Las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) avanzaron hacia las instalaciones del organismo, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron diligencias para recabar información relacionada con posibles irregularidades en contrataciones públicas.
Las actuaciones ministeriales se concentraron en áreas administrativas del instituto, particularmente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la Torre Zafiro, al sur de la Ciudad de México.
La presencia de personal de la Fiscalía comenzó esta semana y las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre, de acuerdo con información difundida por El Universal y declaraciones de la presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García.
Sin embargo, la funcionaria aclaró que no se trató de una revisión general de las oficinas ni de un cateo, sino de actuaciones relacionadas con requerimientos específicos de información y acceso a documentación institucional.
¿Qué investiga la FGR dentro del INE?
Las diligencias están relacionadas con denuncias por posibles actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades en contratos adjudicados durante la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en octubre pasado.
Entre los señalamientos que dieron origen a la controversia se encuentran contrataciones relacionadas con empresas vinculadas al proveedor José Alfredo Hernández Casillas, así como posibles relaciones indebidas entre particulares y funcionarios responsables de las adquisiciones electorales.
Una de las áreas bajo revisión es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, anteriormente encabezada por Mario Alfonso Burciaga Esparza, exfuncionario que apareció en un video difundido públicamente durante una reunión con Hernández Casillas.
La relación entre proveedores y servidores públicos forma parte de los hechos que deberán esclarecerse. No obstante, la existencia de vínculos personales o reuniones no demuestra, por sí misma, la comisión de un delito.
De acuerdo con fuentes federales citadas por El Universal, la FGR abrió una carpeta de investigación y el asunto fue turnado a María de Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
La misma información señala que la Fiscalía Especializada solicitó apoyo de la Policía Federal Ministerial para desarrollar las diligencias correspondientes.
Hasta ahora, la FGR no ha difundido públicamente los resultados de estas actuaciones ni información que permita establecer responsabilidades penales individuales.
Blanca Cruz confirma requerimientos y descarta revisión de expresidencia
En declaraciones a medios este viernes, Blanca Cruz confirmó que personal ministerial acudió tanto a la sede de Tlalpan como a las oficinas administrativas de Torre Zafiro.
La consejera presidenta provisional explicó que las autoridades solicitaron acceso a documentación y dirigieron requerimientos a la Secretaría Ejecutiva, área que anteriormente encabezó Claudia Arlett Espino.
“En la oficina de la expresidencia no hubo ninguna diligencia”, puntualizó.
Asimismo, señaló que las solicitudes ministeriales no implican necesariamente inspeccionar todas las oficinas, pues pueden limitarse a consultar expedientes y archivos relacionados con asuntos específicos.
Cruz aseguró que el INE mantendrá su disposición para colaborar con la autoridad investigadora y atender los requerimientos que se formulen conforme avance el procedimiento.
La confirmación representa un cambio frente a lo informado el pasado 10 de noviembre, cuando la propia funcionaria explicó que hasta ese momento no había diligencias en marcha por parte de las autoridades investigadoras.
INE denunció irregularidades y ordenó revisar contratos de diez años
El caso ya había pasado formalmente a manos de las autoridades federales desde el 6 de noviembre, cuando el INE confirmó la presentación de una denuncia por posibles delitos relacionados con el ejercicio de recursos públicos.
La institución explicó entonces que su objetivo era permitir que la FGR investigara los hechos y determinara las responsabilidades correspondientes, sin distinción de personas, cargos o periodos administrativos.
Además, el Consejo General acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
Las medidas también contemplan preservar archivos físicos y electrónicos, elaborar un inventario de contrataciones y facilitar el acceso a la información requerida por las autoridades competentes.
Posteriormente, el 11 de noviembre, el instituto anunció nuevas reglas para sus compras públicas, con prioridad para las licitaciones abiertas, mayores controles de transparencia y la obligación de justificar las adjudicaciones directas.
Estas decisiones buscan revisar las contrataciones cuestionadas y evitar que posibles irregularidades se repitan, sin detener las adquisiciones indispensables para la operación del organismo electoral.