Martín Mendoza/MO
Después de casi 17 años de acudir a juzgados y promover procedimientos en busca del cumplimiento de una pensión alimenticia, Teresa Ramos Quintero hizo público un llamado al Poder Judicial del Estado de Sonora para que revise su caso y ponga fin a lo que considera una prolongada dilación en la impartición de justicia.
La mujer señala directamente a Fausto Mauricio, padre de sus dos hijas, de haber incumplido desde 2009 con las obligaciones alimentarias que le fueron impuestas judicialmente, situación que, asegura, ha generado un adeudo que actualmente superaría los 936 mil pesos.
De acuerdo con Ramos Quintero, quien fue entrevistada en las afueras del Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, dicha cantidad no corresponde a una estimación hecha por ella, sino a cálculos que, afirma, obran dentro de los propios expedientes derivados de los años de incumplimiento.
Sus hijas tienen actualmente 17 y 19 años. Pero el reclamo de Teresa va más allá del dinero.
Asegura que durante todos estos años ha tenido que enfrentar una sucesión de procedimientos judiciales sin que, hasta el momento, exista una respuesta que considere efectiva para obligar al señalado a cumplir.
Según su versión, existen al menos cinco asuntos relacionados con el conflicto: tres vinculados con hechos de violencia familiar y dos por presunto incumplimiento de obligaciones familiares.
Ramos Quintero sostiene que, pese a la existencia de esos procedimientos y a los reiterados señalamientos formulados ante las autoridades, Fausto Mauricio Miranda López no ha enfrentado hasta ahora una consecuencia que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones que reclama.
La denunciante también cuestionó públicamente la actuación del juez David Francisco Hoyos Yocupicio, al considerar que dentro de uno de los procedimientos se ha mantenido una actitud excesivamente condescendiente hacia el señalado.
Teresa pide que se revise la actuación judicial y que se determine si cada resolución y cada demora han estado debidamente justificadas.
Incluso, Ramos Quintero habla de un presunto tráfico de influencias que, desde su perspectiva, podría explicar la forma en que se han desarrollado algunos de los procedimientos.
Se trata, sin embargo, de un señalamiento formulado por la denunciante que deberá ser acreditado ante las instancias correspondientes y sobre el cual corresponde a las autoridades investigar y determinar si existe o no alguna irregularidad.
Ante lo que considera años de desgaste, gastos en abogados, recursos y procedimientos sin una solución definitiva, Teresa Ramos Quintero pidió directamente la intervención del magistrado Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para que se revise integralmente el caso y se determine por qué, después de tantos años, continúa reclamando el cumplimiento de una obligación alimentaria.
“No estoy pidiendo ningún privilegio, estoy pidiendo justicia”, es, en esencia, el reclamo de una madre que asegura haber sostenido durante años las necesidades de sus hijas mientras recorre tribunales intentando hacer efectiva una obligación fijada por la autoridad.
El caso evidencia un problema particularmente sensible: una resolución judicial en materia de alimentos pierde buena parte de su sentido cuando su cumplimiento se prolonga durante años. Para quienes dependen de esos recursos, el paso del tiempo no es únicamente una cifra dentro de un expediente; significa alimentación, estudios, vestido, salud y oportunidades que no pueden quedar indefinidamente en espera.
Ahora será responsabilidad de las autoridades judiciales revisar los expedientes y responder a los señalamientos. Teresa Ramos Quintero exige que su caso no permanezca como uno más entre archivos y audiencias, y que se esclarezca también cualquier posible irregularidad que pudiera haber favorecido la prolongación del conflicto.