El cambio en la estructura de Protección Civil de Sonora podría dificultar que el Estado sea señalado como responsable ante una eventual tragedia, advirtió Ricardo Ballesteros López, abogado de familiares de cuatro víctimas del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo.
El litigante cuestionó que las atribuciones de supervisión y prevención sean trasladadas a un organismo autónomo, pues consideró que esta modificación podría complicar los procedimientos legales para exigir responsabilidades a las autoridades estatales cuando existan omisiones en materia de seguridad.
“¿Cómo vamos a demandar al Estado si esa responsabilidad se la están mandando a un consejo ciudadano?”, expresó, al advertir que quienes integren la nueva estructura podrían enfrentar directamente las consecuencias legales por incumplimientos en sus funciones.
La reforma constitucional, aprobada en octubre por el Congreso de Sonora, contempla la creación de un instituto autónomo de Protección Civil, con órganos de dirección y asesoría encargados de fortalecer la vigilancia de las condiciones de seguridad en establecimientos e inmuebles.
Ballesteros López señaló que la designación de quienes encabezarán el Comité Técnico, el Consejo Ciudadano y el Consejo Técnico Asesor estará a cargo del Poder Legislativo, mediante un proceso de convocatoria.
“Todavía falta que los ayuntamientos del estado avalen la modificación constitucional y que posteriormente se elaboren las leyes secundarias que establecerán las facultades y obligaciones del nuevo organismo”, aseveró.
El abogado consideró, que esa legislación será una oportunidad para precisar el alcance de las responsabilidades e incluir disposiciones que permitan mantener la obligación de las autoridades estatales de responder ante posibles fallas en la prevención de riesgos.