Pablo Beltrán
Entre decretos y nubarrones
Y cuando muchos pensaban que la resolución de la Suprema Corte del día jueves, no iba a pasar de un simple coraje del titular del ejecutivo, resultó que las cosas ahora si van más serias de lo que se pensaba.
Pues sí, el máximo tribunal, en sesión de la semana, echó abajo ahora mediante resolución de controversia constitucional -promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales-, el Acuerdo mediante el cual el presidente blindaba ciertas obras, al categorizarlas como de interés público, pero además clasificarlas como de seguridad nacional, lo que convertía a dichos proyectos viables sin mayor preámbulo para los permisos de las distintas autoridades federales, para de similar forma, quedar la información como de nulo acceso para los gobernados.
Muchos proyectos estuvieron dentro de ese acuerdo de 22 de noviembre de 2021, que en su parte principal indicaba:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”
Pues bueno, dicho acuerdo se vino abajo por trasgredir el acceso a la información, previsto por el artículo 6° constitucional, con lo cual aquella quedaba accesible para quienes la solicitaran; pero lo más interesante aún, resulta que a las horas del baldazo de agua fría se vino encima ahora otro documento, publicado bajo el esquema de decreto, en donde se establecen medidas muy similares. En esta nueva disposición se refiere que “son de seguridad nacional y de interés público a construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y Tulum, Quintana Roo”.
Con lo anterior, el ejecutivo le sacó la vuelta a la resolución de la controversia constitucional promovida por el INAI, emitiendo una nueva norma en donde prácticamente se reitera lo del anterior acuerdo, con algunos cambios y particularización en las obras, la cual por cierto ya fue objeto de queja el día de ayer y posiblemente se reitere la controversia por parte del instituto.
De esta manera, el affaire entre el ejecutivo y la corte escala de tamaño, ya que preceden a estos hechos la caída de la primera parte del Plan B, así como la invalidez de la incorporación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas.
Y para acabarla de hacer más densa la atmósfera, ahora resulta que el presidente de la Cámara de Senadores, el morenista Alejandro Armenta, se “tira al suelo” por una conversación que tuvo el martes con la ministra Norma Piña, en donde ella le hace una serie de comentarios reclamando seriedad, a lo que el legislador matizó como amenazas; por supuesto que esto último para hacer ruido, quedar bien con el presidente y pavimentar su camino a la gubernatura de Puebla. Y si bien el presidente ya le dijo a Armenta que, se deje de cosas, no fue por el hecho de que les caiga muy bien la titular del poder judicial, sino más bien para que no se les vaya a salir el chirrión por el palito, ya que la presidente de la Corte en este momento goza de prestigio, incluso en el ámbito internacional.
Y por si todo lo anterior fuera poco y eso apenas el día de ayer, sale a la luz otro decreto del presidente, en donde se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y F, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos; ordenando la ocupación temporal a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y afectando con tal medida a Ferrosur de German Larrea, ya no solo en lo formal, sino también en lo material, pues apenas hace unas horas fueron tomadas las instalaciones por personal de las fuerzas armadas, como preámbulo de una muy posible expropiación.
Ya en el cierre del período gubernamental los grandes grupos empresariales tendrán que poner sus barbas a remojar y ya se verá también la reacción de los inversionistas del extranjero, puesto que lo que se anhela por parte de los hombres de negocios es la existencia de seguridad jurídica; esperando los ciudadanos que estas medidas no vayan a repercutir al grado de que se venga una paralización entre quienes mueven la economía por parte del sector privado.
Así las cosas, en las postrimerías del sexenio ahí están los barruntos de tormenta, no solo por las hondas diferencias entre los poderes de la unión, sino además por la relación que se tiene con los diferentes sectores de la sociedad mexicana, muchos de los cuales no son bien vistos desde el seno del poder, llámese académicos, científicos, clasemedieros, deportistas, intelectuales, periodistas, analistas, productores, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas…y una larga lista de etc, etc.
Y no conforme con ello, ahora se les viene un desdén a los que arriesgan sus dineros a través de inversiones y que a la vez generan muchos empleos, pero además tributan. ¿Será acaso que en el final de la fábula nacional, el ganso se termina comiendo a la gallina de los huevos de oro?…