El Gobierno de México decidió ampliar el proceso de consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el propósito de atender las inconformidades expresadas por distintas comunidades y construir una propuesta que cuente con mayor consenso antes de enviarla al Congreso de la Unión.
Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la decisión responde a las solicitudes de representantes de pueblos originarios, quienes han manifestado desacuerdos con algunos aspectos del proyecto legislativo y con los mecanismos de participación establecidos.
La mandataria explicó que las consultas todavía no concluyen y que el Gobierno federal busca ampliar los espacios de diálogo para alcanzar acuerdos en aquellos temas donde persisten diferencias entre las autoridades y las comunidades.
Sheinbaum señaló que la intención es elaborar una propuesta que incorpore las opiniones de los pueblos indígenas y afromexicanos, evitando que las diferencias existentes impidan avanzar en la construcción de la legislación.
El proceso se desarrolla mediante la coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependencias encargadas de organizar los mecanismos de participación y revisar las propuestas que surjan de las consultas.
La presidenta indicó que el objetivo es presentar al Poder Legislativo una iniciativa consensuada que permita desarrollar los derechos reconocidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho artículo establece disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como con sus derechos colectivos, autonomía y libre determinación.
La ampliación anunciada ocurre después de que diversas comunidades expresaran inconformidades con la manera en que se han realizado las consultas y recurrieran a mecanismos legales para cuestionar el procedimiento.
Entre los casos recientes se encuentra el de comunidades p’urhépechas, matlazincas o pirindas, nahuas y afromexicanas que forman parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, cuyos representantes presentaron un amparo colectivo contra la metodología utilizada por el INPI.
Los promoventes consideran que el procedimiento no garantiza plenamente el derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, debido a las condiciones establecidas para discutir una iniciativa de amplio alcance.
De acuerdo con sus señalamientos, el proyecto legislativo contiene más de 450 artículos, por lo que consideran insuficiente analizar su contenido mediante reuniones de duración limitada.
Los representantes comunitarios también cuestionaron que las sedes, los tiempos y las modalidades de los encuentros hayan sido determinados sin una participación adecuada de las comunidades involucradas.
Otro de los señalamientos se relaciona con la exclusión de localidades que no aparecen en los registros oficiales del INPI, situación que, según los inconformes, podría impedir la participación de pueblos que se reconocen como indígenas.
En el caso de Michoacán, los promoventes del recurso legal señalaron que 109 comunidades quedaron fuera del proceso por no encontrarse incluidas en el catálogo institucional.
Por esta razón, solicitaron que se revise la convocatoria y se establezca una nueva metodología que respete las formas tradicionales de organización, los tiempos de deliberación y los mecanismos de toma de decisiones de cada comunidad.
Asimismo, plantearon que los resultados de la consulta tengan efectos reales sobre el contenido de la iniciativa y no se limiten a la recopilación de opiniones sin consecuencias para la redacción final de la ley.
Las inconformidades también fueron expresadas durante la Asamblea Nacional Conmemorativa por los 30 años del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde participantes manifestaron su rechazo a distintos aspectos de la propuesta gubernamental.
Durante el encuentro, representantes de pueblos originarios cuestionaron que la legislación pueda establecer nuevas regulaciones sobre formas de autonomía y organización que las comunidades consideran parte de sus derechos históricos.
Los participantes también expresaron preocupación por los procedimientos de consulta relacionados con proyectos que podrían afectar sus territorios, recursos naturales y formas de vida.
Estas posturas reflejan diferencias sobre el alcance que debería tener la nueva legislación y sobre la manera en que el Estado debe reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Por su parte, el INPI ha sostenido que el proceso de consulta busca recoger las propuestas de las comunidades para fortalecer el contenido de la iniciativa y garantizar su participación directa.
En un informe difundido durante septiembre, el instituto reportó que cerca de 33 mil personas habían participado en las primeras jornadas de diálogo realizadas en distintas entidades del país.
Hasta ese momento se habían efectuado 52 asambleas regionales de las 82 previstas inicialmente, con la participación de representantes de 56 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano.
Las reuniones habían reunido a autoridades y representantes de más de 8 mil 500 comunidades, de acuerdo con las cifras difundidas por la institución.
Sin embargo, las organizaciones inconformes han señalado que el número de asistentes no es suficiente para determinar la legitimidad del procedimiento, pues consideran necesario revisar también las condiciones en que se desarrolla la participación.
Ante este escenario, el Gobierno federal optó por extender la consulta para continuar las conversaciones y buscar acuerdos sobre los puntos que generan mayor controversia.
La presidenta Sheinbaum no precisó una nueva fecha para concluir el proceso ni para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Por ahora, las autoridades federales deberán continuar el diálogo con las comunidades y revisar los planteamientos relacionados con la autonomía, la representación, la consulta y el reconocimiento de los derechos colectivos.
La decisión de ampliar el procedimiento abre una nueva etapa de discusión sobre la legislación, cuya elaboración enfrenta el desafío de incorporar las demandas de los pueblos originarios y atender los cuestionamientos sobre la forma en que han sido consultados.
Mientras el Gobierno federal busca construir una propuesta de consenso, diversas organizaciones indígenas mantienen sus exigencias de que el proceso respete sus formas de organización y garantice una participación efectiva en las decisiones que puedan afectar sus derechos y territorios.