El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como “huachicol fiscal”, promovió una nueva demanda de amparo para solicitar que una jueza federal decrete el sobreseimiento de la causa penal por la que permanece preso en el penal del Altiplano desde septiembre de 2025.
El exmando naval presentó el recurso ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, con residencia en Toluca, donde reclamó “la omisión de decretar el sobreseimiento de la causa penal 325/2025 en favor del quejoso, solicitado el 22 de octubre, y de citar para ello a la audiencia del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Sin embargo, dicha audiencia aún no ha sido programada, por lo que Farías Laguna promovió el amparo contra la falta de respuesta a su solicitud, demanda que ya fue admitida a trámite.
Farías Laguna señala falta de pruebas en su contra
El exmando naval está señalado de integrar un grupo delictivo que habría participado en la introducción ilegal de millones de litros de combustible al país, transportados mediante buques.
Además, Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ha enviado diversas cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar su intervención y pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) le proporcione información que le permita ejercer una defensa adecuada.
Asimismo, insistió en que durante la audiencia inicial de la causa penal 325/2025, realizada el año pasado, fue vinculado a proceso sin que existieran pruebas que acreditaran circunstancias de tiempo, modo y lugar.
En su defensa, afirmó que fue “víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación, donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada”.