El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de sus procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios durante la última década, con el propósito de fiscalizar la legalidad y el manejo de los recursos públicos.
El periodo que abarcará el ejercicio comprende del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el proyecto avalado este jueves durante una sesión extraordinaria del Consejo General.
La revisión incluirá las áreas centrales, delegacionales y subdelegacionales del organismo, además de la participación de proveedores y terceros, conforme a las disposiciones legales aplicables.
El acuerdo establece que la fiscalización tendrá como finalidad examinar el uso de los recursos asignados al Instituto para cumplir con sus funciones y atribuciones.
La decisión se produce después de que medios de comunicación difundieran videos en los que se observa la relación de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista del organismo que obtuvo contratos millonarios para suministrar materiales electorales.
Como parte del procedimiento, la Secretaría Ejecutiva deberá presentar periódicamente ante el Consejo General un inventario de las actuaciones identificadas, sus fechas, el estado de cada una y la documentación entregada.
El proyecto también establece que dicha Secretaría coordinará la atención administrativa de la auditoría, sin restringir o condicionar el acceso a la información ni obstaculizar la comunicación directa entre la ASF y las áreas requeridas. Asimismo, las unidades deberán señalar los documentos faltantes y explicar las razones por las que no estén disponibles.
Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey destacó la importancia de que la ASF realice esta revisión, al señalar que el manejo de recursos públicos implica la obligación de garantizar servicios útiles, decisiones transparentes y confianza ciudadana.
La consejera sostuvo que la población tiene derecho a conocer qué bienes y servicios adquiere el Instituto, cuánto paga por ellos, quiénes reciben los contratos y si cumplen con las condiciones de entrega y calidad establecidas.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo cuestionó las facultades que el Poder Legislativo otorgó a Guadalupe Taddei y a la Junta General Ejecutiva, al considerar que limitaron las posibilidades de vigilancia sobre la administración del organismo.
Castillo señaló que esas atribuciones impidieron supervisar adecuadamente el funcionamiento administrativo del INE y consideró que contribuyeron a la crisis institucional y a que las irregularidades denunciadas alcanzaran esa dimensión.