Por Lorenza Sigala
A sus 81 años, el licenciado Jorge García Ramírez no solo observa la vida pública desde la experiencia, sino que la enfrenta con acciones extremas. Abogado de formación en Derecho Público y con una trayectoria de décadas en el ejercicio profesional, hoy se ha convertido en una de las voces visibles en la manifestación instalada a las afueras del Congreso del Estado de Sonora, donde —desde hace casi dos semanas— sostiene una protesta que mezcla litigio, activismo y convicción jurídica.
De trato firme y discurso estructurado, García Ramírez se presenta como un hombre formado en otra época del país, cuando —según relata— las oportunidades educativas eran limitadas y obligaban a desplazamientos largos para formarse. Parte de sus estudios los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializándose en Derecho Público, rama que —explica— aborda las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como la defensa de derechos fundamentales.
“Servidor, licenciado Jorge García Ramírez, y mi edad es de 81 años a la fecha”, comienza.
Su carrera, dice, comenzó desde la etapa de estudiante, combinando teoría y práctica en un proceso que define como largo pero formativo. Aunque evita cuantificar los casos que ha llevado, reconoce una trayectoria amplia que le ha permitido construir criterio y experiencia en distintas ramas del derecho.
“Desde ahí arranqué… me llevó tiempo desarrollar esa experiencia y ese conocimiento jurídico procesal”, cuenta.
Hoy, ese conocimiento lo coloca no solo como asesor, sino como actor directo en una batalla legal contra el Congreso del Estado, al que acusa de incumplir una sentencia de amparo. La protesta que encabeza tiene origen en una resolución judicial que, afirma, las autoridades han ignorado pese a su carácter definitivo.
“Esa batalla legal que ha perdido el Congreso, aún así no la respetan… hay un mandato constitucional de un juzgado que les ordena cumplir y pagar”, destacó.
Desde su perspectiva jurídica, el incumplimiento no es menor: advierte que podría configurar responsabilidades de carácter penal, administrativo y como servidores públicos, al tratarse de un desacato a una resolución del Poder Judicial de la Federación.
“Efectivamente incurren en responsabilidades de todo orden… por su negligencia y desacato”, expresó.
Más allá del litigio, su presencia en la protesta también refleja una postura crítica sobre el papel de las instituciones y el sentido de las recientes reformas en materia de justicia. Cuestiona abiertamente si los cambios legales tienen sentido cuando —afirma— las propias autoridades desobedecen la ley.
“¿Para eso queremos la nueva justicia en este país? ¿Para incumplir lo que mandata la Constitución?”, cuestionó.
Durante su permanencia en el plantón, García Ramírez también ha denunciado tratos que considera indignos, particularmente un episodio con personal institucional que, asegura, intentó retirarlo sin su consentimiento bajo argumentos de salud, lo que calificó como una falta de respeto a su autonomía.
“Me trataron como si yo fuera alguien que no puede tomar sus decisiones… me faltaron al respeto”, comentó.
Aun así, su discurso no se limita a lo personal. Constantemente amplía la mirada hacia problemáticas sociales más amplias: desde la falta de atención a adultos mayores hasta el rezago en educación inicial, temas que vincula con la responsabilidad del Estado.
Se define, finalmente, como sonorense por convicción y por vida. Ha sido testigo de generaciones y, desde esa perspectiva, sostiene que aún en la vejez existe un papel activo que desempeñar en la defensa de derechos.
“Soy más sonorense que bacanora y la carne asada”, expresa con gusto.
En medio de una protesta que combina desgaste físico y resistencia legal, Jorge García Ramírez encarna una figura poco común: la de un abogado veterano que, lejos de retirarse, ha decidido litigar también desde la calle, apostando a que la ley no solo se interprete, sino que se cumpla.