Redacción / El Tiempo
PLAN DE RESCATE PARA GUAYMAS Y EMPALME TRAS PASO DE ‘RAYMOND’
El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la implementación de un plan integral de desarrollo social para atender a las familias afectadas por la tormenta tropical Raymond en los municipios de Guaymas y Empalme. Más allá de las acciones emergentes, la estrategia busca consolidar una respuesta estructural que combine apoyo inmediato con medidas preventivas, demostrando que la reconstrucción también puede ser una oportunidad para fortalecer la justicia social y la resiliencia comunitaria. Durazo encabezó recorridos aéreos y terrestres para supervisar los daños y coordinar el inicio de las acciones de apoyo. Con 157 reportes en distintas zonas, el gobernador destacó que no hubo pérdidas humanas, un dato que resalta la efectividad de los protocolos de protección civil. Las labores inmediatas incluyen un censo de afectados, la entrega de apoyos directos por medio del programa estatal del Bienestar, y la aplicación de un plan de vivienda que atienda los casos más graves. La intervención no se limitará a la reparación, sino que contempla acciones de prevención.
ALERTAN POR FRAUDE EN EL REGISTRO DE BECAS
La reciente denuncia del director de Becas y Crédito Educativo, Abraham Sierra, sobre la presencia de “coyotes” que cobran por registrar a niñas y niños en las convocatorias del programa Sonora de Oportunidades, revela una práctica tan lamentable como peligrosa: la manipulación de la necesidad económica y la desinformación de las familias. Cobrar entre 50 y 70 pesos por un trámite gratuito no solo constituye un abuso, sino un intento de lucrar con los derechos educativos de la población más vulnerable. Sierra explicó que las quejas llegaron a través de mensajes directos en redes sociales del instituto, donde se detectaron páginas que ofrecen supuestos “apoyos” para realizar el registro a cambio de dinero. El funcionario fue claro: el Instituto de Becas no cuenta con gestores y todas las jornadas se llevan a cabo de manera gratuita, con personal oficial y capacitado en distintos planteles educativos. La advertencia no solo busca detener los abusos, sino también fomentar una cultura de prevención y confianza institucional. Estas prácticas se aprovechan del desconocimiento y la falta de acceso digital de muchas familias, que ven en estas supuestas ayudas una vía más fácil para inscribirse.
VERACRUZ SIN SEGURO Y SIN RESPALDO
La decisión de la gobernadora Rocío Nahle de no renovar la póliza de seguro contra desastres naturales ha puesto al gobierno veracruzano bajo la lupa, sobre todo después de las lluvias torrenciales que dejaron cientos de damnificados en varias regiones del estado. En lugar de mantener la cobertura contratada por la administración anterior, Nahle optó por crear la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), un organismo estatal que, según diversos reportes, carece de los recursos y el personal necesarios para operar ante una emergencia de esta magnitud. El seguro vencido el pasado 30 de mayo cubría una amplia gama de riesgos —desde ciclones e inundaciones hasta terremotos y erupciones volcánicas—, protección que hoy no existe. La apuesta de la mandataria por sustituir la póliza privada con una aseguradora pública parecía, en el papel, un paso hacia la autonomía financiera del estado. Sin embargo, la realidad ha mostrado que la improvisación institucional puede costar caro cuando se trata de proteger vidas y patrimonio. Mientras los municipios más afectados enfrentan pérdidas materiales y humanas, la gestión de Nahle ha sido señalada por su falta de reacción inmediata. Su visita a Poza Rica, donde los habitantes le reclamaron por la ausencia de ayuda y por las personas no localizadas, evidenció el descontento ciudadano.
CAEN SEÑALAMIENTOS SOBRE ANDY LÓPEZ BELTRÁN
Las revelaciones sobre una presunta red de tráfico de combustible vinculada a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, abren un nuevo capítulo en la discusión sobre el poder político y sus herencias. La investigación presentada por Código Magenta señala que “Andy” habría tejido, durante el sexenio pasado, una estructura al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) para operar el llamado huachicol fiscal, una práctica que implica la importación irregular de combustibles mediante esquemas jurídicos y fiscales simulados. De confirmarse, el caso no sólo comprometería a un integrante de la élite política de Morena, sino también al discurso de honestidad y transparencia que el propio López Obrador enarboló durante su administración. Las acusaciones apuntan a que, bajo la sombra del poder presidencial, se habría permitido la permanencia de 27 personas cercanas a Andy en puestos clave relacionados con la importación y distribución de hidrocarburos, lo que refuerza la percepción de una red consolidada más allá del sexenio. La gravedad del asunto trasciende lo mediático. No se trata únicamente de un presunto caso de corrupción, sino de una señal de alerta sobre los mecanismos de impunidad y continuidad en las estructuras estatales.
LEGISLADORES DEBERÁN COMPROBAR DESTINO DE RECURSOS… O DEVOLVERLOS
La reciente investigación que reveló el cobro irregular de más de 100 millones de pesos por parte de diputados de Morena pone en entredicho la congruencia entre el discurso y la práctica del partido en el poder. Los recursos, destinados a oficinas de enlace ciudadano, no fueron comprobados por al menos 126 legisladores, quienes tampoco pudieron acreditar la existencia física o virtual de dichos espacios. El hallazgo, detectado por el propio coordinador Ricardo Monreal Ávila, exhibe una preocupante falta de control interno en la bancada mayoritaria. Las oficinas de atención legislativa representan el vínculo directo entre el representante y sus electores; su inexistencia revela un distanciamiento entre quienes deberían escuchar y quienes esperan ser escuchados. A ello se suma que el 60 por ciento de los congresistas morenistas tampoco justificaron los recursos entregados para sus informes anuales, lo que eleva las sospechas sobre el uso discrecional del dinero público.