Hermosillo, Son., junio 7 de 2022.- Para contar con un Sistema Estatal Anticorrupción más dinámico y abierto a la participación de la sociedad, al permitir un mayor escrutinio de sus actuaciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones legales que permitirán diseñar e implementar estrategias que permitan disponer de mejores herramientas para el combate a la corrupción.

En sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente, la asamblea también aprobó el nombramiento de la ciudadana Beatriz Elena Huerta Urquijo para ocupar el cargo de Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, además de los decretos que garantizarán la autonomía de El Colegio de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, y el que deroga la Ley que regula el uso de cubrebocas.

La diputada Natalia Rivera Grijalva, presidenta de la mesa directiva, sometió a aprobación el Decreto que inaugura la sesión extraordinaria, en cuyo orden del día, una vez leída la correspondencia recibida, se presentó la iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de quien habrá de ocupar el cargo de Auditor o Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

A nombre de las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, el diputado Fermín Trujillo Fuentes dio lectura a la iniciativa en la que se presentó un listado de seis aspirantes, en el cual se respetó el principio de paridad de género y donde destacó el proceso llevado a cabo por la Comisión de Fiscalización, desde la aprobación de la convocatoria, la etapa de entrevistas a catorce ciudadanos y el análisis de cada una de las propuestas presentadas.

La ciudadana Beatriz Elena Huerta Urquijo recibió más de las dos terceras partes de los votos de los integrantes de la LXIII Legislatura, por lo que deberá rendir protesta al cargo de Auditora Mayor del ISAF por un periodo de siete años, en la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

En el orden del día siguió la presentación de la iniciativa de la CRICP, con punto de Acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, los cuales son: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Las y los aspirantes deberán presentar por escrito la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria ante la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, sito en calles Allende y Tehuantepec, planta baja edificio del Poder Legislativo, colonia Las Palmas de Hermosillo, Sonora, a partir del 13 al 17 de junio de 2022, de las 08:00 a las 15:00 horas, previa publicación de la misma en el portal del Congreso del Estado de Sonora y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

La base segunda de la convocatoria, a la que dio lectura el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, establece que las y los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos; acreditar experiencia en alguna de las siguientes materias: transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en la administración pública.

Además de contar con título profesional de nivel Licenciatura, con antigüedad mínima de tres años al día de la toma de protesta respectiva; contar con conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por algún delito culposo o por delito culposo calificado como grave por la Ley, ni estar sujeta o sujeto a proceso penal, y presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal.

En esta sesión extraordinaria se dio cabal cumplimiento a otra resolución de la SCJN, derivada de la acción de inconstitucionalidad 276/2020 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que impugnó varios artículos de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, motivo por el cual el Pleno aprobó hoy un Decreto para realizar las modificaciones pertinentes a la legislación en cita.

Dichas modificaciones deberán ser comunicadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañada dicha comunicación con las constancias legislativas que de este acto se desprendan, establece el resolutivo presentado por la mesa directiva del Congreso del Estado.

En el desarrollo de la sesión extraordinaria, la diputada María Jesús Castro Urquijo dio lectura al dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, en forma unida, con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, del Código Penal, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

Ambas dictaminadoras estudiaron la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, cuyo propósito es fortalecer el combate a la corrupción, de manera que en la Ley del SEA se modifica la definición de servidor público para homologarla con el concepto constitucional; se fortalece la participación municipal en el sistema para que sean parte del Comité Coordinador y serán representados por dos iguales, uno de los cuales deberá ser Municipio Rural.

Se reconoce como integrante del Comité Coordinador al Diputado que presida la Comisión Anticorrupción, quien fungirá como enlace del Poder Legislativo con dicho órgano del Sistema Estatal; se dota de carácter de invitados permanentes a los entes públicos que ejerzan funciones en materia de transparencia y responsabilidad patrimonial, solo con derecho a voz; se actualizan las causas de remoción de los integrantes del CPC, especificando los supuestos aplicables para esos efectos y se le otorga la facultad de recibir recomendaciones ciudadanas en la materia.

En el Código Penal se modifica el plazo de la prescripción para los delitos por hechos de corrupción y de uso indebido de atribuciones y facultades, para que no sea menor a diez años; se agrega la obligación de la autoridad de considerar la cuantificación que, en su caso, formulen las autoridades fiscalizadoras, incluyendo los accesorios que se determinen a la fecha en que se dicte la condena, para la reparación del daño, y se amplían los alcances de los delitos de cohecho y peculado, atendiendo al daño patrimonial causado.

En el resto de las leyes enunciadas se establece que el Órgano Interno de Control de cada uno de los entes será designado por el Congreso del Estado, como lo establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

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