Rafael Rentería / MO
El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM) presentó el estudio “Migración en México, desafíos más allá de la frontera”, que analiza las percepciones sociales sobre la migración en el país.
LA Coordinadora del Centro de Opinión Pública de la UVM, Edith Rico Villanueva, dio a conocer que aunque el 90% de la población reconoce la migración como un derecho humano, existe una visión ambivalente, pues el 56% apoya el derecho de los países a cerrar fronteras y el 84% respalda una migración regulada bajo marcos legales.
“Esta investigación que estamos presentando en el campus Hermosillo de la UVM, revela que México ha pasado de ser un país de tránsito para migrantes a uno de estadía prolongada. Esto es visible en las comunidades, donde el 58% de la población acepta la permanencia de migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Centroamérica, Colombia y Ecuador. Sin embargo, también persisten actitudes de rechazo y discriminación en diversos ámbitos sociales”, externó.
Añadió, que el estudio destaca que, pese a los prejuicios, hay un reconocimiento importante hacia la contribución económica y laboral de los migrantes, con un 46% que los considera trabajadores y un 36% que valora su aporte a la economía.
Asimismo, Rico Villanueva mencionó, que la mayoría apoya el acceso de los migrantes a derechos básicos como educación, empleo y seguridad social, aunque la discriminación por estatus migratorio, idioma y nacionalidad sigue siendo un reto.
Ante la posible deportación masiva desde Estados Unidos, mencionó que el 90% de los encuestados expresa preocupación por las consecuencias sociales y económicas, como el aumento del desempleo, la pobreza y la reducción de remesas.
“El informe también señala que los migrantes deportados enfrentarán dificultades para acceder a servicios básicos y enfrentarán discriminación tanto en México como en EE. UU”, puntualizó.
Finalmente, mencionó que las opiniones sobre cómo debe actuar México ante la migración están divididas: un 34% apoya la repatriación humanitaria, un 35% opta por deportaciones directas, mientras que un 21% apuesta por la inclusión y un 11% solo acepta el tránsito hacia Estados Unidos.