La gestión de la expresidenta, Guadalupe Taddei, del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevamente cuestionamientos, esto luego de que consejeros electorales cuestionaran que si Taddei pudo haber utilizado retrasos administrativos para facilitar la asignación directa de contratos relacionados con las elecciones 2027.
Los cuestionamientos se centran en las demoras que limitaron el tiempo asignado para realizar licitaciones públicas, procedimiento el cual permite competir a distintas empresas por recursos públicos.
Pese a que los retrasos están documentados, aún no se ha demostrado que respondieran a una estrategia deliberada para beneficiar a proveedores, por lo que integrantes del Consejo General pidieron investigar lo ocurrido.
De acuerdo con información recabada por la agencia de información periodística, Agencia Reforma y la versión estenográfica de la sesión del Consejo General del INE del 13 de noviembre de 2026, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron la decisión tomada por la exfuncionaria el pasado 3 de septiembre, cuando pidió devolver a revisión un proyecto que contemplaba 25 diseños de documentación electoral.
Por más de dos meses después, los documentos regresaron prácticamente sin modificaciones, lo que abrió sospechas sobre las razones del retraso y sus consecuencias para la organización de los comicios.
Los cuestionamientos suceden después de la renuncia de la exfuncionaria, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. El INE, el cual ahora es encabezado provisionalmente por Blanca Cruz García, debe revisar esos antecedentes sin detener las adquisiciones necesarias para la jornada electoral de 2027.
El consejero Martín Faz explicó que el pasado 3 de septiembre de 2026 se presentó un proyecto para aprobar el diseño y la impresión de documentos electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo año.
No obstante, Guadalupe Taddei solicitó rechazarlo y devolverlo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
La entonces presidenta argumentó que era necesario realizar una revisión para verificar que los documentos fueran compatibles con las distintas modalidades de votación, que dichas cantidades fueran correctas y que sus diseños cumplieran con las necesidades de la elección.
Además, sostuvo que existía tiempo suficiente para efectuar los cambios sin afectar su producción.
Pero el problema surgió cuando el proyecto volvió al Consejo General 72 días después, sin modificaciones que, a juicio de algunos consejeros, justificaran el tiempo transcurrido.
Faz planteó la posibilidad de que la demora hubiera servido para reducir los plazos de contratación y crear una situación de urgencia que permitiera recurrir a adjudicaciones directas.
“Hoy existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas”.
El consejero agregó que corresponde investigar si se trató de deficiencias administrativas o de acciones deliberadas para favorecer intereses particulares.