La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó que el aumento al salario mínimo para 2027 sea moderado y considere las condiciones económicas que enfrentan las empresas, particularmente ante la próxima implementación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
El presidente del organismo empresarial, Juan José Sierra Álvarez, propuso que el incremento salarial se establezca tomando como referencia la inflación anual y agregando dos puntos porcentuales, en lugar de mantener los aumentos de doble dígito aplicados durante los últimos años.
En declaraciones a la agencia EFE, el dirigente explicó que la propuesta busca encontrar un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad financiera de las empresas para sostener sus operaciones.
Sierra señaló que la economía mexicana atraviesa un periodo de estancamiento y que los nuevos compromisos laborales representarán mayores costos para los empleadores, especialmente para aquellos negocios que cuentan con recursos limitados.
De acuerdo con el representante empresarial, incrementos salariales superiores al 10% podrían provocar dificultades económicas, cierres de establecimientos y un aumento de la informalidad laboral.
El dirigente destacó que entre el 90% y el 95% de las empresas afiliadas a Coparmex pertenecen al sector de las pequeñas y medianas unidades económicas, por lo que considera necesario tomar en cuenta sus condiciones particulares antes de establecer nuevos aumentos.
Actualmente, la organización patronal representa a más de 36 mil empresas, a las que atribuye una participación cercana al 30% del Producto Interno Bruto nacional.
Sierra explicó que, de acuerdo con encuestas internas del organismo, numerosas compañías han pasado de una etapa de crecimiento a una situación en la que su principal objetivo es mantener sus operaciones y conservar sus fuentes de empleo.
En este contexto, consideró que las decisiones relacionadas con el salario mínimo deben analizarse junto con otras obligaciones laborales que comenzarán a aplicarse durante los próximos años.
Una de las principales modificaciones será la reducción gradual de la jornada laboral, cuya implementación iniciará en enero de 2027 y concluirá en 2030.
La reforma establece que la duración máxima de la jornada semanal disminuirá de 48 a 46 horas en 2027, posteriormente a 44 horas en 2028 y a 42 horas en 2029, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Además, la legislación contempla que esta disminución no podrá utilizarse como motivo para reducir los salarios ni las prestaciones de los trabajadores.
Para el sector empresarial, la medida representa un desafío operativo, debido a que algunas compañías deberán reorganizar sus turnos, modificar procesos de producción o contratar personal adicional para mantener sus actividades.
Estas adaptaciones podrían generar mayores gastos, particularmente en establecimientos comerciales, empresas de servicios y negocios que requieren mantener operaciones durante horarios prolongados.
Por ello, Coparmex considera que el ajuste al salario mínimo debe realizarse de manera responsable y tomando en cuenta los efectos acumulados de las reformas laborales.
El organismo también expresó preocupación por el crecimiento de la informalidad, que continúa concentrando a más de la mitad de la población ocupada en México.
Según su dirigente, cuando los costos de contratación formal aumentan considerablemente, algunas empresas pueden enfrentar dificultades para incorporar trabajadores a esquemas que incluyen seguridad social y prestaciones laborales.
Sin embargo, la propuesta de Coparmex no implica que el aumento salarial para 2027 ya esté definido, pues la decisión deberá tomarse mediante las negociaciones correspondientes.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) será la encargada de analizar las propuestas presentadas por representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector patronal.
Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que las conversaciones para establecer el salario mínimo de 2027 comenzarán durante noviembre y que se espera conocer el resultado en diciembre.
El funcionario recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene como objetivo que el salario mínimo alcance para adquirir el equivalente a 2.5 canastas básicas.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, actualmente el poder adquisitivo del salario mínimo se aproxima al equivalente de dos canastas, por lo que el Gobierno federal busca continuar mejorando los ingresos de la población trabajadora.
Bolaños señaló que la propuesta oficial se dará a conocer durante las reuniones de la Conasami, sin adelantar el porcentaje de incremento que será planteado.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de mantener aumentos que permitan avanzar hacia la meta establecida por la administración federal.
La postura de Coparmex se suma a la expresada anteriormente por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, José Medina Mora, planteó que el aumento correspondiente a 2027 se ajuste únicamente a la inflación.
El dirigente del CCE consideró que las condiciones económicas y los nuevos compromisos laborales justifican una revisión de los incrementos salariales aplicados durante los últimos años.
Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de considerar la capacidad financiera de las empresas, aunque sus propuestas presentan diferencias respecto al porcentaje adicional que debería otorgarse.
Mientras Coparmex propone inflación más dos puntos porcentuales, el CCE plantea un ajuste equivalente al incremento general de los precios.
En contraste, el Gobierno federal sostiene que la recuperación del poder adquisitivo constituye uno de los principales objetivos de su política salarial.
Durante 2026, el salario mínimo general registró un aumento del 13%, como parte de la estrategia para mejorar los ingresos de los trabajadores con menores percepciones.
De acuerdo con cálculos de la Conasami, el poder adquisitivo del salario mínimo acumula una recuperación de 154.2% desde 2018, considerando los incrementos aplicados durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Las autoridades federales han señalado que estos ajustes buscan mejorar la capacidad de compra de las familias y reducir el rezago salarial acumulado durante décadas.
Sin embargo, los representantes empresariales consideran necesario revisar el ritmo de crecimiento de los salarios ante la reducción de la jornada laboral y las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores productivos.
El debate también ocurre en un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en la generación de empleos y en la actividad económica nacional.
Para estos negocios, el incremento de los costos laborales puede representar un reto adicional, especialmente cuando operan con márgenes de utilidad reducidos.
Por otra parte, mantener aumentos salariales por encima de la inflación permite que los trabajadores mejoren su capacidad de compra en términos reales, un aspecto que forma parte de los objetivos planteados por el Gobierno federal.
De esta manera, las próximas negociaciones deberán considerar las propuestas de los distintos sectores y las condiciones económicas previstas para 2027.
La reducción de la jornada laboral será uno de los elementos centrales de la discusión, debido a que su aplicación coincidirá con el nuevo incremento al salario mínimo.
Por ahora, no existe un porcentaje definitivo para el ajuste salarial del próximo año, por lo que las propuestas de Coparmex y del CCE deberán ser analizadas en las reuniones de la Conasami.
Será durante diciembre cuando se determine el aumento que entrará en vigor en enero de 2027, en medio de las diferencias entre las organizaciones empresariales y el Gobierno federal sobre el ritmo que debe mantener la recuperación salarial en México.