El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) para cuestionar su política de ofrecer colegiaturas con tarifas de residentes del estado a migrantes que permanecen en el país sin autorización legal.
La acción forma parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y se suma a una serie de medidas legales emprendidas por su gobierno contra instituciones educativas que mantienen este tipo de beneficios.
Más de una veintena de estados llegaron a ofrecer tarifas preferenciales en el costo de las matrículas, una medida que en muchos casos contaba con el respaldo de integrantes de ambos partidos. Sin embargo, desde que la administración Trump comenzó a presentar demandas el año pasado, entidades como Kentucky, Illinois, Nebraska, Oklahoma, Texas, Kansas y Florida eliminaron estas políticas.
Las impugnaciones más recientes se han dirigido contra universidades específicas. El mes pasado, por ejemplo, el gobierno presentó una demanda contra la Universidad de Delaware.
Por su parte, un portavoz de Penn State, institución que cuenta con 86 mil estudiantes, señaló que la universidad ya tiene conocimiento de la acción legal y que actualmente se encuentra revisando su contenido.
La demanda se presenta en un contexto en el que Estados Unidos observa posibles cambios en sus políticas migratorias y educativas, luego del revés que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes.
En su argumentación, el gobierno federal sostiene que la legislación estadounidense impide que los estados concedan beneficios preferenciales a personas que se encuentran en el país sin autorización legal, incluso cuando cumplen con los requisitos de residencia estatal.
“El Departamento de Justicia continúa este día con sus esfuerzos para garantizar que ninguna ley estatal ni política universitaria otorgue un trato preferencial a extranjeros ilegales por encima de los propios ciudadanos de nuestra nación”, declaró Stanley Woodward, alto funcionario del Departamento de Justicia, mediante un comunicado.
En contraste, quienes respaldan estas políticas consideran que no se infringe la legislación federal cuando las mismas tarifas se ofrecen a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en condiciones equivalentes, es decir, que residen en el estado y se graduaron de alguna de sus escuelas secundarias.
Muchos de los jóvenes beneficiados llegaron a Estados Unidos junto con sus padres cuando eran niños. Quienes defienden estas medidas argumentan que han crecido y formado parte de sus comunidades en igualdad de condiciones que los ciudadanos estadounidenses.