Inés Gómez Mont, exconductora de televisión, fue detenida en Miami, Florida, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) tras un operativo en coordinación con autoridades de los Estados Unidos. 

La captura se realizó en base de una orden de aprehensión vigente por el delito de defraudación fiscal equiparada, señalamiento legal el cual reactiva el proceso judicial en su contra tras haber permanecido prófuga de la justicia mexicana.

De acuerdo con el marco penal mexicano, si la acusada es entregada mediante extradición, vinculada a proceso y hallada culpable por la totalidad de las imputaciones que le atribuye el Ministerio Público Federal, podría alcanzar una sentencia de hasta 40 años de prisión.

La acusación central, la cual está confirmada por la FGR para sustentar la captura en territorio estadounidense, es la de defraudación fiscal equiparada. Las sanciones estipuladas en el Código Fiscal de la Federación varían en proporción directa con el monto omitido ante el fisco:

De 3 meses a 2 años de prisión si la cantidad no excede los $2,531,920.00 pesos.

De 2 a 5 años de cárcel cuando la suma es superior a $2,531,920.00 pesos y no rebasa los $3,797,870.00 pesos.

De 3 a 9 años de prisión en los casos donde el monto retenido u omitido sobrepasa los $3,797,870.00 pesos.

De 3 meses a 6 años de prisión para expedientes donde no sea posible determinar el monto exacto de la defraudación.

Las normativas fiscales vigentes establecen además que las condenas por este ilícito pueden incrementarse en caso de que un juez federal determine la existencia de agravantes durante el desarrollo del proceso penal.

A la orden de aprehensión se le suman carpetas de investigación por presunta participación en una red que simulatizaba operaciones comerciales mediante la emisión de facturas falsas. 

En caso de ser procesada por el catálogo completo de señalamientos, las condenas previstas en la legislación penal son:

La delincuencia organizada es el cargo con el castigo más severo contemplado por la ley, fijando un rango de 20 a 40 años de cárcel.

Se establece de 5 a 15 años de prisión, además de sanciones económicas, por lavado de dinero.

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