El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y otros medios electrónicos. La votación estuvo marcada por las protestas de la oposición y el rechazo de algunos legisladores de Morena.
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación. Aunque la legislación no establece la eliminación inmediata y generalizada del efectivo, sí faculta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar, en un plazo de 15 días hábiles, los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en el único medio de pago, bajo condiciones y periodos de transición específicos.
Sheffield cuestiona las facultades de Hacienda
La iniciativa presidencial fue aprobada con 73 votos a favor de Morena y sus aliados, y 34 en contra, emitidos por legisladores de oposición y el senador morenista Ricardo Sheffield.
Durante su intervención en tribuna, Sheffield calificó como “un gravísimo error” otorgar estas facultades a un funcionario designado y no electo, al considerar que podría generar un monopolio o un control de precios perjudicial para la población mexicana.
El legislador también lamentó que la propuesta no hubiera recibido una revisión de fondo. Cuando la senadora panista Verónica Rodríguez le preguntó si había votado en contra, respondió: “Sí, fui el único pendejo”.
Las facultades que la ley concede a Hacienda fueron uno de los principales puntos de desacuerdo durante la discusión, incluso después de que el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, señalara que el dictamen había sido revisado para atender las preocupaciones expresadas por los legisladores.
Morena defiende la inclusión financiera
Desde Morena, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió la reforma al señalar que su propósito va más allá de modernizar los métodos de pago, pues busca reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía.
Huerta reconoció que la digitalización, por sí sola, no resuelve las desigualdades económicas, aunque sostuvo que disponer de herramientas que faciliten las transacciones, reduzcan trámites y amplíen el acceso a servicios financieros puede contribuir a atenderlas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, argumentó que la nueva legislación pretende ampliar la inclusión financiera, agilizar las operaciones y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El senador destacó que México dispone de infraestructura para realizar pagos electrónicos, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo; sin embargo, su uso todavía no se ha extendido a todos los sectores de la población.
Al presentar el dictamen, Reyes informó que durante 2025 se realizaron más de 7 mil 300 millones de transferencias a través del SPEI. Añadió que los pagos digitales pueden ayudar a los pequeños negocios a llevar un registro de sus ingresos, diversificar sus opciones de cobro y generar historiales de operaciones que faciliten la evaluación de solicitudes de crédito.
Oposición advierte sobre costos y vigilancia financiera
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que la reforma podría generar gastos adicionales para comerciantes y consumidores, además de ampliar la capacidad de vigilancia del Gobierno sobre las operaciones financieras.
El panista José Máximo García cuestionó que Hacienda pueda determinar los sectores en los que los pagos digitales serán obligatorios sin contar, a su juicio, con criterios suficientemente claros. También alertó sobre las dificultades que enfrentan las comunidades rurales debido a la falta de conectividad y de acceso a servicios bancarios, una preocupación que compartió el senador de MC Néstor Camarillo.
En la misma línea, la priista Carolina Viggiano sostuvo que México carece de la infraestructura necesaria para implementar estas medidas de manera generalizada y cuestionó que se otorguen dichas facultades a Hacienda.
“No puede ser que le demos esta facultad a Hacienda, ya conocen Hacienda ni siquiera a ustedes los reciben, ni siquiera aceptan que cambien una coma, son autoritarios y ellos lo único que quieren es recaudar dinero”, expresó.
Su compañera de bancada, Claudia Anaya, afirmó que la nueva ley contradice la Ley Monetaria y cuestionó que no se establezca de manera concreta el periodo de transición para adoptar exclusivamente los pagos digitales.
La ley establece plazos de transición y excepciones
De acuerdo con el régimen transitorio, una vez que el decreto entre en vigor, Hacienda dispondrá de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que podrá establecerse la exclusividad de los pagos digitales.
Posteriormente, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y definir los mecanismos de transición.
La propuesta también contempla excepciones: cuando una contingencia técnica o problemas de conectividad impidan recibir pagos electrónicos, se permitirá temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Además, la legislación vincula los pagos digitales con herramientas de gobierno electrónico, como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles. De acuerdo con el dictamen, esta integración busca reducir tiempos, desplazamientos y cargas burocráticas para las empresas.