Nuevos antecedentes surgieron tras la muerte del joven de 19 años , Martín Pérez Burgos, quien fue asesinado la semana pasada tras ser secuestrado por una banda de venezolanos cuando iba a comprar droga. Uno de los acusados entregó detalles sobre la planificación del rapto, las exigencias económicas a su familia y el momento en que Martín saltó del automóvil en movimiento tratando de salvar su vida.
El hecho conmocionó a todo el país de Chile debido a la crueldad de los captores, los cuales continuaron extorsionando a la familia y cobrando dinero por un rescate cuando el joven ya había sido asesinado. De acuerdo con la declaración judicial y los antecedentes de la investigación liderada por la Fiscalía ECOH, el padre de Martín Pérez Burgos alcanzó a pagar un poco más de 4 mil USD en efectivo.
La noche del pasado lunes 26 de octubre, Martín Pérez al punto de venta, presuntamente enviado por su padre a realizar una transacción de 715 USD para comprar marihuana. En el lugar se reunió con sus raptores, quienes lo engañaron y lo hicieron subir de forma voluntaria a un automóvil concretando el secuestro.
A los pocos minutos de la captura, el grupo criminal se contactó con los familiares exigiendo un rescate de más de 50 mil USD y enviando videos como supuesta “prueba de vida”. La familia alcanzó a realizar un pago parcial para intentar liberarlo.
Las pericias científicas revelaron que Martín fue asesinado solo pocas horas después de haber sido raptado. De acuerdo con la confesión de uno de los imputados, el homicidio ocurrió mientras trasladaban a la víctima en un vehículo entre casas de cautiverio. Martín intentó salvar su vida lanzándose del automóvil en movimiento, momento en que uno de los secuestradores, un menor apodado “Ñaño”, le disparó al menos cuatro veces.
Tras días de intensa búsqueda por parte del OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, el cuerpo de Martín fue encontrado oculto bajo escombros en las cercanías de un restaurante en el kilómetro 26 de la Carretera General San Martín, en Colina.
Por este crimen, la justicia chilena formalizó a cuatro ciudadanos venezolanos, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva el fin de semana, mientras se fijó un plazo de investigación de 120 días. Los imputados son:
Oswal Moreno Prieto (18 años) y Carlos Álvarez Franco (22 años), apuntados como autores materiales del secuestro; un menor de 17 años (alias “Ñaño”), quien presuntamente hizo los disparos fatales, y J.E.V.O. (22 años), detenido por cumplir las funciones de encargado de recoger el dinero pagado por la familia de la víctima.
La investigación expuso un complejo entramado vinculado al narcotráfico y antecedentes delictuales previos, puesto que la policía informó que tanto la víctima como su padre, Pablo Pérez Díaz, contaban con antecedentes penales por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y porte ilegal de armas.