Pues vaya que el personaje de moda de los últimos días lo ha sido el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”; ni más ni menos que el presidente del ex invencible, Partido Revolucionario Institucional.

La cascada de descalabros que ha tenido el PRI en las entidades federativas en los comicios de 2021 y 2022, ha dejado a este partido con solo dos bastiones por defender en 2023: Coahuila y Estado de México. Por supuesto que las derrotas le han sido endosadas a Alito por la militancia y demás líderes políticos, incluyendo ex dirigentes, que han pedido como una sola voz que Moreno deje la dirigencia del PRI cuanto antes, pareciendo todo este escenario como aquel drama del Titanic, en donde a pesar del evidente hundimiento, los músicos tocaban el violín en forma estoica.

Al tremendo Alito por supuesto que nadie le ha sugerido comprar un circo, porque sin duda le pudieran crecer los enanos. Trae demasiados frentes abiertos y lo del freno a la reforma constitucional en materia eléctrica lo puso en el ojo del huracán, pues no por nada las andanadas, grabaciones y carpetas de investigación al por mayor. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hija del exgobernador priista conocido como el “Negro” Sansores –ideólogo de la vieja guardia-, no le ha bajado el “guante de la cara” a su paisano y parece que trae una misión con un objetivo bien definido: lograr eliminar del espectro político al presidente nacional del PRI, de una forma en donde no se vea la acción del gobierno federal, sino solo la acción de una mandataria de una región alejada que “logró aplicar la justicia”.

Por rumbos de Sonora, se habla de imposición en el tema del nuevo dirigente estatal priista, por lo que el líder nacional no ha salido bien librado, pero lo peor es que en apariencia se viene una desbandada de buen tamaño.

Pero regresando al epicentro del poder, bastante jocosa resultó “La Mañanera” del día jueves, en donde el presidente López Obrador, cuestionando en mofa la soledad de Alito, ante el silencio del bloque “Va por México”, espetó: “¿Ha salido este presidente del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo, Fox, Creel, Calderón? ¡Alito, aguanta, el pueblo se levanta!”.

Claro que AMLO le entiende al arte de la política y si logra dividir a la alianza, será uno de sus mayores logros, pues la unión del agua y el aceite, si le han hecho mella, sobre todo en el avance de sus reformas constitucionales, sobre lo cual ya se ha declarado una “moratoria”. Aunque el presidente, minimizando dicha parálisis legislativa anunciada, mencionó que “si los problemas de un país, los problemas de México tuviesen que ver con las leyes no habría problema. No todo depende de las leyes”, para remachar diciendo que la 4T tiene un margen muy amplio para seguir transformando.

Pues sí, con leyes o sin leyes, a Alito se le vino el mundo encima y ya con un juicio popular enfrente, muy pronto pudiera estar bajo un proceso judicial; aunque los que realmente deberían serle gratos y devolverle la peonada, son los propios priistas beneficiados en el pasado y presente por el todavía dirigente. Lo bueno es que en AMLO “su fuerte no es la venganza”, así que al parecer será la pelirroja gobernadora la que se encargará del ex gobernador campechano. ¡Vóitelas con carbonato!

LA DESARMONIZACIÓN

No sabemos aquí en Sonora hasta donde llega el valor de las leyes, pero algunos –muchos- todavía creen que el Estado de Derecho es esencial para la convivencia humana y social; ello, aunque la barbarie ya esté muy presente, pero no por la falta de reglas, sino por la omisa aplicación de las mismas.

Sale a cuento lo anterior, para retomar de nueva cuenta la famosa llegada de la Ley Ingrid a nuestro estado, la cual, si bien ya fue analizada dentro de sus aspectos constitucionales y de tipicidad, más, sin embargo, quedamos a deber en lo relativo al derecho comparado interno

Desde el sábado pasado, se emitió un pronunciamiento oficial desde una dependencia del ejecutivo, en donde surgió el compromiso de revisar el artículo 167 Quater del Código Penal, ante lo que el funcionario llamó como una “armonización” de la Ley Ingrid para con nuestra legislación.

Y sí, en efecto, esta hipótesis legal, surge –como muchos saben- a raíz de los hechos de feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, en donde funcionarios públicos de la Fiscalía filtraron imágenes del cuerpo, lo que por supuesto no fue del agrado de muchos.

Así las cosas, el congreso local de la capital del país legisló sobre el tema y dio parto a la figura legal original sobre el caso Ingrid, en un artículo 293 Quater, el cual se bien trae más de una decena de verbos, la misma se ciñe a que el destinatario de la sanción es del orden específico: va dirigido a servidores públicos, en función al origen del tema, que es la filtración indebida de evidencias e información de delitos. Aunado a lo anterior la pena es de 2 a 6 años de prisión, cuando en Sonora se estableció de 4 a 10 años.

Así la figura fue replicada e incluso en el plano federal en el artículo 225 bis, ya aprobada por la cámara de diputados, pero pendiente que legisle el Senado al ser una facultad bicameral. El tipo legal en el corazón político del país ha sido incrustado en el capítulo relativo a delitos de servidores públicos o en el ámbito de la procuración de justicia, mientras que, en esta entidad federativa, se acomodó en el apartado de los delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas.

En Colima se tipificó una figura símil a la hoy establecida en Sonora –abierta, ambivalente-, ante lo cual se promovió acción de inconstitucionalidad número 191/2020, acumulada a la 220/2020, iniciadas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, las cuales combatieron el artículo 240 bis con éxito, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia lo invalidó al declararlo contrario a la Carta Magna.

La pregunta del millón lo es: ¿por qué en Sonora, el que inició la ley abrió “el abanico” de la sanción para todos los ciudadanos, en donde por lógica se incluye a los comunicadores y a los colectivos buscadores? 

¿Acaso alguien estaba interesado en tender un cerco para que los hechos de violencia fueran sacados por decreto del imaginario popular, para aparentar la paz pública?

Afortunadamente el gobernador Durazo, al parecer, ya le entró directamente al asunto, manifestando que la figura penal será bien revisada e incluso modificada para no incurrir en abusos, sobre todo en relación a la libertad de expresión y a la actividad de las personas que hacen tareas de búsqueda. Ya por fin se ven muestras de sensatez y sensibilidad. Enhorabuena.

Y como decía Alexander Pope: “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.

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