Por Lorenza Sigala
Hermosillo. El temor de que sus hijos sean víctimas de un hecho violento dentro de la escuela llevó a padres de familia de la Secundaria Técnica número 6, ubicada en el sector Coloso Bajo de Hermosillo, a exigir la intervención de las autoridades educativas y de seguridad, luego de una serie de reportes relacionados con armas y amenazas dentro del plantel.
Estela, madre de un alumno de primer año, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva, señaló que durante septiembre se habría localizado un objeto con apariencia de arma de fuego en la mochila de un estudiante del turno vespertino, situación que, según denunció, no fue atendida mediante los protocolos de seguridad correspondientes.
De acuerdo con su testimonio, la directora del plantel, Silvia Leticia Zamudio Armenta, habría tomado el objeto, lo guardó en su bolsa y lo trasladó a su domicilio. Al día siguiente lo habría llevado nuevamente a la escuela y se comunicó con el padre del estudiante para que acudiera por él, sin que se solicitara la intervención inmediata de las autoridades mediante el número de emergencias 911.
La madre de familia explicó que fue hasta este jueves cuando algunos padres fueron convocados a una reunión para abordar lo sucedido y cuestionar a la dirección por no haber informado oportunamente sobre el hallazgo.
Durante ese encuentro, según relató, la directora habría señalado inicialmente que el objeto era de mentira, pero posteriormente habría reconocido que podía tratarse de un arma real.
“Ella dice que pues era de mentira y pues esto sí nos alertó más porque después se contradijo, que si era de verdad el arma, que si era de verdad el arma y que pues tenía mucho miedo de que le fuera a pasar algo”, expresó.
La preocupación de las familias también se relaciona con otros incidentes reportados en la secundaria: un mensaje escrito en una mesa con amenazas contra una maestra, el hallazgo de una daga dentro del plantel y el reporte reciente de una navaja en el turno matutino.
Ante este panorama, los padres cuestionaron qué podría ocurrir si alguno de los estudiantes utilizara un arma contra sus compañeros o maestros y reclamaron que no se atiendan oportunamente las situaciones de riesgo.
“El miedo está, nuestros hijos tienen miedo hasta de acudir o no saben ni qué les va a pasar dentro y fuera de la escuela”, manifestó Estela.
La inconformidad quedó asentada en un escrito fechado el 5 de noviembre, dirigido a la directora del plantel, a Supervisión Escolar y a la Secretaría de Educación y Cultura, en el que los padres exigieron una explicación formal sobre los tres acontecimientos.
En el documento cuestionaron por qué no se llamó inmediatamente al 911, por qué se habría omitido la aplicación de los protocolos de seguridad y por qué no se informó oportunamente a las familias.
Asimismo, exigieron una explicación detallada por escrito, un folio formal por la presunta omisión, un oficio de inconformidad contra la directora y que se proceda con la denuncia correspondiente.
“No nos quedaremos con los brazos cruzados. No se trata de esconder nada. Se trata de erradicar la violencia. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias. No queremos una tragedia mayor”, señalaron en el documento.
Entre sus principales demandas se encuentra la implementación de la operación mochila, además de una mayor vigilancia en ambos turnos, pues aseguran que los conflictos y las situaciones de riesgo no son hechos aislados dentro y fuera de la institución.
Estela también señaló que existen antecedentes de quejas contra la dirección escolar, de las cuales algunos padres cuentan con folios, y pidió a las autoridades educativas que revisen las condiciones en las que estudian sus hijos.
Los padres manifestaron que su intención es evitar que ocurra una tragedia y que las autoridades intervengan antes de que las amenazas o la presencia de objetos peligrosos se conviertan en una agresión.
Por su parte, el reporte sobre el objeto con apariencia de arma de fuego deberá ser investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora o las autoridades competentes, para determinar si se trataba de un arma funcional, establecer su procedencia y esclarecer las circunstancias en que fue retirada del plantel.
La preocupación de las familias permanece: enviar a sus hijos a clases no debería convertirse en un motivo de temor ni obligarlos a preguntarse si regresarán a casa sin haber sido víctimas de la violencia.