufrir los sonorenses, la responsabilidad penal directamente va a recaer en esas personas”, expresó.
Al preguntarle si este nuevo esquema podría entorpecer el acceso a la justicia en una tragedia como la ocurrida en Waldos, el abogado respondió que precisamente esa es una de sus principales preocupaciones, pues considera que la modificación podría dificultar que las víctimas reclamen una reparación patrimonial
La reforma, al momento de la entrevista, todavía no concluía su proceso de aprobación, debido a que permanecía pendiente el aval de la mayoría de los ayuntamientos y posteriormente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
Ballesteros insistió en que los cambios deben analizarse cuidadosamente para evitar que la creación de nuevas estructuras administrativas termine dificultando la exigencia de responsabilidades por parte de las personas afectadas por una tragedia.
A casi un año del incendio que cobró la vida de 24 personas en Hermosillo, el abogado advirtió que el fortalecimiento de la Protección Civil no debe traducirse en un esquema que complique el acceso a la justicia, debilite la responsabilidad de las instituciones o deje a las víctimas con mayores obstáculos para obtener una reparación integral.