Pablo Beltrán
¿Dejados a la suerte?
Y vaya que los últimos días, a la par de los primeros días del nuevo sexenio, se han encontrado agitados, convulsos, raros, especiales, pero, sobre todo, grandilocuentes.
Un país que entra en teoría a una faceta diferente desde el primero de octubre, esperó con ansias desde esa fecha la llegada de la nueva gobernante, la cual a pesar de pertenecer al mismo “movimiento”, se veía en ella un nuevo estilo de gobernar, tomando en consideración, no sólo su propia personalidad, sino, además, que históricamente así ha sido a pesar de los orígenes político-electorales de cada uno de los que van llegando a tomar los bártulos del poder.
Al paso de las horas, de los días y de las semanas, se advierte paulatinamente que son pocas las diferencias y muchas las coincidencias con el episodio anterior: mañaneras, desavenencias con la oposición, desencuentros con otros líderes mundiales, agarre frontal de poderes y la clara intención de una llamada “transformación” que como decía Obrador: implicaba cambios radicales, explicando que ello significaba “sacar de raíz” …sin importar si lo desraizado funcionara o no.
De esa data a la fecha, tenemos que sigue la saga de la “reforma judicial”, la cual ha dado mucho de qué hablar, pues desde la promulgación de la Constitución de 1917 nunca se había dado una pugna entre poderes tan acentuada, al grado que se haya tenido que salir a las calles por miembros de uno de ellos.
Durante y después de la publicación de esta reforma, ha venido una “lluvia” de juicios constitucionales, entre ellos el amparo, en contra del procedimiento de aquella, entrándose a un debate nacional de si las reformas constitucionales son impugnables o inamovibles.
Como consecuencia, en ese trajinar, ha resultado el otorgamiento de medidas suspensionales (ya decenas), en donde se ha ordenado gradualmente a la autoridad desde paralizar algunas etapas del procedimiento de reforma -como la discusión en las cámaras legislativas-, hasta su publicación, convocatorias, llegando al grado de ordenarse eliminar la publicación del Diario Oficial de la Federación, pero además, ordenando al INE detener su papel en la instauración del proceso electoral en la elección de jueces, entre otras cosas.
Ya la presidenta dijo el día de ayer en plena Mañanera, respecto a la orden judicial dirigida a ella, que de ninguna forma “bajaría” la publicación de la reforma en el periódico oficial y agregó: “Queremos que quede un antecedente de que hay una jueza que por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024’’. Remató señalando que denunciaría a la Juez Federal ante el Consejo de la Judicatura (CJF).
Evidentemente que el no acatamiento de las suspensiones de los jueces ha llevado a la comunidad jurídica a pensar que si aún prevalece el Estado de Derecho, ya que los aparentes desacatos se han venido dando en forma sistemática, cuando en su caso existen los recursos dentro de las propias leyes para que los entes oficiales impugnen esos otorgamientos, sin la necesidad de las confrontaciones verbales y mediáticas, que han puesto en tesitura al sistema constitucional de este país, lo que algunos han adjetivado con el mote de “crisis constitucional”.
Y claro que no hay necesidad de proyectarnos ante la aldea global de la forma que se ha venido tratando este tema, cuando debería de privilegiarse la interlocución y el diálogo, lo que ha estado ausente y eso pudiera tener consecuencias a mediano plazo. En la semana, en el marco de la reunión de inversionistas estadounidenses en Palacio Nacional, un grupo nutrido de manifestantes de los Tribunales de la Federación, llegaron hasta dicho inmueble Cortesiano a reclamar lo que consideran una injusticia laboral, pero también una afrenta a la independencia judicial, lanzando consignas relativas a la inseguridad jurídica que consideran vendrá por la improvisación en las designaciones. Los empresarios gringos vieron con claridad a los manifestantes y a los grupos de granaderos contendiendo a personas no propiamente faltas de intelectualidad. Claro que se llevaron su impresión.
El que se haya llegado a extremos de ligereza -retomando ideas obtusas-, como lo de la tómbola, para así ir sacando un procedimiento de selección de jueces, ha puesto a la república en modo chascarrillo, ya que nunca se había pensado en el México posrevolucionario que la “suerte” estaría por encima de los legados culturales e intelectuales de las generaciones que construyeron universidades y ciencia, de tal manera que si el mensaje es que el futuro depende del azar, tendremos pronto que nuestros jóvenes se echen la “cola al lomo” y esperen que los buenos designios lleguen en automático a la banqueta de sus casas.
El modelo republicano debe de ser honrado, pero también, el sistema de representación previsto por la propia Carta Magna, no debe de ser malentendido, con esa trillada locución convenenciera de que “así lo decidió el pueblo”.
Y claro que el pueblo es la soberanía mayor, pero esa voluntad en las urnas se desencadena en el nombramiento de representantes, como los del legislativo, los cuales como tarea fundamental tienen la hechura de leyes, las cuales a la vez son interpretadas y aplicadas por los juzgadores en casos concretos, en donde lo que se privilegia en efecto es el espíritu de la norma, lo que da lugar a interpretaciones dentro de la ciencia del derecho y así se da la llamada impartición de justicia, misma que, por supuesto, parte generalmente de la defensa de la Constitución y sus premisas fundamentales.
Luego entonces, los jueces son los intérpretes de la constitución y las leyes, por lo que su actuar no se circunscribe a literalidades, sino en todo caso a métodos de interpretación; de ahí que de ninguna manera sean solo la “boca de la ley”, al estilo decimonónico. Los alcances del juez constitucional incluso llegan a derribar paradigmas, con ciertos virajes interpretativos en los grandes rubros, verbigracia el aborto, el anatocismo, la pena de muerte, la prisión preventiva, etcétera, lo que viene a llamarse la evolución del derecho.
Por eso no hay que asombrarse si los jueces admiten a trámite cuestionamientos vía demanda, que conllevan a resolver si las reformas constitucionales en forma o fondo pueden o no examinarse y cualificarse a través de algún medio de control constitucional (aun cuando en el pasado se haya analizado bajo otro contexto temático e histórico), pues como se ha dicho en el párrafo que antecede: el derecho es evolutivo.
Y sí, fue el gran Julio César en el año 49 A.C. quien cruzó valientemente una frontera prohibida a través del Rubicón apelando a la suerte -bajo la locución de alea iacta est-; pero no hay que olvidar que, a pesar de su popularidad, sus acciones políticas a los pocos años también dieron pie a la caída de la república.
Sin duda, estamos viviendo tiempos “estelares”…