Las mujeres afganas no podrán estudiar en la universidad hasta nuevo aviso. Una orden del ministro de Educación, publicada este martes, obliga a las universidades públicas y privadas a impedir el acceso de las estudiantes con efecto inmediato. La misiva parte de una decisión del Gobierno talibán, en el poder en el país asiático desde agosto de 2021.
La milicia yihadista se hizo entonces con el control del país, tras la salida de las tropas de EE UU tras dos décadas de intervención militar, e impuso una férrea dictadura de graves consecuencias para las mujeres. Desde entonces, las afganas han visto cómo se las privaba progresivamente de los derechos que habían adquirido en los 20 años que duró la presencia occidental en el país.
El veto de las estudiantes en las universidades culmina la expulsión absoluta de las mujeres de los ciclos educativos secundario y superior. Previamente, en octubre del año pasado, los islamistas ya habían prohibido a las adolescentes que estudiaran y cerrado sus institutos.
Al cumplir los 12 años, edad aproximada de la pubertad, las adolescentes se ven privadas de su derecho a la educación. En los primeros meses de su retorno al poder —que ya ocuparon entre 1996 y 2001— los fundamentalistas aseguraban que la prohibición a las niñas de estudiar sería temporal y aducían que se estaban adaptando los centros educativos para garantizar una estricta separación de sexos. Muchas afganas y diversas organizaciones de la sociedad civil definieron este argumento como un mero pretexto, dado que los institutos en Afganistán ya estaban segregados por sexos.
Más de un año después de esas palabras, el portavoz de los talibanes y viceministro de Información, Zabihulá Muyahid, ha repetido este martes la misma idea. Casi a la vez que confirmaba que las afganas mayores de 12 años no podrán acudir a clase, Muyahid aseguraba que el regreso de las niñas a las escuelas era “inevitable”.
El viceministro ha reiterado luego el argumento de que ese retorno sucederá cuando se instaure un “ambiente adecuado”. Esa expresión es la que utilizan también los responsables talibanes cuando se les interroga sobre la prohibición a las mujeres de ejercer determinadas profesiones-entre ellas la de periodista y la de jueza- que instauraron después de hacerse con el poder.
En los primeros meses tras la toma de Kabul, los talibanes trataron de ofrecer una imagen moderada que se interpretó como un intento de que la comunidad internacional reconociera su gobierno y olvidara las atrocidades y las terribles violaciones de derechos humanos que cometieron durante su anterior periodo en el poder, especialmente contra las mujeres y niñas del país.
Cuando ya ha transcurrido un año y medio desde entonces, esa supuesta moderación está cada vez más en entredicho debido a que el régimen fundamentalista ha ido privando de forma progresiva a las afganas de los pocos derechos de los que aún disfrutaban.