La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los señalamientos sobre presuntas irregularidades y una red de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tendrían antecedentes desde la década de 1990.

La mandataria hizo referencia a los hermanos Hernández Casillas, a quienes se ha vinculado con una red de empresas proveedoras de material electoral que habría mantenido relaciones comerciales con el organismo durante varios años.

De acuerdo con los señalamientos expuestos, las compañías relacionadas con estos empresarios habrían participado en distintos procesos de contratación, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles acuerdos entre proveedores y la forma en que se asignaron contratos públicos.

Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades deben analizarse considerando los antecedentes de las administraciones anteriores, en lugar de atribuir el problema únicamente a la actual presidencia del instituto.

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio los contratos del INE, particularmente aquellos relacionados con la adquisición de materiales y servicios electorales, así como los mecanismos utilizados para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Las posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

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