Lorenza Sigala / MO
Este 5 de junio se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños, y dejó con secuelas a decenas más, mismas que no han sido reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Hoy, madres como Fabiola Domínguez López —integrante del colectivo “Manos Unidas” y madre de una sobreviviente— alzan la voz para denunciar el olvido institucional y la revictimización que aún enfrentan, sobre todo con los “atrasos” que Zoe Robledo implementó con el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE).
“A Zoe Robledo, primero, primero que se salió con la suya, teníamos un CAICE que a lo mejor no era perfecto y tenía algunas carencias, pero cumplía con algunas necesidades ¡era mejorarlo, no, no empeorarlo!, entonces él tiene La administración pasada y lo que va de esta y sigue revictimiza a nuestros hijos, tienen un dictamen de lesión y sin embargo, tuvimos que poner una tenemos un juicio en la Procuraduría administrativa para que él reconozca… ¿y cuál fue su respuesta cuando les den el fallo, una resolución, ahí vemos…. A partir de la llegada de Zoe Robledo a nosotros, jamás nos ha recibido para una reunión, no se ha dignado a escucharnos. Ha desviado, quizá la mirada de 82 jóvenes, que también son sobrevivientes y también necesitan ser escuchados”, señaló.
Fabiola es madre de Laura Fernanda Bustamante Domínguez, una niña que sobrevivió al incendio pero cuya vida cambió para siempre. “Las afectaciones que sufrieron no eran del 1 o 2%. Era el total de su vida. Tenían menos de 4 años cuando pasó todo. Han pasado 16 años y el IMSS sigue sin reconocer el daño que cargan”, declaró.
Según Fabiola, cerca de 40 jóvenes sobrevivientes aún no han sido oficialmente reconocidos como lesionados. Aunque cuentan con un dictamen médico elaborado por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que confirma un daño permanente del 10% en su salud pulmonar, este fue ocultado durante más de una década.
“El IMSS escondió ese dictamen por más de 10 años. ¿Con qué intención? Negarle el derecho a atención médica. Nuestros hijos no deberían estar luchando por lo que les corresponde. Tienen asma crónica, quemaduras internas que no se ven pero que ahí están”, afirma Fabiola, visiblemente indignada.
Laura Fernanda tenía solo un año y siete meses cuando ocurrió la tragedia. Fue rescatada por un hueco donde se había retirado un aparato de aire acondicionado. A la semana del siniestro, fue diagnosticada con pulmones a punto de colapsar, hipertensión pulmonar, terrores nocturnos y autoagresión. “No fue atendida por el IMSS. Fueron médicos particulares quienes detectaron que los tóxicos inhalados salían por la piel. No se trata de simples secuelas, sino de daños que siguen presentes”.
La lucha de las familias ha sido constante. Según Domínguez, gracias a la voluntad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se logró establecer un esquema de atención subrogada. Sin embargo, este sistema también ha resultado ineficiente: “Nos piden pagar primero y luego reembolsan, pero los reembolsos tardan o simplemente no los aceptan. ¿Cómo voy a conseguir todos los datos fiscales del médico tratante? ¡Yo no soy proveedor del IMSS!”
Criticó además la gestión del actual director del IMSS, Zoé Robledo, a quien acusó de ignorar sistemáticamente sus demandas. “Prometió descentralizar y hacer ágil la atención, pero todo ha ido en retroceso. No nos recibe, no nos escucha. A nuestros hijos los sigue revictimizando”, denunció.
Domínguez advirtió que muchos de los sobrevivientes podrían enfrentar enfermedades más graves en el futuro, y sin reconocimiento oficial del daño, quedarían desprotegidos. “Como pasó con los afectados del 9/11 en Estados Unidos, aquí también nuestros hijos inhalaron gases y químicos tóxicos. Si mañana enfrentan un cáncer o una enfermedad degenerativa, el IMSS va a decir que ya no es su responsabilidad”.
Para ella, la negativa institucional no es solo burocrática, sino profundamente inhumana: “La ley dice que si una lesión tarda más de 15 días en sanar, debe ser reconocida. Nuestros hijos llevan 16 años y siguen enfermos. No son números. Son personas. Son nuestros hijos”.
Con firmeza, concluyó: “Hoy las madres hablamos, pero mañana serán ellos, los jóvenes sobrevivientes, quienes exigirán lo que les corresponde. Esta lucha no termina hasta que se haga justicia”.