Redacción / El Tiempo
UNIFORMES, INVERSIÓN Y RESULTADOS
La apuesta del gobierno de Alfonso Durazo Montaño por incrementar de manera histórica el presupuesto para uniformes escolares refleja una política social con impacto directo en la economía familiar, pero también abre un debate necesario sobre eficiencia y resultados. Destinar más de mil 700 millones de pesos en cinco años posiciona al programa como uno de los pilares del apoyo educativo en Sonora, aunque el verdadero desafío no está en la cifra, sino en su ejecución. La entrega puntual, la calidad de los materiales y la transparencia en los procesos de licitación serán determinantes para que el beneficio sea real y no solo discursivo. Si bien es positivo que se garantice que ningún niño se quede sin uniforme, también es indispensable evaluar el impacto del programa en el desempeño escolar y en la reducción de desigualdades. De lo contrario, existe el riesgo de que se convierta en un gasto elevado sin medición clara de resultados. En política pública, el tamaño de la inversión importa, pero lo que realmente la legítima es su efectividad.
PIDEN ACUERDO EN LA UNISON
El llamado de Adolfo Salazar Razo a que sindicatos y autoridades de la Universidad de Sonora alcancen un acuerdo evidencia el delicado equilibrio entre respeto institucional y responsabilidad pública. Afirmar que hoy existe una oferta mejor que la de hace 20 años puede ser cierto en términos históricos, pero resulta insuficiente frente a las demandas actuales de trabajadores que enfrentan un contexto económico distinto y más exigente. El discurso de estabilidad laboral contrasta con una huelga activa, lo que sugiere que la percepción oficial y la realidad de los agremiados no coinciden del todo. Si bien es correcto respetar la autonomía universitaria, también es claro que el conflicto tiene implicaciones sociales que trascienden lo interno, afectando a miles de estudiantes. El riesgo está en normalizar estos paros como parte del sistema, sin atender las causas de fondo. El diálogo es necesario, pero no basta con invocarlo: debe traducirse en propuestas viables que reconcilien las finanzas institucionales con las legítimas aspiraciones laborales.
AYUNTAMIENTOS: PROFESIONALIZAR Y CASTIGAR, EL DOBLE RETO
Las iniciativas impulsadas por Rebeca Irene Silva Gallardo en el Congreso de Sonora apuntan a dos problemas estructurales de los municipios: la falta de profesionalización y la vulnerabilidad del patrimonio público. La idea de certificar a servidores públicos municipales suena necesaria en un contexto donde muchas administraciones operan con improvisación y alta rotación. Sin embargo, el desafío no será aprobar la reforma, sino garantizar que esos estándares realmente se cumplan y no se conviertan en un requisito más en el papel. Por otro lado, endurecer sanciones contra el uso indebido de bienes municipales responde a una demanda constante de combatir la corrupción local, donde los controles suelen ser más débiles. El enfoque es correcto: prevenir y castigar. Pero sin mecanismos efectivos de supervisión, transparencia y seguimiento, el riesgo es que las nuevas herramientas jurídicas terminen subutilizadas. Fortalecer a los municipios implica más que leyes: requiere voluntad política y vigilancia constante. Porque en el nivel local es donde la ciudadanía percibe con mayor claridad si el gobierno funciona… o falla.
CRISIS DE COORDINACIÓN Y SOBERANÍA
Las declaraciones de Omar García Harfuch sobre el desconocimiento de María Eugenia Campos Galván respecto a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua no solo abren dudas, las profundizan. Si la mandataria estatal no estaba enterada, el problema es grave; si sí lo estaba y lo niega, lo es aún más. En ambos escenarios, queda exhibida una falla estructural en la coordinación de seguridad y en el respeto a los canales institucionales. El propio Harfuch intenta acotar el tema al señalar que el intercambio de información es válido, pero no la operación directa de agentes extranjeros, lo que subraya la línea roja de la soberanía nacional. Sin embargo, la falta de claridad sobre qué hacían exactamente esos elementos en territorio mexicano revela vacíos que no deberían existir en un tema tan delicado. La negativa de Maru Campos a acudir al Senado, bajo el argumento de proteger la investigación, puede ser jurídicamente defendible, pero políticamente deja más preguntas que respuestas. Cuando se trata de seguridad y soberanía, el margen para la opacidad no debería ser opción.
REACOMODO EN LA 4T Y CONTROL POLÍTICO
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría del Bienestar, anunciada por Claudia Sheinbaum Pardo, confirma que los movimientos dentro del gabinete responden tanto a decisiones administrativas como a la lógica política del oficialismo rumbo a 2027. Más allá del relevo por Leticia Ramírez Amaya, el trasfondo apunta a la posible llegada de Montiel a la dirigencia de Morena, lo que implicaría fortalecer el control del partido en un momento clave. La jugada no es menor: quien encabece Morena tendrá en sus manos la operación electoral más importante del sexenio. Sin embargo, este tipo de movimientos también reavivan el debate sobre la delgada línea entre gobierno y partido, especialmente cuando perfiles clave transitan de un espacio a otro. Aunque la presidenta ha insistido en separar funciones, los hechos muestran una coordinación estrecha. El reto será mantener la eficacia en la política social mientras se reorganiza la estructura partidista. Porque cuando el equilibrio entre gobierno y movimiento se altera, las decisiones dejan de ser solo técnicas y se vuelven estratégicas.