Lorenza Sigala / MO
Habitantes de distintas comunidades de la Sierra Alta de Sonora se congregaron este lunes frente a las oficinas del juzgado quinto del Poder Judicial del Estado para exigir la liberación del doctor Gildardo Haro, acusado por su presunta implicación en la muerte de un joven ocurrida dentro de las celdas del Juzgado Cívico de Moctezuma.
El médico, ampliamente reconocido por su servicio en comunidades rurales como Los Hoyos, Ojo de Agua, kilómetro 5y Cumpas, fue señalado tras haber realizado una valoración preliminar del joven detenido, quien fue llevado a consulta mientras permanecía esposado y atado en una patrulla.
Según los testimonios, los oficiales no permitieron que el médico lo bajara del vehículo, lo cual limitó drásticamente la posibilidad de una revisión adecuada.
“El doctor lo vio de manera superficial, porque no lo bajaron. No pudo hacer más. Ahora lo quieren culpar por una muerte que ocurrió después, estando el joven bajo custodia”, expresó Mirna Figueroa, una de las manifestantes originaria de Los Hoyos.
La comunidad ha entregado más de 700 firmas en apoyo al doctor Haro, quien actualmente se encuentra bajo proceso legal. Las y los habitantes lo describen como un profesional comprometido, que atiende sin descanso e incluso sin cobrar.
Postura oficial: Fiscalía mantiene investigación en curso
El caso ha sido confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), cuyo titular, Rómulo Salas Chávez, informó en días previos que ya se realizaron peritajes clave, incluyendo la necropsia del cuerpo.
“Ya se le practicó la necropsia al cuerpo de la persona fallecida y vamos a resolver si fue por una causa violenta, una condición médica previa o por circunstancias derivadas de su detención”, explicó el fiscal Salas Chávez a principios de junio.
Asimismo, precisó que están recuperando las grabaciones de videovigilancia del juzgado para esclarecer las condiciones en que ocurrió la muerte. Al ser cuestionado sobre presuntas acusaciones contra el alcalde de Moctezuma por encubrir a los policías implicados, Salas Chávez respondió:
“Desconozco ese tema. Estoy enfocado únicamente en la investigación de la muerte en las celdas. Lo demás corresponde a otras autoridades”.
El vicefiscal de Investigación, Jesús Francisco Moreno Cruz, amplió la información el pasado 9 de junio, señalando que la carpeta de investigación sigue abierta y que se han asegurado pruebas relevantes:
“Se están recabando testimonios de posibles testigos y procesando los indicios periciales, como la videovigilancia obtenida a través del DVR asegurado”, afirmó.
De acuerdo con la Fiscalía, el origen del caso se relaciona con una falta administrativa derivada de un reporte de violencia familiar. La persona fallecida fue detenida por agentes municipales tras dicho reporte.
Aunque hasta el momento no se han girado órdenes de aprehensión contra los policías involucrados, el vicefiscal indicó que se están evaluando responsabilidades conforme se integran los elementos probatorios.
¿Responsabilidad médica o falla institucional?
Las comunidades señalan que el doctor Haro fue puesto en una situación límite: atender a un detenido maniatado en una patrulla, sin recursos de diagnóstico ni apoyo institucional adecuado.
“El doctor firmó un reporte basado en lo que vio. No tenía rayos X ni forma de hacer una revisión completa. Si el joven tenía lesiones internas, eso no podía saberse a simple vista. No lo mató, no lo golpeó. Lo único que hizo fue cumplir con su deber”, argumentó Yolanda Grijalva, otra de las manifestantes.
Mientras los policías implicados permanecen prófugos, el médico enfrenta el peso del proceso legal. Para las comunidades, la situación representa una injusticia que además deja a la Sierra Alta sin atención médica regular.
“Nos quedamos sin doctor. Él atendía en Moctezuma, en Los Hoyos, y hasta tenía consulta particular. No hay quién lo reemplace. Él cubría toda la región”, dijo Raquel Hernández, vecina de Nacozari.
Petición urgente a las autoridades
El llamado de las comunidades al Poder Judicial es claro: que se revise el caso con justicia, se descarte la responsabilidad del médico y se persiga a quienes realmente estuvieron a cargo del joven detenido.
“Queremos justicia, no queremos que se castigue al inocente por la fuga de los verdaderos culpables. El doctor merece estar libre, con su familia y su profesión intacta”, concluyeron los asistentes.
La Fiscalía de Justicia ha prometido resultados en breve. Mientras tanto, las comunidades continúan en pie de lucha por el médico que, aseguran, nunca abandonó a su gente.